A inicios del siglo XX el país venía saliendo del profundo quiebre que había significado la Guerra Civil de 1891, el suicidio del presidente Balmaceda y la disolución del propio ejército derrotado en los campos de Placilla. La reorganización del ejército se reinició con el interrumpido programa de reformas liderado por el ahora general Körner y con el respaldo de los oficiales que provenían del bando vencedor en los campos de batalla de la reciente guerra civil. Fue este un período de profundas transformaciones (...). Sin embargo, como veremos, no por ello el Ejército quedaría ajeno a los vaivenes políticos del país y, de tanto en tanto, la institución o parte de sus oficiales se volverían a mezclar en política en busca de solución a sus demandas.

El primer hecho que demostró que la institucionalidad militar aún estaba herida fue la formación de la llamada “Liga Militar”, que apareció secretamente alrededor de 1907, para tener su ocaso hacia 1915. En esta Liga se agruparon oficiales que tenían inquietudes en relación a la carrera militar y que estaban en una posición crítica en relación al mando, al que veían desinteresado de las necesarias mejoras que requería la institución (...). El intento de golpe reivindicativo y de corte nacionalista que germinaba en algunos componentes de la Liga Militar fracasó, ya que el historiador Gonzalo Bulnes no aceptó encabezar el movimiento (...).

El contexto político-social del país estaba marcado por las primeras convulsiones derivadas de reivindicaciones sociales, a raíz de las cuales se produjeron crudos enfrentamientos con obreros en Iquique (1907), Puerto Natales (1919) y Magallanes (1920). Entre 1911 y 1920 se realizaron 293 huelgas que involucraron a más de 150.000 trabajadores. Como consecuencia de la acción del Estado, el Ejército se vio involucrado en lamentables hechos producto del cumplimiento de tareas de control del orden interno ordenadas por los gobiernos de turno.

Entre abril y mayo de 1919 se recibió información de que estaba en marcha una asonada militar dirigida por el general Guillermo Armstrong, a la sazón jefe del Departamento de Material de Guerra, y por el general Manuel Moore, con el aparente fin de “consolidar la unión y armonía entre el personal militar, impulsar el progreso del Ejército y el desarrollo del país, solicitar el despacho de leyes en beneficio de la clase obrera y consolidar la disciplina militar”. El posterior sumario y consejo de guerra aplicó severas sanciones a casi treinta oficiales y un contraalmirante. A este acto de insurrección se le denomino el “complot del general Armstrong” (...).

Pocos años después, el 2 de septiembre de 1924, un grupo de oficiales jóvenes acudieron a la sesión del Senado e hicieron ver su molestia. Al anunciarse sanciones en su contra, un grupo mayor fue a la sesión del día siguiente, ocasión en la que, habiéndoseles ordenado el retiro de la sala, lo hicieron arrastrando sus sables en señal de protesta. Por ello, a este movimiento se le llamó “ruido de sables”. Esa misma tarde un grupo de cuatrocientos oficiales se reunieron en el Club Militar. Ante ello, el presidente Arturo Alessandri invitó a una representación a entrevistarse con él, asistiendo un capitán y dos tenientes. Por instancia del mismo mandatario organizaron un comité militar para canalizar sus peticiones, algunas de las cuales eran compartidas por el presidente.

Como consecuencia de esta presión, el Congreso aprobó en una sola sesión las leyes exigidas por los militares y el gobierno designó ministro del Interior al general Luis Altamirano. Pese a lo anterior, las tensiones se mantuvieron. El presidente Alessandri decidió renunciar y pocos días después partió al exilio. Asumió la conducción del país una junta de gobierno, el 11 de septiembre de 1924, integrada por los generales Luis Altamirano, Juan Pablo Bennett y el almirante Francisco Nef.

Poco duró la junta en sus funciones, ya que en enero de 1925 fue derribada y asumió una nueva junta integrada por el abogado Emilio Bello Codesido, el general Pedro Pablo Dartnell y el almirante Carlos Ward. La junta trajo al presidente Alessandri de regreso a su cargo, pero por desavenencias de este con el coronel y ministro Carlos Ibáñez, volvió a abandonar la primera magistratura. La nueva administración de Emiliano Figueroa designó al coronel Carlos Ibáñez en el Ministerio del Interior, quien se convirtió en el hombre fuerte del gobierno. A la renuncia del presidente Figueroa, se efectuaron elecciones donde triunfó Ibáñez con el 98% de los votos.

Durante el período de gobierno del coronel Ibáñez (1927-1931), se llevaron a cabo la fundación de Carabineros de Chile, y con dinamismo se inició un plan de construcciones de obras públicas, ferrocarriles, obras de regadío, construcción de cárceles y cuarteles militares; asimismo realizó reformas educacionales, creó la Caja de Crédito Minero y el Instituto de Crédito Industrial.

Además, resolvió la cuestión de Tacna y Arica. Producto de la crisis económica mundial de 1929, la economía se deterioró gravemente. En 1931, se desencadenó la caída del gobierno ante la sublevación de estudiantes y reyertas callejeras (...).

El débil gobierno de Juan Esteban Montero fue reemplazado por cuartelazos de militares y civiles de tendencia socialista, fundándose la llamada “República Socialista” de corta duración, en la que tuvo una destacada participación el coronel Marmaduke Grove (...).

En este contexto de grave inestabilidad política, económica y social, tuvieron lugar fuertes conmociones en el orden interno, expresadas principalmente en la sublevación de la marinería, ocurrida en septiembre de 1931.

Como consecuencia de ello, se produjeron enfrentamientos en los puertos de Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano. En esta última población, a tropas del Ejército les cupo participar en la recuperación del Apostadero Naval, que implicó una rápida y sorpresiva maniobra en la que participaron los regimientos de infantería N° 6 Chacabuco y N° 9 O'Higgins, los de caballería N° 3 Húsares y N° 7 Guías y el Grupo de Artillería a Caballo N° 3 Silva Renard, todos bajo el mando del general Guillermo Novoa. La operación resultó exitosa y significó la rendición de la marinería y de los obreros sublevados.

Las juntas y presidencia que siguieron duraron pocos días, hasta que el general Bartolomé Blanche asumió como presidente provisional. Ante ello, el general Pedro Vignola, comandante de la guarnición de Antofagasta, apoyado por civiles de esa ciudad, exigió la renuncia del general Blanche y la devolución del poder a los políticos. Producto de esto, el general Blanche entregó la primera magistratura al presidente de la Corte Suprema. Terminada esta etapa de anarquía, se efectuaron las elecciones presidenciales de 1932 resultando elegido por segunda vez Arturo Alessandri, lo que trajo como consecuencia el retorno a la normalidad democrática (...). En los años venideros el Ejército dejó de ser actor político, se retrotrajo a sus cuarteles y comenzó una etapa de aislamiento y de carencias de recursos materiales y económicos, lo que le redujo significativamente su capacidad.

Las tensiones, el desaliento y las frustraciones profesionales acumuladas durante estos años tendrían su punto de inflexión a fines de los años sesenta con el acuartelamiento del general Roberto Viaux en el Regimiento Tacna, el 21 de octubre de 1969, al que se sumaron numerosos mandos medios y oficiales jóvenes, en un movimiento que los acuartelados denominaron como estrictamente profesional y no político, el que terminó con la salida del comandante en jefe y del ministro de Defensa y con una mejora en los sueldos de las Fuerzas Armadas. Esto acontecía en un contexto político internacional polarizado, consecuencia de las convulsiones globales derivadas de la Guerra Fría (...). Como se verá, fue este el preludio de una dinámica social, política y económica altamente compleja de la cual el Ejército, como parte activa de la sociedad, no se pudo sustraer.

En las elecciones de 1970 ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría absoluta, por lo que acorde a lo que señalaba la Constitución de 1925 debía ser el Congreso el que designara al nuevo presidente (...) entre las dos primeras mayorías: Salvador Allende (36,6%) y Jorge Alessandri (35,2%).

En este contexto fue asesinado el comandante en jefe del Ejército general René Schneider, como resultado de la conspiración de un grupo de extrema derecha y de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que buscaban impedir la asunción de Salvador Allende a la presidencia de la República. Pese a ello, el 3 de noviembre de 1970, asumió como presidente Salvador Allende (...). Durante su gobierno, en un ambiente de profundos cambios económicos y sociales, la polarización política se acentuó, los actores sociales y políticos se atrincheraron en sus visiones, el diálogo se interrumpió y se radicalizaron las posturas.

Clara expresión de ello fueron: la permanente confrontación política entre el gobierno y el Congreso Nacional, instancia esta última donde era muy fuerte el influjo de los partidos políticos opositores; el también evidente enfrentamiento entre la autoridad y los gremios del país, lo cual se tradujo en la seguidilla de huelgas que tuvieron lugar —especialmente el paro de octubre de 1972—; la organización de grupos paramilitares tanto afines al gobierno como opositores a él; y una apasionada discusión ideológica y política que incluso llegó a quebrar por dentro a muchas familias chilenas.

Fue así, como en un contexto en el que la amistad cívica estaba totalmente deteriorada y en el que la sociedad se encontraba atrapada entre el temor y el odio que, tal como ya había sucedido en otras ocasiones, las Fuerzas Armadas fueron llamadas a intermediar y altos oficiales —entre ellos el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats— se incorporaron a los gabinetes ministeriales a objeto de contribuir a la paz social. Este esfuerzo resultó infructuoso y el segundo gabinete militar solo duró pocos días. El 23 de Agosto de 1973, el general Carlos Prats renunció a su cargo como comandante en jefe y fue sucedido por el general Augusto Pinochet. Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo que declaraba que el Presidente Allende había quebrantado gravemente la Constitución. La situación política llegaba así a un punto de difícil retorno, el que finalmente alcanzaría su clímax el 11 de septiembre 1973, al producirse la ruptura del orden constitucional.

Inicialmente tomó la dirección del país una junta militar conformada por los comandantes en jefe de las instituciones de la Fuerzas Armadas y por el general director de Carabineros. A poco andar, estos designaron al general Augusto Pinochet como presidente de la Junta Militar de Gobierno y, posteriormente, como presidente de la República.

Historiadores de diferentes tendencias aluden como causas directas del quiebre institucional a consideraciones derivadas de: la dinámica de la lucha ideológica de la Guerra Fría; de la aceptación de la violencia como instrumento político; de la existencia de organizaciones paramilitares nacionales y extranjeras; de la falta de voluntad de diálogo y, en definitiva, a la pérdida de los consensos. Todo lo cual había conducido al país a una profunda crisis político-institucional.

El gobierno cívico-militar, presidido por el comandante en jefe del Ejército, se extendió más allá de lo previsto inicialmente. Su postulado de cumplir metas más que plazos y de reformular la institucionalidad vigente, lo llevó a delinear una nueva Constitución Política, a la implantación de un Sistema económico liberal y a la realización de diferentes reformas estructurales. De acuerdo al propio cronograma establecido en la Constitución, en 1988 el gobierno llamó a un plebiscito para definir la continuidad del general Pinochet en el gobierno. Al ser derrotado, se convocó a elecciones y se entregó el poder.

Así, el 11 de marzo de 1990 el país retomó su vida democrática al asumir el gobierno el presidente Patricio Aylwin. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período y en las que los miembros del Ejército tuvieron participación —ya sea como consecuencia de actos derivados de la obediencia debida, por el uso desproporcionado de la fuerza, por excesos individuales, o bien por eventuales acciones fortuitas— fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar. Más allá de ello, la gran enseñanza que de estos hechos y de la violencia en general se deriva, es que somos todos los chilenos los llamados a aprender de nuestro pasado, para evitar que la polarización, nuevamente, fracture nuestra sociedad.

A partir del retorno a la vida democrática del país, el Ejército ha buscado efectivamente contribuir a la reconciliación nacional. Actos objetivos y concretos dispuestos por los sucesivos comandantes en jefe han sido: la cooperación con los tribunales de justicia en las causas por violaciones de derechos humanos; la participación institucional en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, convocada por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; el repudio al asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, expresado en circunstancias de la inauguración del campo militar que lleva su nombre; la incorporación de los contenidos relacionados con derechos humanos en las mallas curriculares de los cursos de formación institucionales, solo por nombrar algunos.

A todas estas acciones se agregan el público llamado al “Nunca Más” a los hechos y circunstancias que condujeron y se derivaron del quiebre de la democracia en 1973, y el reconocimiento que efectuara la institución —a través de su comandante en jefe en el año 2004— de las responsabilidades que al Ejército le cupieron en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado.

(...) Es necesario destacar que el Ejército a lo largo de toda nuestra historia no ha estado ajeno a los éxitos, dolores y tragedias de nuestro país. Por ser parte constitutiva de la sociedad ha sido también actor en sus divisiones, tensiones y disputas, y al igual que todos nuestros compatriotas, ha sufrido las consecuencias que de estos hechos se han derivado.

El actual desafío de nuestra sociedad es enfrentar el futuro con unidad asumiendo con un profundo sentido de crítica los errores y dolores del pasado común, velando por que “nunca más” se generen las condiciones que a lo largo de nuestra historia han propiciado los quiebres de la democracia o la división entre los chilenos. Al revisar este capítulo que nos habla de luchas y disputas internas, debemos coincidir que el Ejército no debe ser actor de la vida política partidista nacional, ni alinearse con un sector de la misma. Son todos, civiles y militares, los llamados a cuidar y mantener al Ejército —que tantas glorias le ha dado al país—, alejado de las legítimas diferencias políticas que puedan existir en la sociedad. El Ejército debe siempre ser de todos los chilenos.