En pocas semanas más tendremos nuestro plebiscito constitucional y, con él, un proceso inédito en la historia del Chile independiente. Tras el pacto de noviembre de 2019, el sistema político entendió que esta era la única manera de buscar un mecanismo para reconstruir las confianzas colectivas y posibilitar los acuerdos que nos regirán las próximas décadas, sin que esta vez hubiese ganadores con ventajas espurias.

Aunque la oportunidad es única, las condiciones que la enfrentamos están llenas de incertidumbre. El plebiscito se desarrollará en plena vigencia de un estado de excepción constitucional, luego de cerca de ocho meses de medidas sanitarias de aislamiento que han impedido el desarrollo de actividades colectivas presenciales, aquellas que precisamente hacen posible la interacción y la confianza entre las personas. Por el contrario, hemos sustituido estas por relaciones virtuales, que facilitan la polarización de escritorio. El efecto que ello puede tener sobre lo que vivamos a partir del 25 de octubre es una completa incógnita para la magnitud del proceso, especialmente si las medidas se mantienen durante 2021.

Esto exige de quienes ostentan cargos públicos la mayor de las responsabilidades. Tener conciencia del tiempo histórico y la contingencia en la que este se desarrolla es fundamental para tener éxito, asumiendo que este momento constitucional es irreversible y que comprometerá a las generaciones futuras.

Por eso el rol del Presidente de la República es determinante, y la manera en que él actúe es clave para el comportamiento republicano de todas las autoridades. Por la transcendencia del momento, este debe entender que hoy se le exige más que nunca que cumpla su rol de jefe de Estado, es decir, que garantice la unidad y el adecuado funcionamiento de las instituciones. Las normas que permiten este proceso le otorgan varios roles simbólicos. Debe convocar al plebiscito de entrada; si gana la opción Apruebo debe llamar a elección de convencionales; una vez electos debe facilitar la instalación de la convención, y, finalmente, convocar al plebiscito de salida si la convención acuerda un texto.

Por eso el Presidente cumple una función central. La responsabilidad de que el proceso se lleve a cabo en los tiempos extraordinarios que vivimos debiera impedir cualquier tentación de influir en las alternativas de discusión que son exclusivas de la convención. El proceso constituyente es para el Presidente Piñera su última oportunidad de dejar un legado. Este no se definirá en el contenido de la nueva Constitución, sino en la garantía de imparcialidad que le debe otorgar al proceso. En eso consiste su responsabilidad como jefe de Estado, la que juró cumplir fielmente al momento de asumir su mandato.

La discusión sobre los aranceles regulados nos pone frente a dos cursos de acción. La salida fácil: más fondos para paliar los déficits que produce la gratuidad. La opción responsable —y más compleja— es discutir con base en la evidencia las soluciones reales, pues lo que está en juego es nuestro sistema terciario.

La crítica a la gratuidad no es nueva. Carecía de una estrategia y visión futura de la educación superior, reduciendo el sistema de financiamiento a la sola política de gratuidad, sin comprender el aporte de las IES en generación de conocimiento e ignorante ante el funcionamiento del sistema, lo que se ve claramente reflejado con la regulación de aranceles definida por la ley. Tampoco ha logrado sus objetivos ni en equidad ni en calidad.

La necesidad de repensar el sistema de financiamiento es clara. Por una parte, una visión comprensiva del sistema y el aporte que realiza en su conjunto, tanto en docencia como en generación de conocimientos. Ello permitiría avanzar hacia criterios de asignación de recursos en función de la calidad de las IES y su capacidad, en vez de criterios arbitrarios como su año de creación.

Por otro lado, es muy relevante la colaboración de las familias y del Estado para el financiamiento de la educación superior en cuanto es un bien público, pero también privado. Cursar la educación terciaria permite una importante movilidad social que se refleja en las oportunidades laborales y salariales. Mediante los instrumentos adecuados es posible crear un sistema equitativo que logre garantizar la educación y otorgar gratuidad durante el tiempo de estudio, a la vez de que exista una retribución futura de los egresados conforme a su nueva situación económica.

En lo inmediato es imprescindible la mejora del sistema de créditos y, a su vez suspender la ampliación de la gratuidad hacia los deciles 7, 8 y 9 y eliminar las restricciones de cobro para los alumnos de los deciles que aún no ingresan a la gratuidad, como también de aquellos que se atrasan en sus estudios.

Por supuesto, nada de lo anterior resulta fácil. Pero se requiere ante todo voluntad política por parte de los legisladores, y de quienes lideran hoy las casas de estudio, para exigir soluciones de fondo y no parches superficiales; de lo contrario seguiremos comulgando con ruedas de carreta.

El 2021 viene complejo. Mientras no exista una vacuna que permita proteger del coronavirus a las poblaciones más vulnerables, las medidas de protección personal serán imprescindibles para preservar la salud y evitar muertes. Muchas medidas son por todos conocidas: lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol gel; uso de mascarilla; escudos faciales, protectores de ropa, calzado y guantes plásticos, entre otros, particularmente en residencias.

La complejidad y altos costos asociados a todas y cada una de estas medidas de protección y prevención frente al contagio son una gran preocupación para el Hogar de Cristo, el que desde mediados de marzo ha mantenido a cuatro mil quinientas personas en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en cuarentena: adultos mayores, hombres y mujeres con discapacidad mental y personas en situación de calle. Establecer barreras sanitarias efectivas en torno a ellas pasa por contar con estos elementos de protección personal, tanto para acogidos como para trabajadores. Hasta ahora, el uso de elementos de protección y la aplicación estricta de los protocolos nos han permitido mantener bajos niveles de contagio en nuestros programas.

Este 2020, hasta julio habíamos invertido mil 400 millones de pesos en estos resguardos sanitarios. En nuestra proyección de costos 2021, ello representan un aumento de un 5% del presupuesto. Considerando que el aporte estatal a nuestros programas sociales ha disminuido cada año, y que producto de la pandemia nuestros recursos se han reducido, por la menor recaudación de ingresos de socios y donantes, mantener una barrera protectora que resguarde la vida de los más vulnerables es inviable sin el apoyo del Estado a través de la provisión de estos elementos de protección personal tan cruciales.

En Villa Giacamán, Hualpén, Región del Biobío, atendemos 52 adultos mayores con alta dependencia, duras experiencias de vida en calle o abandono en zonas rurales, muchos con avanzado deterioro cognitivo. En esa residencia se requieren 7.500 mascarillas cada mes para precaver contagios. Ese implemento ha mantenido a salvo a los disciplinados japoneses: un país de 127 millones de habitantes que tiene menos de mil muertes por covid-19 —cuando en Chile somos 17 millones y han fallecido 12.013 personas— es vital para proteger la integridad y la vida de los adultos mayores de Hualpén, y de todas nuestras residencias a lo largo de Chile.

Para garantizar su derecho a la salud, y de quienes los cuidan, necesitamos que el Estado contemple, en el Presupuesto de la Nación 2021, el financiamiento de estos gastos extraordinarios originados por la pandemia para las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios socio sanitarios estratégicos, en favor de la protección de las poblaciones más vulnerables del país.