Hace 12 días, la Corte Suprema dejó en suspenso un controvertido proyecto minero que aviva las pocas aguas que se disputan en el valle de Putaendo, en los faldeos cordilleranos de la Región de Valparaíso.

El dictamen del 17 de septiembre de la Tercera Sala Constitucional, que encabeza el juez Sergio Muñoz, obligará a sentarse a la mesa a dialogar mediante un proceso de participación ciudadana al holding minero Vizcachitas, propiedad del grupo canadiense Andes Copper, y a las comunidades que reclaman que podrían ser afectadas por su proyecto, en especial por la demanda de agua en una zona de escasez hídrica.

Vizcachitas pretende construir una mina a rajo abierto en Putaendo, que contempla una inversión de US$1.800 millones, pero las agrupaciones vecinales, agrcultores y canalistas estiman que la explotación generará un fuerte impacto en la disponibilidad de agua del Río Putaendo y su afluente, el Río Rocín.

Junto con la mina, el plan incluye una planta concentradora con capacidad para procesar 60 mil toneladas de mineral por día y producir alrededor de 64 mil toneladas anuales de concentrado de cobre y 1,8 millones anuales de libras de molibdeno.

Para su concreción, la empresa ingresó en mayo de 2019 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un proyecto de sondaje llamado “Las Tejas”, que consiste en 350 perforaciones y una inversión de US$25 millones.

En marzo de este año, la agrupación “Putaendo Resiste” presentó al SEA de Valparaíso una solicitud de participación ciudadana (PAC), para dar su opinión sobre las perforaciones, pero el servicio estimó que no procedía dado que el artículo 94 de su reglamento no contemplan PAC para sondajes, aunque sí para el proyecto minero posterior.

Tras ocho meses de disputa legal, la agrupación logró que el 17 de septiembre pasado la Tercera Sala acogiera su petición. Por ello, el proyecto de sondajes se retrotraerá y se abrirá una ventana para que las comunidades entreguen sus puntos de vista y sus propios estudios.

“Mientras dure el proceso, la compañía minera Vizcachitas no puede desarrollar ninguna exploración en el sector de Las Tejas. No queremos estos sondajes, porque están vinculados a la realización de una mina a rajo abierto en el centro del río Rosín, que es el principal afluente del río Putaendo”, explica Alejandro Valdés, vocero de la Agrupación Putaendo Resiste.

En la misma línea, el director del Centro de Acción Climática de la UC de Valparaíso, Marcelo Mena, sostiene que la empresa debió someterse a una PAC para incorporar estudios independientes sobre el impacto hídrico.

“Ahora la Corte Suprema determinó que se debe realizar el proceso de consulta y aquí un tema relevante que la comunidad quiere aportar es que una de las fuentes de agua de la zona de Putaendo es una zona glaciar de roca, y hay estudios que se deben conocer sobre los posibles impactos. Por eso se debe dar espacio a la comunidad científica y que el proyecto se someta al escrutinio de todos”, apunta el ex ministro del Medio Ambiente de la administración Bachelet. Mena recuerda que en el Congreso está paralizado el proyecto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) presentado por la ministra Carolina Schmidt que contempla procesos de participación ciudadana sin restricciones sobre el tamaño de proyecto.

Desde Minera Vizcachitas manifestaron su disponibilidad para llevar adelante el proceso de diálogo con la comunidad.

“Cumpliremos a cabalidad el fallo y estamos a la espera de las fechas que dictamine la autoridad ambiental”, comenta el director de Asuntos Corporativos de la empresa, Ignacio Melero.

Consultado sobre los posibles impactos hídricos del yacimiento, sostuvo que el proyecto aún se encuentra en fase preliminar. El proceso de participación ciudadana, agregó, “sólo se abocará a entregar antecedentes de los sondajes” que no generarían impactos hídricos. Adelantó que cuando presenten el proyecto minero completo, contarán con todos los antecedentes y estudios.

“Desde hace algún tiempo estamos trabajando con los vecinos y realizamos reuniones periódicas con ellos, aclarando dudas sobre este proyecto que sigue en etapa de desarrollo y por eso hay preguntas que aún no podemos responder”, asegura Melero.

En Vizcachitas sostienen que desde 2016, la iniciativa mantiene un monitoreo de calidad del agua del Río Rocín a través de la empresa SGS Ambiental. Para ello, se toman muestras aguas arriba de la zona donde se pretende instalar el proyecto y aguas abajo. Esta información se entrega periódicamente a la Dirección General de Aguas (DGA).