“Es un mito que nos oponemos a la tecnología. Se ha tratado de demonizar a los notarios para favorecer a las empresas”, lanza de entrada Alfredo Martin Illanes, vicepresidente de la Asociación de Notarios, reiterando así la habitual defensa del gremio cuando de tanto en tanto afloran acusaciones sobre su resistencia a los cambios.

“Nosotros queremos que se apruebe un proyecto, pero un buen proyecto, que proteja la fe pública, que es el activo más importante. El problema es que el proyecto presentado por el Gobierno la debilita”, agrega.

La nueva polémica comenzó a principios de septiembre, luego que las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel ordenaran a las notarías abstenerse de utilizar sistemas computacionales, principalmente biométricos, para autorizar instrumentos privados; al mismo tiempo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, acusaba que, pese a sucesivas solicitudes de urgencia para tramitar un proyecto de modernización, en el Congreso no avanzaba un proyecto de Ley que modernizaba los trámites notariales, presentado el 2018.

Entre medio, la notaria Valeria Ronchera acusó al gremio y a uno de sus colegas de intentar boicotear el sistema digital por ella implementado. “Nosotros impugnamos una escritura pública porque se violentaron normas de orden público”, dice Martin.

“Ronchera desarrolló un sistema tecnológico que lo ofreció a los demás notarios y cuya comercialización no tuvo éxito y la llevó a asociarse con TOC y a ofrecerlo a bancos y otros. Ella no es la notario tecnológica. En ella veo más que un interés comercial que otras cosas. No quiero decir que no se preocupa de su función jurídica, pero no hubo un adecuado equilibrio en el cumplimiento de su función notarial y el uso de la tecnología”, plantea.

Martin sostiene que antes de incorporar mayores innovaciones hay que ocuparse de la ciberseguridad. “Tenemos un informe de la empresa Privacy Rules, que asesora a los gobiernos estadounidenses, que habla sobre el punto, y sabemos también por la OCDE que Chile está a nivel de países africanos en esta materia”, apunta.

Y sobre los costos de los avances propuestos dice que “el Estado habla de mil millones, pero el cálculo que hacen informes externos es de 17 mil millones”.

“Se ha dicho que nos hemos opuesto a todos los proyectos. Son sólo 4 proyectos los que se han presentado y el primero de ellos, presentado por el ex ministro Teodoro Rivera en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y surgido tras escuchar a una serie de actores sociales, lo apoyamos”, apunta.

Ese proyecto pasó el primer trámite en el Congreso, y con el cambio de gobierno quedó paralizado. “Y al final llega este proyecto del ministro Larraín”, sostiene.

“El problema de este proyecto –que crea la figura del fedatario, eliminando en algunos trámites la necesidad de recurrir al notario- es que tiene muchas trampas (…) Vemos ahí un riesgo de la captura de la fe pública y la seguridad jurídica”, dice y agrega que la iniciativa “mantiene la discrecionalidad en los nombramientos y nosotros pedimos meritocracia total, que se establezca un sistema de puntajes. Se vende como una simplificación de trámites, pero en verdad no simplifica nada”.

“También disminuye la fiscalización, que es justamente lo que impide los desbordes de ilegalidad: con la incorporación de los fedatarios, aumenta en 8 veces el número de fiscalizados pero disminuye en 8 veces el número de fiscalizadores”, añade.

“Nos han acusado mucho de lobby, pero basta ver a quiénes recibió el ministro de justicia antes de presentar este proyecto”, dice Martin.

-¿A quiénes?

-A las compañías tecnológicas… Este es un proyecto muy apetitoso para las compañías tecnológicas y para las de seguros. Vemos en él nichos de negocio que no estaban en los otros proyectos.

-¿Por qué el Gobierno querría impulsar esos nichos?

-Eso habría que preguntárselo al Gobierno, pero es lo que nosotros vemos.

-¿Quién quiere beneficiar a estas empresas?

-Tengo muy claro quiénes. Es cosa de ver quiénes intentan presionar a los legisladores para aprobar esto a través de los diarios. Hay una campaña tremenda, está la Acti (Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información), Sonda, ahí va uno deduciendo quiénes están detrás, quiénes son los que están haciendo escándalo publicitario con esto.

“Lo del apagón digital es un slogan. Desde 2011 que venimos pidiendo a la Corte Suprema un autoacordado que fije pisos tecnológicos mínimos para todas las notarías. Y nosotros sí usamos la tecnología. Tenemos muchos adelantos tecnológicos que otros se encargan de ocultar para beneficiar sus negocios”, apunta.

Cita que las notarías emiten más de 5 mil documentos electrónicos al año, que tienen un repositorio electrónico y que cuentan con firma electrónica avanzada para entrega de certificados, copias de dominio, copias de escrituras públicas, además de la iniciación de trámites en línea que permiten a las personas llegar con los documentos listos.

“Durante la pandemia también hemos implementado un sistema de videollamada para comprobar la identidad, y tenemos un programa listo de videollamadas georreferenciadas que presentaremos la próxima semana”, anuncia. Se operará con ellas en “los 20 trámites más comunes, donde se exhibe cédula de identidad”, como cartas o poderes. “No en actos más riesgosos”, aclara

Y defendiendo la comparecencia presencial, afirma que “nosotros podemos detectar si una persona está actuando presionada, si está en condiciones de entender lo que está firmando. Y son muchos los casos de abuelitos que llegan presionados con parientes o cuidadoras a realizar traspasos, y ahí los funcionarios se dan cuenta e indagan un poco más. La sola acreditación de identidad no da seguridad jurídica”.

“La tecnología no reemplaza la función del notario. Las empresas ofrecen comodidad y rapidez, pero más bien lo que hay es ligereza”, remata.

-Se acusa que los notarios ejercen influencia a través de parentescos, por ejemplo, con ministro de corte y autoridades políticas para frenar los proyectos.

-Un estudio que hicimos el año pasado reveló que del total de los notarios y conservadores titulares, no hay más de un 10% que tenga relación de parentesco con miembros del poder judicial o políticos”.

Y a raíz de ello culmina: “no puede haber una discriminación negativa. Por eso es importante establecer un mecanismo de nombramiento (de notarios) que deje fuera toda discrecionalidad.

En representación de Alfredo Martin, a comienzos de septiembre el abogado Juan Carlos Manríquez presentó una querella por usurpación de funciones, fraude, estafa, y falsificación de instrumentos públicos digitales en contra de una serie de apps, que usan el nombre “notario”.

Tras ser acogida a trámite, la causa fue derivada a la fiscalía de Ñuñoa y quedó en manos del fiscal Luis Pino Uribe, quien decretó las primeras diligencias.

“Planteamos que un número considerable de personas naturales y jurídicas están utilizando la expresión “notario” dentro de una serie de ofertas de servicios digitales. Están fingiendo, usurpando y ostentando una condición que por ley está reservada exclusivamente a quienes tienen esa denominación, función y nombramiento oficial”, dice Manríquez.

“El hecho es bastante grave, sobre todo por la potencial inducción a que las personas realicen actos comerciales y civiles en el convencimiento que son válidos, cuando en realidad son actuaciones nulas que les pueden traer un enorme perjuicio económico, pérdida de bienes considerables o bien incluso ser sujeto de fraudes”, explica.

El abogado cuenta además que la querella podría ampliarse: “Hemos recibido un estudio que nos puso en alerta sobre el uso de estas apps en el traspasos de vehículos que están perjudicando las arcas municipales”.

Martin especifica que en el caso de compraventas con vehículos en parte de pago, las automotoras que usan estas apps hacen al vendedor firmar un contrato y esa firma la pegan después al contrato de compra, y la gestión afecta también a impuestos, que podrían no ser declarados.

“No se entiende cómo, por ejemplo, los alcaldes, que deben velar por el patrimonio municipal y la mantención de las rentas municipales, no hayan reparado en que los miles y miles de contratos por los que se están transfiriendo vehículos a través de estas apps pudieran ser elusivos del pago del impuesto municipal”, plantea Manríquez.