Un total de 3.520 propiedades -habitacionales, comerciales y sitios eriazos- salieron a remate en 2019 por no pago de contribuciones, informó la Tesorería General de la República (TGR) ante la solicitud de La Segunda.

De esa cifra, 26 bienes raíces fueron adjudicados en subastas cuyo valor mínimo fue el avalúo fiscal. En el resto -3.494- no hubo interesados.

El proceso de remate por contribuciones parte cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) notifica los roles con deudas de estos impuestos a la Tesorería, que da comienzo al proceso de cobranza administrativa vía correo electrónico y teléfono si están los datos. En caso de no pago, la TGR informa al tribunal respectivo, el que abre una causa, dicta una orden de embargo y fija la fecha de remate si el contribuyente no salda la deuda o renegocia.

En forma previa a la subasta, la TGR debe publicar dos avisos de remate (este año en latercera.com). El segundo se concreta siempre que la deuda supere $1 millón, independiente del número de cuotas impagas, según la circular interna 130 de 2013 de la TGR.

Las regiones con más remates en 2019 fueron Valparaíso y O'Higgins, ante lo cual la TGR dijo no tener una explicación.

Este año no ha habido remates, debido a la pandemia y a las condiciones de trabajo de los tribunales.

Con una dosis de ironía, el ex ministro de Hacienda y actual decano del Instituto de Políticas Públicas del London School of Economics, Andrés Velasco, sugirió en una carta al director de El Mercurio este domingo que Informe Especial podría asesorar a alcaldes y fiscalizadores en el uso de drones y Google Earth para perseguir el pago de contribuciones.

Utilizando ambos elementos y cruzándolos con los antecedentes que posee el SII de las propiedades de los 43 senadores y 155 diputados, el programa de TVN descubrió que seis de ellos no pagan impuesto territorial por sus viviendas, porque no están declaradas ante el SII o figuran como terrenos agrícolas o eriazos.Y ocho aparecen en el SII con casas de menor superficie a la real, por lo que pagan valores inferiores a los correspondientes.

“Mientras la casa declarada de una contribuyente fue rematada por no haber pagado algunas cuotas”, escribió Velasco aludiendo al caso de Virginia Struthers, a quien le remataron una casa en Cachagua en agosto de 2019 por no pago de tres cuotas del impuesto territorial ($2,2 millones). Y el 29 de septiembre pasado, en plena pandemia, fue desalojada con la fuerza pública.

“El principio de igualdad ante la ley no se cumple cuando la gente no regulariza sus propiedades y no tramita la recepción final de sus viviendas ante la Dirección de Obras Municipales”, advierte Abel Hidalgo, profesor de Derecho Tributario de la U. de Chile y asociado del estudio Cabello y Cía.

Y distingue que los municipios ponen distintos énfasis, dependiendo de si se trata de propiedades en zonas urbanas o rurales/agrícolas. “Si compro un terreno y construyo una casa en Ñuñoa, lo más probable es que llegue un fiscalizador de la municipalidad a revisar el estado de esas obras. Si hago la misma construcción en Putre u otra comuna mayoritariamente rural o agrícola, lo más probable es que la municipalidad no mande a nadie a fiscalizar”, afirma el abogado. Lo que se explica, según él, porque a los municipios les interesan las propiedades en el radio urbano, “debido a que la plusvalía a mediano plazo va a ser mayor y, por tanto, subirán las contribuciones”.

“Está lleno de casas no declaradas desde Visviri a Tierra del Fuego en zonas rurales y agrícolas, incluyendo los lagos. En las playas, en cambio, las municipalidades han hecho un trabajo de años de fiscalización”, afirma Hidalgo.

La solución, a su juicio, es simple: que el SII use su tecnología más Google Street View y un software que cruce la información de sus bases de datos y compruebe si los terrenos declarados como sitios eriazos o agrícolas lo son, o poseen construcciones. “El SII debe fiscalizar la correcta asignación de los bienes y las contribuciones en todo el país”.

Para Alvaro Moraga, abogado tributarista socio de Moraga y Cia, la solución sería “dictar una ley que establezca agravantes y multas más altas a las autoridades que cometan actos de esta naturaleza (evasión de pago de impuestos y contribuciones) y que incluya al Presidente, ministros, parlamentarios, alcaldes, concejales, gobernadores, no sólo en razón de sus cargos, sino porque sus remuneraciones son financiadas con los impuestos de todos los chilenos”.

El límite legal para la retroactividad en el cobro de contribuciones es de tres años y para los impuestos que se declaran como IVA y renta, seis años.