Entre julio de 2018 y el 26 de octubre de este año, 20 investigaciones disciplinarias por denuncias de acoso sexual fueron informadas a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema: cinco durante 2018, siete durante 2019 y ocho en lo que va de 2020.

De esos 20 casos, seis se encuentran en trámite, ocho fueron sobreseídos y en seis se determinaron sanciones, según informa la secretaría técnica a “La Segunda”. De los sancionados, hubo una remoción, cuatro fueron castigados con suspensión de funciones hasta por 4 meses con medio sueldo y uno con censura por escrito.

Las 20 denuncias por las cuales se iniciaron investigaciones disciplinarias –todas hechas por mujeres en contra de hombres-, apuntan principalmente a jefaturas directas (9), seguidas por “casos entre compañeros/as de trabajo” o en “relación con empresa externa” (4 cada una). Hubo, además, una situación en contra de una usuaria externa del sistema judicial.

Los datos aportados también señalan que cuatro de las personas investigadas pertenecen al escalafón primario (ministros, jueces, relatores, secretarios, fiscales judiciales) y las denunciantes son siete del escalafón de empleados, cuatro la de Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuatro son trabajadoras de empresas que prestan servicios al Poder Judicial, tres son funcionarias sin escalafón, una es usuaria externa y hay un caso “sin información”.

Más allá de estas cifras, “La Segunda” requirió los fallos al Poder Judicial para examinar el criterio ocupado por los ministros de la Corte Suprema, luego de que trascendiera la resolución que suspendió por un mes con goce de medio sueldo a un jefe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Copiapó por reiteradas frases subidas de tono y toqueteos a sus subordinadas, que no fueron calificadas como acoso sexual.

Sin embargo, no fueron entregados. La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas tampoco los tiene. Soledad Piñeiro, su presidenta, dijo que como organización han reprochado la norma que establece el secreto.

“De acuerdo al acta 103 que elaboró la Corte Suprema y que establece el procedimiento, hay una regla que establece la restricción de información. Lo que hemos cuestionado es que ella se extiende en demasía y la pretensión de proteger a las víctimas deriva en una falta de transparencia que nos impide realizar un análisis”, afirma.

Piñeiro dice que les es imprescindible contar con datos: “cuáles son los hechos imputados y las decisiones y razonamientos que lo acompañaron para considerarlo o no acoso sexual”.

No contar con análisis, sostiene, implica que la administración de justicia en estos casos no cumple su rol protector y orientador. “Hoy no hay cómo saber los razonamientos de la Corte Suprema, entenderlos y usar esa información para decidir si accionar o no”, ejemplifica. “Y tampoco opera norma que determine el camino para que quienes incurren en estas conductas sepan de ante mano que van a ser sancionados”.

Propone “buscar una fórmula, tal vez una entidad, que pueda dar publicidad a las sentencias eliminando antecedentes que puedan dar cuenta de las partes, investigadores y testigos, por ejemplo”. La norma –dice- es tan amplia” que protege la identidad del agresor, sin que se pueda saber quién finalmente fue condenado.

El catastro de denuncias por acoso sexual incluye acciones iniciadas en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, San Miguel, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción.

A pesar de que por la vía oficial no se puede obtener la información requerida, debido a que el caso trascendió en la prensa, se sabe de una investigación realizada contra Carlos Morales Aguirre, juez de Familia de Iquique. Fue denunciado por exhibición de los genitales del magistrado y arrinconamiento con manoseos, en mayo de 2018. Ello terminó con su la remoción.

También se conoce el caso del juez de San Fernando Pablo Aceituno Romero, fue sancionado en enero de 2020 por la Corte Suprema con la medida de suspensión de funciones por cuatro meses y goce de medio sueldo, en un caso donde el máximo tribunal reconoció la existencia de requerimientos de carácter sexual “mediante distintas acciones”, “por diversos medios” contra una funcionaria. Tras la sanción, Aceituno fue trasladado de jurisdicción y desde el 6 de febrero de este año se encuentra ejerciendo su función en Porvenir, en Tierra del Fuego, donde fue recibido con la queja del Colegio de Abogados de Magallanes expresada en La Prensa Austral el 13 de febrero de este año, que alegó que por asignación de zona recibirá un sueldo mayor al que tenía.

El caso en la Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió la pregunta de qué es lo que la Corte Suprema considera acoso sexual.

“La Segunda” revisó una situación que tampoco fue considerada así: una denuncia contra el el ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Rafael Corvalán Pazols, por hechos entre 2017 y 2018.

En febrero de 2020, la Corte Suprema lo sobreseyó. En el fallo se dejó constancia de solo una de las situaciones: un mensaje vía Messenger en que el ministro solicita a la denunciante, una subalterna, una foto de ella “sólo para él”. El voto de mayoría decía que “la situación relatada no tiene el mérito para atribuirle el sentido pretendido”. El ministro Carlos Kunsemuller, por ejemplo, consideró los hechos como una “bagatela funcionaria”.

Haroldo Brito, Gloriana Chevesich y Andrea Muñoz votaron en contra: querían que el tema se siguiera investigando.

Corvalán fue recientemente designado en la corte de Apelaciones de Valparaíso. Asumirá el 6 de noviembre.

Otro caso desechado en el periodo fue el que se siguió contra tres jefaturas administrativas del Juzgado de Garantía de La Serena, acusados por una funcionaria que se encontraba haciendo una suplencia entre los años 2017 y 2018. Relató que primero recibió, en forma separada, invitaciones a salir y a visitarla de noche. Después, amenazas de uno de que si cometía un error, le daría palmadas en el trasero. Y le reclamaba: “al que se la ponen es a mí, y yo no te la estoy poniendo a ti”. Dice que le ofreció “masajes en todo el cuerpo”. “La Segunda” no pudo acceder al fallo de sobreseimiento.