Hace dos semanas Daniel Goldberger Garcés, uno de los ocho detenidos por amenazas contra la fiscal Ximena Chong, compartió un video en su cuenta de Facebook en contra del cambio constitucional.

La pieza audiovisual de casi tres minutos parte con 7 tuits del diputado frenteamplista Gabriel Boric (mientras se habla de “líderes de extrema izquierda”) y en medio de imágenes de “No AC” aparece el logo del Partido Comunista en llamas.

Esa publicación, como otras posteriores, desde ayer se han llenado insultos luego que se conociera que este sicólogo titulado en 2011 de la UDD fue uno de los dos motoristas que llegó la noche del 6 de octubre hasta la casa de la fiscal –quien lidera la investigación en contra del carabinero imputado por la caída de un adolescente al Río Mapocho- y entregó a uno de los hijos de la persecutora una carta con amenazas de muerte.

La misiva –según dijo hoy el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, en el segundo día de formalización del grupo al que se le encontraron armas (entre ellas una subametralladora UZI y 17 cartuchos 9 mm)- fue idea de Goldberger, quien junto a otros seis miembros del grupo se reunieron previamente en un edificio de Apoquindo a elaborar la carta.

Goldberger nació hace 36 años en Providencia. Hizo toda su enseñanza básica y media en el Andree English School, desde donde egresó en 2002. Uno de sus pasatiempos es la música y durante años participó en un estudio de grabación. Pero el clima político radicalizó su postura y eso, incluso, lo habría alejado de algunos de sus conocidos en ese ambiente.

De hecho la defensa de Golderberg, ejercida por el abogado Mauricio Narbona, señaló hoy que la acción de su representado respondió al “contexto social”, a la “efervescencia política de las opciones democráticas del Apruebo y el Rechazo”.

En 2018 Goldberg se casó y –según el Diario Oficial- tiene participación en una automotora de Vitacura, de la cual también son parte dos de sus hermanos.

Los temas nacionales y de interés público no pasaban despercibidos para Goldberger. Ya había tenido algunas apariciones defendiendo puntos de vistas ligados a la derecha. El 1 de septiembre pasado, por ejemplo, fue uno de los firmantes de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), criticando el proyecto de ley Educación Sexual Integral que ya se había aprobado en la comisión de Educación. “Consideramos gravemente que nuestros legisladores han dejado sus funciones en cuanto a defender las libertades (...) de todos los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias”, decía.

Las críticas e insultos por la amenaza a la fiscal también llegaron hasta el muro de Facebook de Paula Narvaez Orrego, otra de las imputadas.

Si bien no participó en la reunión donde se elaboró la misiva, llegó a las cercanías de la casa de Chong en un auto y conversado con los motoristas previo a la entrega de la amenaza.

A sus 43 años (casada hace 21) aparece ligada a dos áreas: la educativa y la comercial. Tiene dos propiedades a su nombre (ambas en Recoleta): en una funciona el jardín infantil Pumba y Timón, y en otra una sucursal de Sodiper, empresa de piezas para maquinarias pesada industrial.

Hasta esta mañana su nombre aparecía en la página web del Stadio Italiano, como directora del jardín infantil Il Girotondo, institución que funciona en ese lugar. Además, es socia de empresas de gestiones educativas y de distribuidoras de pernos.

“Grupo organizado ultra derecha, con armamento de alto calibre, amenaza de muerte a Fiscal Chong. ¿Se evaluará en este caso aplicar Ley de Seguridad Interior del Estado?”. El tuit del diputado Diego Ibáñez (CS) apenas se conoció la detención de los 8 imputados fue la primera señal de la presión de la oposición para que el gobierno aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Con las horas, se fueron sumando más parlamentarios: Gabriel Silber (DC), Vlado Mirosevic (PL), Natalia Castillo (RD), Felipe Harboe (PPD), Leo Soto (PS) y Giorgio Jackson (RD). Lo mismo hizo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Desde el gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró ayer que “como Gobierno de Chile no avalamos ningún acto violento, no avalamos ninguna amenaza a ningún ciudadano o ciudadana”.

Pero las declaraciones de hoy del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli en Radio Cooperativa –dijo que “los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta ametralladora UZI que es un arma prohibida”- generaron fuertes críticas políticas al recordar que el Ejecutivo recurrió a dicha ley cuando estudiantes evadieron el pasaje del Metro.