Por tres cuotas de contribuciones impagas —las últimas dos de 2018 y la primera de 2019— la casa de Cachagua, construida por sus padres en la década del 60, salió a remate el 6 agosto del año pasado.

Virginia Struthers (63), quien habitaba la vivienda desde 2017, se enteró en diciembre de 2018 que había sido embargada por dos cuotas morosas al ser notificada por la Tesorería General.

“Yo estaba preocupada de echar a andar un restaurante en Zapallar. Creo que agarré el papel y lo puse junto con otros. No tenía cómo pagar, pero jamás imaginé que podían rematar la casa con tres cuotas morosas. Fui muy pajarona”.

—¿Sabía que se puede renegociar hasta el día del remate?

—No sabía. Tenía el “incendio” del restaurante Vulevu: pagar sueldos, arriendo, imposiciones, IVA. Eso era lo prioritario. No me sentí en riesgo.

—¿Cuándo y cómo se enteró que la casa salió a remate?

—Cuando la casa se había rematado. El 15 de agosto (de 2019) recibí el llamado de un abogado para decirme que quería conversar conmigo por el remate de la casa. Por él lo supe, casi me muero.

Su deuda era de $2,2 millones, ya que cada cuota trimestral es de $740 mil, “lo que equivale a pagar un arriendo de $250 mensuales”. En siete años sus contribuciones se triplicaron: en 2013 el valor de cada cuota era $227 mil.

Dice que no recibió un aviso de remate, pero en la causa del Juzgado de Letras de la Ligua se acredita que el 24 de abril de 2019 se le notificó por cédula, es decir, se le dejó el documento en un portón de madera negro. “Puede que se haya volado, caído, yo lamentablemente nunca lo vi”, afirma Virginia, cuyo caso ha generado apoyo y revuelo en las comunidades de Cachagua y Zapallar.

Vulevu, el restaurante ubicado detrás de la iglesia de Zapallar, fue un proyecto que Virginia llevó adelante con su hijo Daniel, residente en Suiza, cuando él junto a su familia —su mujer y tres niños— decidieron pasar seis meses en Chile. Daniel hizo la carta; Virginia arrendó el local, y en diciembre de 2017 Vulevu abrió sus puertas. El problema es que muy poca gente vive todo el año en la zona, por lo que terminó atendiendo solo los fines de semana y en los veranos.

En agosto de 2019 encontró un comprador para el restaurante y con el dinero que le pagaría al mes siguiente más el arriendo de la casa para fiestas patrias (de 2019), “pensaba cancelar las contribuciones, pero todo llegó tarde”.

Cuando tenía arrendatarios, Virginia se instalaba en una casa rodante que compró hace cinco años y puso en el jardín. La rodeó de totora y tenía entrada independiente. No contaba con ducha, por lo que se iba a bañar a casas de amigos.

El abogado que le avisó del remate fue Fernando Ugarte, experto en materia de contribuciones y remates, que tomó su caso por un monto fijo y otro contra éxito. “El Código de Procedimiento Civil dice que el deudor puede liberar los bienes embargados pagando la deuda antes del remate. Ella pagó después del remate, la Tesorería lo acreditó en el expediente”. Pero agrega que Virginia pagó lo adeudado antes de que se firmara la escritura pública de adjudicación del remate, “por lo tanto, lo hizo en forma oportuna”. Le fue mal en primera y segunda instancias y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

“Cuando mis papás compraron el terreno y construyeron la casa en 1962, era un peladero. Yo empecé a ir a los cinco años”. De 90 m2, la vivienda es muy sencilla —dice— no tuvo modificaciones posteriores, y tiene un terreno de mil m2. “Está muy bien ubicada, a una cuadra y media de la bajada a la playa Las Cujas”.

Su padre, hijo de escocés e inglesa, fue un funcionario del área comercial de Shell, donde trabajó 40 años. Su madre, nieta de ingleses, hacía clases de inglés.

Gracias a sus padres habla inglés, y al francés que aprendió en la Alianza Francesa, agregó el alemán, porque vivió dos años en el centro de esquí Zermatt, en Suiza, donde tuvo una tienda de regalos y conoció a su ex marido, padre de su hijo mayor.

Lo que iba a ser un viaje para visitar a sus hermanas, que vivían en las afueras de Londres, ambas casadas con ingleses, se alargó 14 años. Salió de Chile a los 21, dejando stand by la carrera de diseño paisajista en la U. de Chile, y regresó a los 35.

A poco de aterrizar en Santiago, en 1992 concretó la idea que traía y abrió una conocida cadena de tiendas: Davis, que vendía relojes, lapiceras y agendas. “Fue un éxito total hasta que cometimos algunos errores con mi socio (su ex pareja William Mendleson): nos sobreendeudamos, no comprábamos directo en China, sino a distribuidores europeos, lo que era más caro, y los arriendos en los malls eran prohibitivos”.

En 2004 separó aguas. Ella se quedó tratando de salvar el negocio, pidió dinero prestado con el aval de su madre, quien no recuperó los $100 millones que avaló.

La última tienda —en el Parque Arauco— la cerró en 2008. “Me vino una depresión tremenda, lo pasé muy mal por lo menos cinco años. Estaba endeudada con un banco, con el Parque Arauco, con mi mamá. Llevaba 16 años sacándome la cresta con Davis y no sabía qué hacer”.

Vivía con Tanya, su hija menor, nacida de una segunda relación de pareja, y se las arregló como pudo. Vendió paltas, queso, pescados, hizo clases de inglés y fue conductora de Uber con su auto. “Gillian, mi hermana mayor, y mi cuñado me ayudaron. No tenía profesión y más de 50 años”.

A raíz de los problemas financieros por Davis, renegoció sus deudas y, a recomendación de un abogado, la casa de Cachagua quedó a nombre de sus hermanas Gillian y Jennifer. “Si mi mamá fallecía y yo heredaba podían echar mano a mi herencia, pero acordamos por escrito que una parte de la casa es mía”.

Cuando supo que la vivienda se había rematado, le avisó de inmediato a sus hermanas. “Se molestaron mucho, ellas han estado muy pendientes de mis cosas, pero no les quise pedir ayuda para pagar las contribuciones porque me sentía totalmente sobregirada con ellas”.

Desde Inglaterra, Gillian y Jennifer contrataron abogados para anular el remate. No les fue bien en la justicia civil ni el Tribunal Constitucional, que rechazó un recurso de inaplicabilidad por falta de notificación.

Finalmente, las hermanas retiraron desde el Juzgado de Letras de La Ligua el vale vista del abogado Eugenio Guzmán Gatica, del estudio Portaluppi, Guzmán, Bezanilla, “quien fue el único oferente del remate y se la adjudicó en $408 millones, el valor mínimo”. El avalúo fiscal es de $332 millones, y según Virginia, vale $700 millones.

—¿El comprador habló con usted?

—No, este año yo me comuniqué con él una vez. Le ofrecí que retirara su plata del juzgado y yo le pagaba además US$100 mil. Me dijo que tenía que consultarlo con su cliente y, más tarde, me informó que su cliente estaba dispuesto a echar pie atrás por US$212 mil. Era imposible.

“Vivir en la casa de Cachagua fue el sueño de toda mi vida. No me podrían haber quitado algo de más valor en el mundo, porque me he movido, viajado y ese lugar ha sido mi nido”, se lamenta emocionada.

Desde que fue desalojada con la fuerza pública el 29 de septiembre pasado, en plena pandemia, arrienda una pequeña cabaña en Laguna Sur y trabaja limpiando colchones, tapices y alfombras. No pierde la esperanza en las gestiones del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. “El se ofreció a mediar a nombre de mis hermanas y mío con el abogado Guzmán para llegar a un acuerdo. Mis hermanas retiraron el dinero del juzgado, pero lo tienen sin tocar en una corredora de bolsa”.

La circular interna N° 130, de 2013, de la Tesorería General de la República (TGR) fija un límite de $1 millón, independiente del número de cuotas morosas, para ordenar los remates a la justicia. Si es inferior a ese monto la instrucción es procurar que no se publique un segundo aviso de remate, con lo cual se retarda el proceso. Si supera el $1 millón sigue adelante el remate.

Según la Tesorería General, en el 10% de las viviendas con deudas de contribuciones se ordena el remate, pero solo el 0,05% se concreta porque hasta el mismo día de la subasta el deudor puede renegociar con la TGR.