Una serie de demandas laborales están acumulándose en la trastienda del proceso de quiebra voluntaria de Latam Airlines.

La aerolínea se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, lo que le permite reorganizarse para enfrentar el desafiante escenario que la pandemia ha generado para toda la industria aeronáutica.

“Tenemos más de 38 mil empleados, para una firma que necesita 5 mil”, dijo en junio el presidente ejecutivo (CEO) de Latam Airlines Group, Roberto Alvo, cuando sus operaciones habían caído 95% si se comparaba con el mismo mes del 2019. Alvo dijo entonces que en el nuevo contexto de pandemia, tanto la industria como Latam se reducirían, mientras los permisos de vuelos se mantuvieran restringidos y la gente siguiera sin volar por miedo a los contagios.

Pero mientras Latam batallaba en las cortes de Nueva York para asegurar financiamiento, en Chile se larvaba otro conflicto que también deberá afrontar: el laboral. Desde mayo, cuando Latam se acogió al Capítulo 11, se dispararon las demandas en este ámbito. Hoy acumula 96 procesos en el Primer y Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, entre recursos individuales y colectivos de sindicatos, los que están motivados por diferentes razones, aunque las que más destacan son las de “despidos injustificados”.

Entre ellos, por ejemplo, hay una trabajadora, Cindy Núñez, que, según la demanda, contaba con fuero sindical al momento de ser despedida el 30 de junio de este año, violando el artículo 272 del Código del Trabajo.

“Los contratos de trabajadores de Latam en Chile deben regirse por la jurisdicción del derecho chileno, en cuanto a indemnizaciones, fueros, etc”, comenta al respecto el abogado Diego Messen, socio de Moraga & Cia.

Otro caso es el del expiloto y capitán de Boeing 787 Hernán Naranjo, quien fue desvinculado el 8 de julio. “En la carta de despido enviada, sólo se da una razón genérica y errática, que no me es aplicable, y que sólo da cuenta de la excusa que se está utilizando para despedir al personal que le resulta más caro de mantener, aprovechando la pandemia como excusa, ya que su afán no es reestructurar áreas; de ser así, hubiesen utilizado cualquiera de las alternativas que ofrece la ley 21.227 de Protección al Empleo, y que en el caso concreto no se adoptaron”, acusa la demanda interpuesta por el abogado Enrique Fuentes, socio del estudio Abacanto Abogados y Consultores, este lunes ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, el mismo que lleva en Chile el proceso de quiebra transfronteriza de Latam en EE.UU.

Otro ación legal, esta vez colectiva y no directamente relacionada con despidos, es la del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores Aeronáuticos, que acusa a Latam de hacer cambios en las condiciones de trabajo de sus empleados sin considerar los contratos colectivos.

Estas demandas dicen relación, sobre todo, con modificaciones en las mecánicas de trabajo debido a la implementación de teletrabajo para algunos empleados de Latam, en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Situación (el teletrabajo) que fue impuesta por parte del empleador, advirtiéndose que de lo contrario se perderían fuentes laborales si no era aceptado. Sin embargo, dicha modalidad de trabajo se ha realizado en completa ilegalidad, debido a que a la fecha no se les ha hecho firmar un anexo de trabajo especificando lo que dice la ley”, dice la demanda representada por el abogado Rodrigo Logan del estudio Logan Abogados

Las 96 demandas presentadasdesde mayo en Santiago se dan en un contexto de más de 12 mil despidos de Latam, a nivel mundial. La Segunda no analizó demandas laborales que pudiesen existir en otras jurisdicciones.

La complejidad para la empresa es que más despidos y demandas no pueden descartarse cuando, en este momento, Latam sigue definiendo su plan de reorganización, que deberá ser presentado y aprobado por el juez que lleva el caso en Estados Unidos.

Consultada Latam Airlines, al cierre de la edición no hubo una respuesta oficial.

El 18 de septiembre, un tribunal de quiebras de EE.UU. aprobó un financiamiento para Latam Airlines por US$2.450 millones, recursos con los que la compañía podrá mantenerse a flote mientras se reorganiza, un proceso que puede extenderse hasta 17 meses desde hoy. Mientras crea este plan de reorganización, la administración debe llevar el día a día de la operación. Pero todo lo que esté fuera de eso, como vender grandes activos, fusionarse o emitir deuda, necesitará permiso del juez norteamericano James Garrity. La reducción de personal, eso sí, no está dentro de estas decisiones que necesitan aprobación de la corte en Estados Unidos. Así, los despidos superan los 12.600, de los más de 40 mil trabajadores que tenía la aerolínea a fines de 2019.