@RadioDuna Felipe Irarrázabal y venta de CGE a empresa china State Grid: “No digo que no haya un tema de libre competencia, lo que digo es que no se debe hacer un análisis geopolítico”.

Lo que partió como una golpiza el jueves 1 de octubre en la comuna de Vitacura, denunciada judicialmente por Max Raide, dueño del restaurante Europeo, en contra de Alfonso Bulnes y Enrique Searle, adquiere nuevas ramificaciones que enredan el conflicto.

Ya relatamos la semana pasada que la Fiscalía Oriente investiga si hay amenazas contra testigos del caso, mientras que tres diputados solicitaron al Servel saber si indagan y tomaron medidas contra José Manuel Bulnes (consejero de la entidad), denunciado en la 37 comisaría por el cuidador de autos Leonardo Vergara, por supuesto hostigamiento para que no declare, según oficio del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez.

Ahora, entre esos dimes y diretes incluso andan circulando fichas médicas de algunos involucrados en esta historia, que buscan reforzar alguna de las posiciones.

Como sea, la Fiscal María Valeria Gómez -de la Fiscalía Local de Las Condes- solicitará investigar al empresario Max Raide por conducción bajo la influencia del alcohol la noche de la pelea, dado que algunos documentos que habría recibido el Ministerio Público hacen mención a aliento etílico.

Así, se separó la investigación en la causa de delito de amenazas simples, y otra por conducir bajo influencia del alcohol.

“La lección que nos deja esto es que las personas que infringen las reglas de la democracia deben ser excluidas de participar del juego democrático”, asegura Leonardo Soto, diputado PS y el hombre que forzó la inhabilitación de derecho a sufragio de Pablo Longueira y de otros políticos vinculados a casos de corrupción.

Afirma que el haberse cumplido esto “es una señal de que nuestra democracia está recuperando su salud”.

Fue el 1 de septiembre —luego de que Longueira anunciara que se presentaría para ser presidente de la UDI y candidato a convencional— que envió un oficio al presidente del Consejo del Defensa del Estado solicitando que se realizaran todas las acciones pertinentes para que la sanción de suspensión del derecho a voto se cumpliera.

Cuenta que no lo hizo por rencillas personales, sino porque se sorprendió de los planes de Longueira ad portas de un juicio oral.

—¿Imaginó las repercusiones?

—Tenía seguridad de los fundamentos de la petición, pero las consecuencias fueron imprevisibles. Lograron alterar una disputa al interior de la UDI respecto de la presidencia de ese partido, lo cual me parece muy positivo, porque excluye a personas que le causaron un daño gigantesco a todo nuestro sistema de representación pública. También tuvo un efecto expansivo, porque la doctrina que instalamos con Longueira alcanzó a otros personajes en la misma situación judicial por delitos de corrupción, financiamiento ilegal de campañas y fraude tributario, como Jaime Orpis, Roberto León hijo y el mismo Marco Enríquez-Ominami.

—Ese efecto carambola con ME-O ¿le trajo alguna crítica?

—(Ríe) Produjo alguna sorpresa en autoridades políticas vinculadas a la oposición y me consultaron, pero la verdad es que nuestro propósito directo era Longueira. Inesperadamente la justicia decidió extenderlo a otros personajes: ley pareja no es dura, es simplemente justicia.

—¿Esas inquietudes vinieron del PS?

—De distintos personeros políticos de la oposición, dejémoslo así.

“Todos estamos un poquitito aburridos de que se hable mucho y se haga poco. Aquí tenemos a Camila, a quien conozco hace 15 a 20 años, con un capacidad de gestión insuperable. Estoy seguro de que Camila va a hacer que las cosas pasen y no solo que se hable de ellas. Y por eso creo que sería una tremenda alcaldesa para Vitacura. Voten por ella”, dijo en un video de campaña el ex ministro de Economía, José Ramón Valente (UDI) aludiendo a Camila Merino, candidata de Evópoli. Antes la había respaldado Evelyn Matthei.

Hace unas semanas el alcalde de La Unión, Aldo Pinuer (pro RN), realizó un zoom con un comité de vivienda, al que invitó al ministro Mario Desbordes, a la candidata RN a gobernadora regional por Los Ríos, María José Gatica, y al seremi Feda Simic (RN). Sin embargo, este último no llegó y, se supo, fue por instrucciones del ministerio del ramo, desde Santiago. Incluso, debió asistir a la misma hora a otra cita con otro comité y con la senadora UDI, Ena von Baer.

Gatica ayer reclamó duramente al ministro Felipe Ward: “Deje de ser operador político de la UDI y actúe como ministro de Estado”. Y también contó el hecho al timonel RN, Rafael Prohens. Éste sostuvo a La Segunda que “esto lo voy a hacer presente al ministro Delgado. Nos incomoda que en una contienda electoral que se supone debe ser limpia, intervengan ministros prohibiendo a los seremis participar en reuniones. Los ministros tienen hartas cosas más que hacer que andar prohibiendo. Yo espero que cumplan las instrucciones que en este ámbito les ha dado el Presidente Piñera, de no intervenir en las primarias”. Prohens ya ha hablado con el titular de Interior de otras situaciones que han afectado a funcionarios gubernamentales RN, “cosas complejas, persecuciones”, sostuvo.