La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que busca ampliar en 180 días el plazo que da la ley que prohíbe el corte de servicios básicos –considerando agua, luz y gas de cañería– por el no pago de las cuentas durante la pandemia. Así, este beneficio se extendería hasta mayo de 2021, pero desde los mismos rubros explican que las empresas ya han venido adelantando la prórroga.

En la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) recordaron que a fines de octubre definieron la continuidad del plan especial hasta el 30 de abril de 2021, manteniendo hasta esa fecha la suspensión de cortes por morosidad.

“Las empresas sanitarias han trabajado desde el comienzo de la emergencia para que todos los hogares urbanos de nuestro país, independiente de su situación económica, tengan agua para enfrentar esta pandemia”, dijo Jessica López, presidenta ejecutiva de Andess.

A septiembre, el número de clientes con dos cuentas mensuales pendientes de agua o más sumaban 760 mil, pero el máximo fue 900 mil en julio, cifra que habría bajado como resultado del retiro del 10%.

En el sector eléctrico comentaron que el número de deudores de una o más boletas se ha mantenido en torno a un millón, cifra que no bajó de manera relevante con el primer retiro de fondos previsionales. La lectura que hacen las empresas es que la gente habría privilegiado el pago de deudas de tarjetas y casas comerciales.

Desde Enel, la principal distribuidora eléctrica del país, cuentan que se adelantaron a la extensión de la ley y ahora en diciembre lanzaron planes especiales para que sus clientes morosos se pongan al día, en línea con los plazos que se consideran en el proyecto legislativo.

Las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares podrán acceder a convenios de hasta 36 cuotas, sin pie ni intereses, comenzando a pagar en mayo. Mientras que los clientes residenciales que no pertenezcan al 60% de las familias más vulnerables y las empresas del segmento restaurantes, pequeños hoteles y comercio de barrio, entre otros, podrán acceder a convenios por 24 meses, también sin pie ni intereses.

De todas formas, el llamado de las empresas en general es a que aquellos clientes que pueden pagar sus boletas, lo hagan. “Esto es esencial para que las empresas sigan operando con normalidad, manteniendo la cadena de pago a sus trabajadores, empresas proveedoras, contratistas y continuar con las inversiones necesarias para asegurar la calidad del servicio”, describió López.

Aunque las cuentas del sector de telecomunicaciones no fueron incluidas en esta ley, Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Atelmo, gremio que reúne a las compañías de esta industria, cuenta que implementaron desde el 1 de abril un plan solidario de conectividad inicialmente hasta junio, pero que luego extendieron hasta el 31 de diciembre.

La iniciativa favoreció en todo este tiempo a un total de 10,5 millones de clientes, correspondientes al 60% de hogares vulnerables, personas que estén en el programa de Protección de Empleo, adultos mayores, o los trabajadores informales, entre otros. El beneficio para clientes móviles con contrato constaba de 50 mensajes, 300 minutos libres e internet con velocidad de 256 a 512 kbps, mientras que para los sin contrato (prepago) era de 100 mensajes e igual acceso a internet. También hubo beneficios para clientes residenciales de internet y telefonía fija.

Ulloa dijo que por ahora no está considerado una nueva extensión del plan.

Tal como en el debate del retiro de fondos previsionales, la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre reajuste de salarios en el sector público tiene la aprobación de los expertos, pero no tendrá una tramitación fácil en el Congreso. Y aunque los números se fueron acercando, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y la ANEF, que agrupa a los empleados fiscales.

Por ende, se abrirá un nuevo round entre parlamentarios de la oposición, que harán suyas las demandas gremiales, y La Moneda que buscará contener el gasto, una historia repetida. Sin embargo, este año tendrá algunos ingredientes adicionales, como la tensa relación del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con las comisiones de Hacienda.

Desde la ANEF su presidente, José Pérez, ya amenazó con que la “lucha se traslada al Parlamento”. Y hoy el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), estableció como “piso mínimo” que todos los trabajadores tengan un reajuste equivalente a la inflación.

La última oferta del Gobierno propone un alza de 2,7% (equivalente a la inflación acumulada en los últimos 12 meses) para quienes ganan menos de $1,5 millones y de 0,8% para los sueldos superiores a esa cifra. En tanto, la ANEF pide un 3% para todos aquellos con sueldos inferiores a $3 millones y 2,8% para los salarios más altos.

Mantener el poder adquisitivo de los salarios hace sentido a los expertos. Consultados por La Segunda a fines de octubre, cuando la ANEF dio a conocer su petitorio, el exdirector de Presupuestos (Dipres) Rodrigo Cerda fue tajante: “sería incomprensible para el resto del país ver un aumento importante de las remuneraciones del sector público”. El profesor de la U. de Chile, Joseph Ramos, por su parte, planteó que ahora “no es el momento para elevar salarios”.