En algunos actores políticos y sociales –que pareciera que sufren de amnesia histórica- se percibe una posición más bien tibia ante la violencia, provenga ésta de las policías como de los encapuchados”. Eduardo Aldunate, en El Mercurio.

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Tele13_Radio “Tengo una molestia con las franjas, le hablan a los convencidos y no a quienes están buscando respuestas”, dice Carlos Ruiz en el nuevo capítulo de #LaMesa13 junto a @IvanValenzuelaU.

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“El que quiere Aprobar o Rechazar que se manifieste votando, no en las calles. Tenemos locales a punto de quebrar, gente que perderá sus empleos. ¿Qué sentido tiene seguir con la violencia? Los vecinos de @Muni_provi quieren paz, no más químicos lacrimógenos. #nomasviolencia”, escribió en Twitter la jefa municipal de Providencia, Evelyn Matthei, posteando además una parte de la entrevista que le hicieron ayer en el matinal de canal 13.

Las palabras de Matthei cayeron mal entre los partidarios del Rechazo. El expostulante a La Moneda, José Antonio Kast, contestó: “Discrepo con la alcaldesa. Ninguna marcha del Rechazo ha destrozado la propiedad pública o privada, ni menos agresiones a Carabineros. La teoría del empate es injusta con quienes se manifiestan en paz”.

A su vez, el Comando Ciudadano por el Rechazo, a través de su coordinador, Raúl Meza, señaló que “nos parecen política y moralmente inaceptables las palabras de la Sra. Matthei… sus declaraciones en contra de los manifestantes del Rechazo faltan absolutamente a la verdad e injurian grave y gratuitamente a aquellas personas, organizaciones y movimientos que marchamos pacíficamente, sin violencia, sin daños a la propiedad pública y privada”. Junto con sostener que Matthei “equivoca intencionadamente su discurso”, Meza sostuvo: “Candidata Matthei, como organizaciones y movimientos civiles por el Rechazo, nos cansamos de aquellos populistas de la derecha que enarbolan banderas de la izquierda para sus espurios y egoístas intereses electorales y, esperamos que no se transforme en una candidata presidencial social-demócrata ni en una aliancista-bacheletista ni menos en una líder del Apruebo. Nos preocupa su interminable indefinición electoral a pocos días del plebiscito constituyente que desea en una hoja en blanco borrar los valores y principios fundacionales de esta patria”.

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Fue el lunes de esta semana que la Contraloría envió un oficio a la municipalidad de Recoleta, liderada por Daniel Jadue (PC), para notificarle del inicio de un proceso de auditoría al proyecto “Justicia Social I", más conocido como la “inmobiliaria popular”. Con el inicio de este proceso, el órgano fiscalizador podrá requerir al municipio antecedentes del proyecto, lo que se enmarca en el plan anual de fiscalización de la Contraloría, que busca verificar que éste se ajuste a los estándares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre “Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda”.

Fuentes conocedoras del proceso, afirman que se busca verificar la legalidad de la licitación y ejecución de las obras y comprobar que se ajuste a la norma la selección de los beneficiarios.

También se busca fiscalizar los montos gastados en el contrato de construcción y que éstos se encuentren respaldados.

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Si bien es una investigación desformalizada, al caso Papaya-Gate se acaban de incorporar los abogados Samuel Donoso, Mario Zumelzu y dos profesionales del estudio de Albagli Zaliasnik: Cesar Ramos y Loreto Hoyos.

Donoso —que es abogado del Presidente Piñera en las querellas en su contra por el caso Covid— asumió la representación de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto (que renunció al cargo para preparar su defensa) a quien se le indaga por el delito de fraude al fisco debido a presuntas irregularidades en la compra de tierras destinadas para un centro deportivo que superaba con creces su tasación inicial y que, además, fue adquirido por trato directo por $9.800 millones, mediante cuatro contratos que fueron rechazados por la Contraloría porque no se apegaban a la legalidad.

El caso —que se conoció el 26 de septiembre por Radio Bio Bío—involucra al administrador municipal José Cáceres, quien será asesorado por el abogado Mario Zumelzu y a Pablo Bracchitta Krustulovic, gerente general de las inmobiliarias involucradas (Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA) quien será representado por los abogados del equipo de Zaliasnik, quien podría sumarse al caso una vez que logre reducir su carga laboral que por estos días incluye la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

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Con la participación del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; la subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas; la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann; y el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entre otros, se realizará durante octubre el Seminario anual de Recursos Humanos de Willis Towers Watson, “Después de la pandemia: Navegando hacia una revolución económica y laboral”. Los expositores se referirán a políticas para la reactivación económica, medidas para potenciar el engagement en los nuevos modelos de trabajo y equidad de género. En el primer encuentro, mañana a las 9, se abordará el “Panorama económico y legislativo en Chile post pandemia”.

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