El abogado de la UC Nicolás del Río Silva (40) -uno de los siete hijos de José Luis del Río Goudie, socio de Friosur y Falabella- quería dejar las leyes. Tuvo un breve paso por el estudio Aninat & Schwencke y por Alto. Amante del campo y los caballos, su plan era dedicarse a la agricultura.

Díficilmente pudo imaginar que el proyecto de plantar 110 hectáreas (has) de paltos en el Valle de Quilicura, en Las Cabras, Región de O'Higgins, terminaría con un dictamen del contralor Jorge Bermúdez, el 16 de marzo pasado, que paralizó todos los permisos o planes de manejo que entrega la Conaf para permitir la corta de bosque nativo a cambio de recuperar terrenos agrícolas.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se espantó y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que perdió en noviembre por dos votos contra uno. Hay, al menos, 10 mil hectáreas que esperaban hacer lo mismo que Del Río y su Agrícola Tralcan: tramitar como pedía la Conaf ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) una reclasificación de suelo de forestal a agrícola y luego solicitar un plan de manejo a la Conaf para cortar bosque nativo y remplazarlo por plantaciones agrícolas, como lo permite el DL 701, que data de la época en que Julio Ponce Lerou fue director de Conaf (1974-80).

La SNA espera el resultado de su recurso de apelación ante la Suprema.

Mientras, Agrícola Tralcan, que obtuvo la aprobación de su plan de manejo por parte de la Conaf en agosto de 2018 y que fue invalidado por la misma Conaf en marzo de 2019 por no acreditar un uso agrícola anterior, presentó una demanda por la ilegalidad de la decisión ante el 26° Juzgado Civil de Santiago.

Entre el permiso y su invalidación, Agrícola Tralcan alcanzó a cortar 30 has de bosque nativo (quillayes, boldos, litres y espinos) que estaban dentro del plan de manejo autorizado por la Conaf, según Nicolás Muñoz, abogado de Tralcan. Y también otras 20 has que no tenían bosques. Y en total plantó paltos en 50 has.

La comunidad del Valle de Quilicura, al ver retroexcavadoras y motosierras talando árboles, se movilizó. Y llegó hasta la Cámara de Diputados.

Del Río acordó comprar 380 hás a la lugareña Ana María Vásquez con la condición de obtener las autorizaciones. Conaf le respondió favorablemente a Vásquez, precisando que en la comuna de Las Cabras se considera bosque nativo si hay un 10% de superficie de árboles, por lo que debía reclasificar el uso de suelo ante el SII.

El 20 de junio de 2018 Agrícola Tralcan cerró la compraventa.

El plan de Del Río era destinar un tercio del terreno al cultivo de paltos en las zonas más bajas con bosque nativo más joven y no compacto. Y conservar los dos tercios restantes, con bosques más añosos, en las partes altas, mediante un derecho real de conservación, que impide de por vida cortar árboles aunque cambie el dueño, trámite pendiente ante todo lo ocurrido.

Así consta en los antecedentes recogidos por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que, a partir del proyecto de Del Río, investigó las autorizaciones del SII y la Conaf en los planes de manejo forestal desde Coquimbo a La Araucanía en los últimos 10 años.

Impulsada y presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) del distrito 16, que incluye Las Cabras, concluyó que fueron taladas 20 mil has de bosque nativo y autorizadas para plantaciones agrícolas en la última década principalmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

La diputada Sepúlveda y el ingeniero forestal y doctor de la U. de Córdoba, España, Sergio Donoso, director de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, dieron otro paso. Hicieron una presentación ante la Contraloría General de la República (CGR).

El dictamen del contralor Jorge Bermúdez sostiene que, a diferencia del DL 701 de 1974, que exige reforestar si se corta bosque nativo, salvo que tenga por finalidad recuperar terrenos para fines agrícolas, “la Ley 20.283 (de Bosque Nativo de 2008) no contempla la opción de sustituir dicha reforestación por la recuperación de superficie para cultivos agrícolas”.

Y concluye que resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo (por la Conaf) para la recuperación de terrenos con fines agrícolas, “por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, por lo que la Conaf deberá adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”. Y así todos los permisos quedaron paralizados.

Donoso, el ingeniero forestal que hizo la presentación ante la CGR, afirma que “con esto se cerró la puerta para continuar eliminando bosques nativos para habilitar terrenos agrícolas”.

Para Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA, “lo que pretendió el contralor es derogar tácitamente el DL 701 y eso no le corresponde, porque no es un colegislador y esperamos que la Corte Suprema anule el dictamen por inconstitucional e ilegal”.

“A Agrícola Tralcan le afecta, porque presentó un nuevo plan de manejo a la Conaf después de la invalidación, pero no alcanzó a aprobarse porque salió la resolución de la Contraloría”, afirma el abogado Muñoz.