Para este martes están fijados los alegatos en la Corte Suprema entre la Asociación de Marcas de Retail y los principales operadores de centros comerciales del país. ¿Por qué se enfrentan? La agrupación que representa a más de 150 marcas, entre ellas CasaIdeas, Guante, Limonada y Komax, entre otras, pide a la justicia la revisión de los contratos de arriendos en los malls y que se determine si existen cláusulas abusivas en ellos.

Según acusa la presidenta del gremio, Paula Valverde, en el ámbito contractual existe falta de transparencia y varios de sus asociados sufrirían de abuso de posición dominante a la hora de negociar sus precios de alquiler. “Cada locatario conoce en forma individual los daños que la estructura contractual asimétrica que existe les provoca. Pero no es misterio para nadie que existen cláusulas que se encuentran obsoletas, que son desbalanceadas y muchas de ellas, de acuerdo a informes que tenemos, abusivas: cobro de un fijo o variable según más le convenga al centro comercial; doble cobro en diciembre; gastos comunes y fondo de promoción sin transparencia; reajuste cada dos años del 10% sobre la UF; remodelaciones extremadamente costosas”.

El gremio realizó su primer intento judicial el 2 de octubre ante el Tribunal de Defenesa de la Libre Competencia (TDLC). Pero a fines de ese mes, esa corte dictaminó que había un error de forma. Sostuvo que el recurso no debió ser presentado a modo de consulta, sino más bien como una denuncia, adjuntando las pruebas específicas de cada locatario que demostraran las eventuales infracciones a la libre competencia. Tras el rechazo del TDLC, el gremio apeló a la Corte Suprema el 16 de noviembre. Y ahora deberá ser la Tercera Sala Constitucional, presidida por Sergio Muñoz, la que determine la modalidad que se utilizará para realizar la investigación.

Según explica el abogado del gremio, José Miguel Gana, la forma en que se presentó el recurso obedece a que no se imputan directamente ilícitos, sino que sólo se pide que el tribunal revise los contratos y en “la medida que sea pertinente, adopte las medidas o condiciones para resguardar la libre competencia en el mercado relevante”. El socio del estudio Gana y Gálvez agrega que en el ámbito de los contratos, se debe analizar el efecto de la integración vertical en la industria, es decir, muchos retailers (como Falabella, Cencosud o Ripley) tienen propiedad en centros comerciales y podrían existir distorsiones en ese mercado.

La solicitud del gremio de tiendas no dejó indiferentes a los centros comerciales, quienes piden que se declare inadmisible. En su mayoría, piden que, si existe una imputación, ésta se realice de manera contenciosa, donde cada parte pueda exhibir sus pruebas y controvertirlas, y no mediante una consulta al tribunal.

Hasta la fecha, varios malls anunciaron que irán a la Suprema y han contratado a algunos de los principales estudios de abogados del país para ello (ver infografía). Parque Arauco contrató al estudio Claro & Compañía. Vivo Corp fichó al bufete de Felipe Bulnes, Cencosud Shopping Centers contrató a Carey y Mall Plaza, a Ferrada Nehme, donde el caso es llevado por los abogados Luis Cordero y Diego Hernández.

Junto con negar cualquier tipo de conducta ilícita, el estudio contratado por Mall Plaza incorporó el 17 de diciembre, un estudio en derecho del expresidente del TDLC Tomás Menchaca en el cual se establece que al existir una imputación de una eventual conducta anticompetitiva, el proceso debería ser contencioso.

El abogado Enrique Urrutia de Vivo Corp (socio de Bulnes), también mediante un escrito, expresó que “la Asociación de Marcas de Retail atribuye o imputa a esta parte actos contrarios a la libre competencia, los cuales Vivo Corp rechaza en todas sus partes” y que si hay imputaciones, el proceso debería ser contencioso, con todas las pruebas y garantías que implica esta modalidad.