Hace más de tres años que se aprobó la ley que garantiza que las empresas de telecomunicaciones cumplan con la velocidad de internet que ofrecen en los contratos con sus clientes, y crea un organismo que lo fiscaliza. Pero al día de hoy, no hay tal garantía ni tampoco el mencionado organismo. Lo que sí hay es un largo tira y afloja entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Atelmo), que ya causa molestia en actores políticos, como el senador PPD Guido Girardi, y sociales, como la directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, que miran de cerca la ley.

La Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet se aprobó en noviembre de 2017, después de un trámite que ya había tomado cinco años. En la dicusión legislativa, la ley encontró una fuerte resistencia de Atelmo, que ha impugnado dos veces ante la Contraloría este año la implementación de la normativa, con críticas al reglamento y contra la norma técnica presentada por la Subtel. El último hito fue el jueves pasado, cuando las empresas ingresaron las bases de la norma técnica ante la Subtel.

La ley, cuyo reglamento el organismo público dio a conocer en julio de este año, considera la creación de un medidor de velocidad de internet, similar a los que hoy se pueden usar en diferentes páginas web, pero que sería estandarizado en el país y cuyos resultados tendrían presunción legal. Es decir, si la prueba no muestra la velocidad por la que el usuario paga, podría usar eso contra la empresa.

La ley también crea un organismo técnico autónomo (OTI), a cargo de las compañías de telecomunicaciones, y encargado de fiscalizar que las velocidades prometidas por los planes se ajusten a las que reciben los usuarios, o al menos estén en un rango de un 90%, dependiendo del tipo de plan y otras variables.

Es decir, si compró un plan de internet de 100 megas, pero su prueba de velocidad diera 85 megas, podría denunciar a la empresa a este OTI. Si gana, la empresa de telecomunicaciones podría incluso bajarle el valor de la cuenta para ajustarla a su velocidad real.

“El principal beneficio que traerá la aplicación de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada para los usuarios es que recibirán información clara y precisa respecto de las condiciones en las que contratan su servicio de internet. Además de fortalecer nuestros mecanismos de fiscalización existentes, también estamos empoderando a los usuarios para que puedan vigilar constantemente el servicio que están recibiendo”, dicen desde la Subtel.

“La norma técnica es impugnada por las empresas que a todas luces no quieren que se transparenten las velocidades que entregan a los usuarios. Esto es demasiado sensible en tiempos de hoy, donde el acceso a internet ha sido declarado un derecho humano por la Asamblea General de Naciones Unidas. Me parece anacrónico que se trate de frenar esta ley en tiempos en que lo que uno necesita del empresariado son soluciones proconsumidor y no que mantengan la opacidad, que es lo que quiere la industria”, comenta Von Wolfersdorff, del Observatorio Fiscal.

“Es incomprensible que las empresas realicen acciones para que esta ley no avance, una ley que ayuda a la transparencia y simetría de información, porque dicen que pueden garantizar una velocidad cuando te la venden, pero no cuando te la entregan”, comenta el senador Girardi, quien junto a los senadores RN Francisco Chahuán y PS Juan Pablo Letelier presentaron el proyecto.

“No existen dudas respecto al valor de mantener informados a los clientes, ni acciones para evitar que la ley se implemente. Pero en cuanto al reglamento y la norma técnica, sí tenemos reparos legales y técnicos. Ninguna acción de la industria ha generado un retraso en su implementación. La ley se demoró cinco años en tramitarse, y el reglamento, casi tres años en dictarse”, responde el presidente ejecutivo de Atelmo, Alfie Ulloa.

Un punto de discusión ha estado en que son muchos los factores que afectan la velocidad de internet y que hacen que una medición sea imprecisa. ¿Qué pasa si mide su wifi del celular al lado del módem y está todo bien, pero después la mide encerrado en el baño y la velocidad no es la misma?

Atelmo también impugnó que la Subtel requiera datos personales de los usuarios, cuando estos hacen la medición de su velocidad de internet, como la comuna de domicilio, el tipo de plan y si tuvo tráfico de datos o voz. El organismo ha dicho que los datos se toman con previa aprobación del usuario, como sucede con cualquier aplicación que recolecte datos, incluso las de las mismas empresas de telecomunicaciones. Este último tema incluyó en la discusión al Consejo para la Transparencia, que la semana pasada envió un oficio a la Subtel complicando aún más la implementación de la ley.

“La tecnología ha cambiado mucho en los últimos años, desde que se comenzó a discutir esta ley, que ya parece estar quedando obsoleta”, opina el director de la consultora de telecomunicaciones Alfa Centauro, Oscar Cabello, ante la llegada de tecnologías como el 5G y la forma en que se miden las velocidades en la red.

En el primer semestre de este año, y medio de la pandemia que llevó a que el uso de internet se disparara, los reclamos que recibió la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y el Sernac llegaron hasta 108.787, lo que representó un aumento del 85% versus el mismo periodo de 2019.

El servicio más reclamado fue telefonía móvil, con un 31,7% del total de las quejas, seguido de multiservicios fijos con un 27% e internet fija, que concentró un 19%. Respecto a este último servicio, el aumento en los reclamos fue de un 186% durante el primer semestre de este año, según datos de Subtel. Proporcional al número de abonados, VTR fue la empresa con mayor incremento en esta área, con un alza de 31,9 puntos, seguido de Movistar (aumentó 20,6) y Claro (10,2)

De los reclamos, un 64% fue respondido favorablemente por las empresas, cuatro puntos más que en 2019.