Un nueva tabla de salvación para Enjoy. Este sábado vencía el plazo para que la empresa de casinos y hoteles, que está en riesgo de quiebra y que está ligada a la familia chilena Martínez y al grupo norteamericano Advent, realizara las inversiones que comprometió en el Casino de Viña del Mar tras adjudicarse su licitación hace dos años. No cumplir con la fecha implicaba poner en riesgo su histórico dominio sobre el complejo y de paso echar por tierra la reorganización judicial en la que está inserta.

Sin embargo, en las últimas horas Enjoy logró un nuevo aplazamiento por seis meses, que le entrega oxigeno a la compañía presidida por Javier Martínez, empresario cercano al Presidente Piñera.

La decisión la comunicó ayer el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Primero se reunió con ejecutivos de Enjoy y luego con otros actores vinculados a la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), gremio que integran sus competidores Dreams y Marina del Sol. En estos últimos no cayó para nada bien la noticia.

Según la subsecretaría, esto no se trata de un salvataje, dado que el aplazamiento viene acompañado de dos proyectos de ley que modernizan la industria en el marco de la pandemia “resguardando los intereses del Fisco en la materia”.

En un comunicado enviado por la entidad se establece que no sólo se extienden los plazos para iniciar obras en las licitaciones municipales (donde opera mayoritariamente Enjoy), sino que amplía las operaciones de los casinos que actualmente están en funcionamiento (donde figura mayoritariamente el resto de la industria). En ambos, quienes accedan de manera voluntaria deberán pagar de una vez el impuesto que compense los menores ingresos del fisco.

A pesar de los argumentos esgrimidos por Hacienda, en la industria no cayó bien el proyecto. Sostienen que es un espaldarazo para la empresa que lucha por no caer en la bancarrota.

“Es impresentable cómo el Gobierno dio un nuevo salvataje a Enjoy a un día de tener que pagar cerca de US$100 millones por incumplimientos. Le resultó el fuerte lobby que hizo con la autoridad. Esto viene a ratificar que eran ciertas las denuncias de los principales grupos de inversionistas que hace un par de meses públicamente alertaron del favoritismo del gobierno a Enjoy”, aseguró el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Rodrigo Guíñez.

El futuro de la empresa que se adjudicó Viña pende de un hilo. Mientras trata de evitar la quiebra renegociando deudas por más US$465 millones, en paralelo realizó un intenso lobby para lograr más plazo para comprometer inversiones e iniciar obras de sus 4 casinos municipales: Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas. Éstos se los adjudicó en una reñida licitación que culminó en 2018. Allí se impuso a su competidor Sun Dreams, firma presidida por Claudio Fischer.

De no cumplir con las inversiones comprometidas en la licitación, el panorama se ponía cuesta arriba para la compañía. La Superintendencia de Casinos (SCJ), reguladora del sector, se vería en la obligación de caducar las 4 licencias que ganó Enjoy y que son un flujo de dinero importante para el futuro. Pero eso no es todo, la autoridad también se vería obligada a cobrar las boletas de garantía del proceso condenándola a la quiebra.

El primer plazo fatal para Enjoy se cumplía mañana con Viña del Mar y las tres restantes plazas a mediados de este año. En el caso del complejo de avenida San Martín, Enjoy debería haber iniciado obras mañana con un plan de inversiones de $12 mil millones para mejorar la infraestructura del añoso edificio. Sin embargo, el espaldarazo gubernamental le da más plazo para conseguir los recursos.

En el caso de Coquimbo deberá invertir $32 mil millones, en Pucón $18 mil millones y en Puerto Varas, locación que antes era dominada por Fischer, deberá comprometer $22 mil millones y construir un casino nuevo.

La empresa viñamarina buscó dos maneras de salvar las 4 licitaciones que la mantienen con vida. La primera vía fue convencer a la Subsecretaría de Hacienda, ente gubernamental que está por sobre la superintendencia. En este caso, el regulador supervisa el cumplimiento de las reglas y cualquier cambio en la normativa que beneficie o perjudique a los casinos, emana de Teatinos 120.

“Históricamente en la subsecretaría se toman las decisiones de la industria. En la superintendencia sólo se fiscaliza y el poder político está allá. En el gobierno pasado sucedía lo mismo con el ex subsecretario Alejandro Micco”, comenta una fuente de la industria.

El segundo camino usado por Enjoy fue la vía judicial, donde ficharon al abogado Pedro Pablo Gutiérrez, histórico litigante que ha representado en juicios a Codelco, Moneda, entre otras empresas.

Por la ruta de los tribunales, presentaron el 24 de diciembre pasado un recurso de protección con el fin de congelar los plazos. Argumentaron que el cierre de los casinos, que no operan desde el 29 de marzo por razones sanitarias, es un argumento razonable para posponer los compromisos.

“Si la superintendencia persevera en los actuales plazos de construcción y entrada en servicio, la autoridad reguladora estaría obligando a los operadores afectados, en este caso el más afectado sería Enjoy respecto de Viña del Mar, a materializar en plazos irracionales”, dijo el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, en un escrito enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tras un primer traspié para la empresa, donde se desestimó una orden de no innovar a fines de diciembre, a mediados de enero se hizo parte el interventor que busca rescatarla de la quiebra. Patricio Jamarne apoyó la prórroga en los plazos y de paso detalló que un eventual cobro en las boletas de garantía por las cuatro licitaciones echaría por tierra las aspiraciones de reflotar Enjoy.

“Sólo el monto de boletas de garantías y pólizas de seguro, emitidas por bancos y compañías de seguro, respectivamente, ascienden a un total de 4,8 millones de UF. Puesto en términos más comprensibles en relación al patrimonio de la compañía, equivaldrían a US$200 millones aproximadamente, suma cuyo pago afectaría gravemente el cumplimiento del acuerdo de reorganización”, expuso Jamarne a la corte. El abogado agregó que con ese monto, no habría “más remedio“ que pedir la liquidación de la empresa afectando a más de 6 mil trabajadores y 2 mil pymes proveedoras.

Mientras Enjoy buscó ampliar los plazos para no sucumbir, sus competidores criticaron la acción agudizando la división interna en el sector donde la empresa fundada por los Martínez corre por un carril y el resto de la industria, camina por otro.

Sus rivales aseguran que un nuevo aplazamiento es una suerte de salvataje gubernamental para la firma presidida por Javier Martínez. Entre los opositores a Enjoy está el gremio, Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Marina del Sol y la firma Dreams, liderada por Claudio Fischer.

Esta última compañía que es dueña de Monticello, Iquique, Temuco, Coyhaique, Punta Arenas, entre otros complejos hoteleros y de juego, se hizo parte en el recurso de protección de su competidor el pasado 21 de enero.

Dreams criticó a su competidor por pedir el aplazamiento, recuerda que la adjudicación fue hace más de dos años y sostuvo que Enjoy “todavía no termina y en algunos casos ni siquiera ha empezado la construcción de las obras comprometidas”.

Según el abogado de Fischer, José Sepúlveda Caviedes, desde la adjudicación en junio de 2018 su competidor podría haber comenzado a construir las obras. El profesional expuso frente a la justicia que “Enjoy tomó la decisión de que no iniciaría sus proyectos sino hasta finales de 2019 o inicios del 2020. Es decir, voluntariamente decidió que dejaría pasar 18 meses sin hacer nada”.

Pero eso no es todo Dreams expuso que en ese plazo, Enjoy acudió a diversas autoridades con diferentes excusas para justificar su petición frente a la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Este recurso de protección no es sino un intento más de evadir la responsabilidad de sus actos temerarios. Enjoy no puede seguir pidiendo prórrogas y debe afrontar las consecuencias de su actuar”, dijo Caviedes a la Corte.