“Disculpa, hoy no he parado”, se excusa Ludwig Burk (33) por Whatsapp. Desde que el 29 de noviembre pasado un incendio afectara a la toma Violeta Parra consumiendo 60 hogares, la agenda del dirigente -uno de los siete de la comunidad-, se intensificó: al quehacer diario en el lugar se sumaron trabajos en la reconstrucción de los hogares, entrevistas para medios de comunicación, reuniones con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la municipalidad. Sobre estas últimas apunta: “nuestra finalidad es postular a un subsidio de vivienda y ganarnos un proyecto habitacional”.

La historia de la toma más grande y reciente de las tres que se emplazan en Cerro Navia -son 650 familias, frente a las 120 de la 17 de mayo y las 60 de la Macarena Valdés- es tan rápida como explosiva; quizás porque entre sus componentes se hayan años de espera, abusos, precariedad y frustración que, tarde o temprano, debían hacer combustión.

Fue el 1 de septiembre de 2019 cuando unas 15 familias se tomaron el sitio eriazo que se extiende entre Caletera Ventisquero y Av. Vespucio, de occidente a poniente; y desde Av. José Joaquín Pérez a la Costanera, de sur a norte. “Se vio que existía este espacio grande en la comuna donde se podría construir un proyecto que pudiera solucionar la necesidad habitacional de los vecinos. Pero no fue algo tan planeado, por la urgencia”, cuenta Burk, quien es presidente de Movilízate, uno de los siete comités de allegados entre los que se distribuye el terreno que pertenece legalmente a la familia Guzmán Riesco, poseedora de otros predios cercanos utilizados para la producción agrícola.

En un principio, la idea era concentrar las fuerzas en una gran coordinadora, que presidiera la toma y traspasara las demandas a las autoridades. Sin embargo, “dadas las tensiones e intereses” que se fueron manifestando en el camino, se optó por una especie de administración federada, encabezada por los comités, cada uno con su reglamento de convivencia, que se unen al momento de tomar decisiones que afecten a toda la comunidad.

En poco más de un año, han establecido relaciones con la municipalidad, organizado caminos, suministrado luminaria y agua -colgándose al tendido eléctrico y a la red de grifos-. Lo que no significa que esté todo resuelto. “A diario tenemos problemas con los servicios básicos, como la luz que de repente se corta o el agua que sale sólo en las noches desde llaves que están muy cercanas al piso”, afirma Burk. La alimentación también es un tema permanente, que se trabaja día a día, aunque hoy cuentan con la ayuda de Techo Chile para levantar ollas comunes.

El nivel de organización de la toma ha sorprendido en la fundación, sobre todo en relación a la pandemia. “Es atípico”, dicen. Esto, pese a que Burk afirma que “nadie anda con mascarilla, no hay una preocupación al respecto”. Aún así, el dirigente asegura que “no han habido brotes ni contagiados graves”. Algo que se ratifica desde la municipalidad de Cerro Navia.

“Para el aniversario de la toma hicimos una marcha, en plena cuarentena. Nos preguntaban por qué la hacíamos en esos momentos. Pero nosotros vivimos en una cuarentena constante, pero de la vida. Entonces, el virus pasa a segundo plano”, cuenta el dirigente.

Eran las 12 del día cuando Glanisse Mathe (34) recibió una llamada. “¡Hay un incendio!”, le dijeron desde el otro lado del auricular. Para cuando regresó a la toma, su casa de madera, al igual que otras 59, ya había sido consumida por el fuego.

Las causas del siniestro no se han hecho públicas -Viernes intentó sin éxito contactar al comandante José Marín, de la Compañía de Quinta Normal-, y en el municipio tampoco han recibido un reporte de ello. Las posibilidades en la toma son demasiadas: desde los cables eléctricos que despiden chispas a causa de la saturación que se genera con tantas casas colgadas, hasta cocinillas que quedan encendidas por horas y sin supervisión de vecinos que se dedican a la venta de comida en las calles.

Desde ese 29 de noviembre, Mathe junto a su marido y dos hijos pequeños se quedan en el albergue Italia, uno de los dos dispuestos por las autoridades en Cerro Navia a los que fueron trasladado 120 vecinos afectados. Ellos son unos de los tantos haitianos que residen en la Violeta Parra, donde la mitad de la población es inmigrante. La mujer llegó en 2016 desde República Dominicana, en busca de una mejor vida. A pesar de tener una hermana y otros parientes viviendo en el país, dice no haber contado con mayor información de este. Solo siguió “su corazón”.

Primero, arribó sola, pudo establecerse trabajando como empleada doméstica, y obtuvo su permanencia definitiva. Pero, luego, llegó su marido con los dos menores de cuatro hijos y el asunto se complicó. Les pidieron el pequeño cuarto que Mathe arrendaba por 120 mil pesos, en una casa de Estación Central en la que habían “muchas piezas y muchas personas usando un solo baño”. Se fueron a un hogar más amplio, en Cerro Navia, con una mensualidad de 300 mil, más los gastos de luz y agua. Un alto costo para una familia que sólo percibe los 475 mil que gana ella, y del cual además debe recortar para enviar a sus hijos en el extranjero. Así fue como, en enero pasado, terminaron recalando, no de muy buena gana, en la Violeta Parra.

“Pensé que después del incendio recibiríamos más ayuda, pero nada”, lamenta Mathe desde el albergue. Dice que lo más difícil de su vida en Chile ha sido encontrar un hogar estable. “El trabajo se paga poco, entonces no alcanza”.

Los principales factores por los que las personas terminan en campamentos, según Vicente Stiepovich, tienen que ver con problemas financieros, “con el pago arriendos caros o abusivos, y el alto precio de vivir. No les alcanza. Otras familias declaran que es por tema de hacinamiento”.

Un estudio de 2019 de la Universidad Católica, reveló que, en la última década, el valor de las propiedades ha subido hasta 150% en el Gran Santiago, mientras que los ingresos lo han hecho solo en 25%.

Mathe aún no inicia la reconstrucción de su casa en la toma, donde ya muchos de los afectados han logrado levantar el 50% de lo que eran, según cuenta Burk. Esto, pese a que en el albergue pueden quedarse sólo hasta fin de mes -ya que ambos iniciaran obras de remodelación-. La mujer dice que está postulando a una casa, espera ganarla, y recuperar, al fin, a sus hijos de los que se separó cinco años atrás.

Durante el incendio, Vania Soto (27) miraba desde su casa cómo el fuego ardía y consumía el hogar de sus vecinos. Ella vive hace poco más de un año en la toma. Se enteró de esta por Facebook, mientras estaba en el albergue de Fundación Cristo de la Noche, hasta donde fue trasladada junto a sus dos hijos y pareja luego de ser desalojados de una toma en Renca. Antes de eso, la familia residió en una pequeña pieza de una vivienda de la misma comuna, de la que fueron expulsados sin mayor justificación, poco después de que ella diera a luz por segunda vez.

Fue en ese punto en el que Soto postuló a un subsidio. Sin embargo, fue rechazada y, ante la urgencia, recaló en la toma de Renca, donde terminó en un “guerreo” con los vecinos y la municipalidad. Ya en el albergue, una asistente social le recomendó solicitar una asignación directa al Ministerio de Vivienda (Minvu), un pequeño truco que le facilitaría la obtención de un beneficio estatal. Así lo hizo. Y mientras esperaba la respuesta, obtuvo una mediagua. “No tenía dónde instalarla”, cuenta. Hasta que descubrió el campamento Violeta Parra.

Vania no tiene trabajo, vive de la olla común, con la que alimenta a sus hijos. Su pareja va y viene, por lo que el apoyo financiero está lejos de sobrar. En septiembre, sin embargo, le notificaron que ganó el subsidio. El momento parecía ideal, porque las conversaciones entre los dirigentes de la toma, los representantes de la familia Guzmán Riesco, el Serviu y la municipalidad tomaron forma rápidamente y se agilizaron post-incendio: en el terreno se construiría un condominio que permitiría dar más de mil soluciones habitacionales, en un proyecto a cargo de la constructora Oval.

Para postular, según indica la directora del Serviu en la Región Metropolitana, Juana Nazal, se le requiere a los pobladores “estar conformados como comité, que no tengan doble propiedad, que no cuenten con un subsidio previo, que tengan residencia definitiva si son extranjeros, que cuente con grupos familiares o si son unipersonales que cumplan con los requisitos”. A ello, se sumaría la exigencia de poseer, para el 15 de enero, una libreta de ahorro de un millón de pesos.

Nazal dice que 471 familias de la toma serán parte del proyecto que se comenzaría a edificar en el segundo semestre del próximo año. No sería el caso de Vania que, dadas sus condiciones, ve muy compleja la opción de reunir el dinero requerido. Del subsidio tampoco tiene noticias ni sabe cuántas UF se le otorgarán -siendo 950 el tope del beneficio-. “Aún no me entregan ningún certificado ni nada. El proyecto, además, es a tres años. ¿Y dónde vivo todo ese tiempo? He buscado muchos departamentos y casas y está todo sobre los 30 millones. Con el subsidio tampoco puedo postular a un crédito. Aquí hay gente que trabaja de ambulante y ¿cómo se van a hacer un millón si con esto de la pandemia con suerte les alcanza para comer? ¿Qué va a pasar entonces? Se va a instalar otra toma con toda la gente que no tiene dónde irse y van a tener que empezar de cero”, asegura la mujer.

Para Vicente Stiepovich este es un síntoma de frustración que se repite habitualmente entre las personas que terminan optando por vivir en una toma o campamento. “La gente se aburre. Lleva diez años buscando soluciones y nada. Familias terminan sacando sus ahorros del banco, se hacen una buena casa en un terreno, con un baño y se cuelgan a la luz. Saben que no está bien, pero ya están chatos”.

El alcalde de la comuna, Mauro Tamayo, lamenta que la política habitacional sea tan “estrecha” respecto a quienes son objeto de subsidio, afectando, entre otros, a miles de migrantes no regularizados. “Nos origina un problema enorme que el Estado no cuente con una herramienta de solución transitoria para ellos”, sostiene.

“Yo soy informático. Cuando empezó la toma, yo trabajaba y estaba terminando mi carrera en el Duoc”, cuenta Ludwig Burk. A diferencia de la mayor parte de los pobladores de la toma, él no llegó a vivir a esta por necesidad. “Fue por consciencia”, dice y agrega: “hay cosas acá que uno no puede resolver teniendo una vida normal, y es necesario que gente con conocimientos y herramientas esté liderando, porque hay mucho abuso entremedio”.

Las últimas semanas, el dirigente las ha pasado apoyando las labores de reconstrucción de los hogares afectados por el incendio. Ha debido hacerse cargo de recibir y administrar las donaciones de materiales, “sino, el primero que aparece se lo lleva todo”, apunta. También entre reuniones con el Serviu, con quienes dice han avanzado rápido, pero quedan aspectos por definir. “Nosotros pedimos que, mientras se construya el proyecto, se habilite un espacio por tres años al que seamos movidos, que tenga conexión cercana a agua”. Lo que no ha encontrado respuesta positiva hasta ahora.

Burk sostiene que moverse como toma a otro sector es algo que podrían hacer por su cuenta, pues “ya sabemos cómo y necesitamos un lugar para habitar en esos meses”.

De ser así, se sumaría una nueva toma a los más de 800 campamentos que registró el Minvu en 2019, lo que representó un aumento del 22% respecto al catastro anterior, de 2011. Un dato que no considera el incremento explosivo que, auguran en Techo Chile, se ha dado a causa de la pandemia y la crisis económica. “Esto no es un fenómeno aislado, es una tendencia sostenida. Los campamentos han subido porque no hemos resuelto los problemas estructurales de vivienda. Como el Estado, nosotros también nos equivocamos cuando decíamos ‘2010 sin campamentos'. No fuimos capaces de medir la profundidad del problema. Creemos que este año terminaremos con 75 mil familias viviendo en uno de estos, lo que sería un retroceso de unos 15 años”, advierte Stiepovich. Hoy son 47 mil.

Pese a sus esfuerzos, Burk no calificó en la postulación para una vivienda en el proyecto a desarrollarse en el terreno, por no contar con una carga familiar. Aún así pretende quedarse hasta el final para luego, traspasar sus conocimientos a otros comités de allegados que busquen soluciones habitacionales. “Hay mucha gente que ha vivido en distintos albergues, en situación de calle, otros, probablemente la mayoría, que han pasado por distintos comités donde no han encontrado soluciones. Eso demuestra que la toma de terreno es la herramienta más fidedigna para poder conseguir una solución real de vivienda”, cierra.