En 1957, un publicista llamado James McDonald Vicary insertó un cuadro extra —el número 25— en la cinta de una película que sería proyectada en una sala de cine. Cada cinco segundos, explicó, el público recibía alternadamente dos frases (“¿Hambriento? Come palomitas” y “Toma Coca-Cola”) que no podía ver, pero su cerebro sí lograba captar. Según su estudio posterior, las ventas de cabritas entre los espectadores del filme habían subido más del 50%, y las de la gaseosa casi 20%.

Cinco años más tarde, el propio Vicary admitió que había inventado todo. Era un fraude o, más bien, una estrategia de publicidad de sí mismo. Pero ahí nació el concepto de “publicidad subliminal”, que nadie, todavía, ha podido demostrar que existe. La historia, de todos modos, podría servir como alivio a los representantes de los partidos Convergencia Social, Republicano, Conservador Cristiano y Nacional Ciudadano, que apenas tendrán tres cuadros al día (una décima de segundo) en la franja para la Convención Constitucional, que comienza mañana. La esperanza es lo último que se pierde.

Por regla general, los delitos de alta connotación social o que concentran la atención mediática suelen también incentivar la elaboración de respuestas, en especial en sectores políticos, que no necesariamente facilitan enfrentar las complejas aristas de la criminalidad. En este contexto se inscribe el anuncio del alcalde de Las Condes y precandidato presidencial, Joaquín Lavín, de organizar una brigada, que bautizó como “Sitio del suceso”, con el fin de recolectar pruebas en los lugares en que ocurren los delitos, en casos en que las policías no lleguen o tarden demasiado en hacerlo.

Es difícil comprender cuál es el objetivo preciso de esta iniciativa. El Código Procesal Penal es explícito en indicar que la intervención y resguardo del sitio del suceso corresponde a la Policía de Investigaciones o a Carabineros, en su calidad de auxiliares del Ministerio Público. Sería fácil, para cualquier defensor más o menos avispado, alegar en un juicio la intervención del sitio del suceso o reclamar la ilegalidad de las pruebas recolectadas por particulares ajenos a las categorías que la ley define. El daño a la investigación puede ser, en este caso, mayor que cualquier supuesto beneficio.

Otra cosa, por supuesto razonable, es que la entidad municipal pueda ayudar a las víctimas a conducir la evidencia de la que disponen para aportarla durante el proceso penal, u ofrecerles la asistencia legal correspondiente. Pero ello —que algunos municipios han venido haciendo con relativo éxito— es muy distinto a la intervención del «sitio del suceso» y a la parafernalia que, mamelucos blancos incluidos, sugiere la presentación a la prensa de este equipo, conformado mayoritariamente, según se anunció, por exfuncionarios de la PDI y peritos criminalísticos certificados, contratados ad hoc para dicha tarea.

Es indudable que los municipios tienen un rol fundamental en la seguridad pública, principalmente en las tareas de prevención. Dicho papel se ha vuelto más crucial, sobre todo, a partir de las evidentes insuficiencias en la capacidad de respuesta de las policías. La misma Municipalidad de Las Condes ha sostenido un efectivo trabajo conjunto con los organismos correspondientes —a través, por ejemplo, de los consejos comunales de seguridad pública— lo que ha ayudado a disminuir los indicadores delictivos en dicha comuna.

Con todo, el problema no es meramento práctico. Es necesario atender también, en este contexto, a los riesgos de lo que Carlos Peña ha llamado la dimensión performativa de un gobierno, en este caso, comunal. Un alcalde no es un alguacil. Más todavía cuando se trata de un edil que aspira a la Presidencia de la República, como ocurre con el alcalde Lavín, es dable esperar que su oferta en el espinoso campo de la seguridad pública se construya a partir de diagnósticos precisos y herramientas validadas por la evidencia, y no de ocurrencias de alto impacto comunicacional pero escaso o dudoso beneficio marginal.

Señor Director:

El nivel de superficialidad que se requiere para promover u oponerse al lenguaje inclusivo no tiene quizás parangón en la historia de las llamadas planificaciones lingüísticas. Las feministas chilenas se han dado cuenta que muchos supuestos aliados de la causa inclusiva no hacen más que adherirse al lenguaje inclusivo, adquirir patente de corso, y continuar sus prácticas inveteradas bajo el disfraz de rigor. Se trata de una vieja fórmula que se resume así: “se acata, pero no se cumple”. En nuestro caso, “se habla, pero no se practica”.

De ahí que lo verdaderamente fundamental sea velar por las libertadese igualdades clásicas, las cuales no se dejan persuadir de buenas y a primeras por el arte de la simulación, muy extendido entre nosotros.

De otra manera lo único que se consigue es una doble gramática. No está demás recordar que los chilenos somos tan hábiles en esaduplicidad que nuestras hablas formal e informal casi parecen dos dialectos muy distintos. Puede decirse entonces que estamos demasiado entrenados.

Personalmente, fui educado en el respeto absoluto a las mujeres y a las minorías. He sido su defensor cada vez que he tenido oportunidad, a consecuencia de lo cual muchas veces me he hecho de problemas y adversarios solapados. Por lo mismo, no me autoengañarédecorando mis palabras. Prefiero que ellas me delaten a fin de poder corregir lo verdaderamente importante.

Joaquín Trujillo Silva

Investigador CEP

Señor Director:

La pandemia ha ocasionado en Chile y a nivel mundial, varias secuelas que impactan la salud mental de las personas. Hay que destacar que antes del inicio del covid-19 en nuestro país ya presentaba desalentadoras cifras en el ámbito de la salud mental de la población; la Encuesta Nacional de Salud (2019) arrojó que en Chile los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de carga de enfermedad.

Actualmente, han aumentado las consultas psicológicas relacionadas con la incertidumbre, el estrés por los meses de encierro, la percepción de un contexto restrictivo y la necesidad de ajuste a una nueva realidad que está en constante cambio. Además, se proyecta un fuerte impacto negativo en la salud mental luego de la pandemia, especialmente en síntomas ansiosos y depresivos en personas de distintos grupos: niños/as, adolescentes, mujeres, adultos mayores.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preocupante la escasa inversión que existe en Chile en el área de la salud mental —sólo el 1,9% del presupuesto total desaludensalud mental, cifra muy inferior a la de los países de la OCDE (5-9%)— y la poca cobertura que ofrecen las isapres para este tipo de prestaciones. Urge el desarrollo de una política pública de salud más consistente con los datos aportados por la evidencia. Esto es esencial si se considera que la salud mental es un componente fundamental del bienestar integral de cada persona, que incide en su percepción de satisfacción, en su felicidad y en el desempeño de distintos roles sociales (trabajador/a, estudiante, pareja, padre, madre, hijo, abuelo/a, etc.).

Ana María Salinas

Directora Servicio de Psicología Integral (SPI), U. del Desarrollo

Señor Director:

El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile postula a Edgardo Marín Méndez al Premio Nacional de Periodismo. Los méritos están plasmados en su extensa y prolífica carrera profesional donde por más de 57 años ha ejercido el buen periodismo, destacando por la entrega de una información veraz, responsable y oportuna.

Marín entiende de manera más que acertada el rol del periodista en la sociedad. Sabe que la información debe ser concebida como un bien social. Por lo mismo, asume que tiene influencia en la formación de opiniones y se hace responsable de ello. Su actuar y la dignidad en el ejercicio de la profesión son el mejor ejemplo para las nuevas generaciones que hoy estudian periodismo.

Francisco Sólanich Aguirre

Señor Director:

Es un alivio el traslado. La iban a botar a como diera lugar y la foto de Baquedano y su Diamante por los suelos, en todos los medios del mundo, sería intolerable, insoportable. Todo seguido de discursos inútiles y con la anti Patria de fiesta. Lo mejor será llevarla a los recintos del Ejército en avenida Blanco Encalada y continuar derecho con la Alameda.

Pablo Sáenz de Santa María M.