“No estoy en contra. Pero creo que Chile debe ser consciente de los efectos que trae. Discutámoslo responsablemente y veamos si se va a adecuar la legislación chilena a lo que plantea el acuerdo y que no nos obliguemos a cosas que no vamos a cumplir. No entiendo cuál es la presión por firmarlo, si para que entre en vigor deben ratificarlo al menos 11 países y hasta ahora lo han ratificado nueve”.

“Sería coherente con mantener el prestigio de Chile, que de buena fe lideró, negoció e invitó a otras naciones a firmar. El Gobierno ha improvisado varios argumentos para no firmar, todos descartados por expertos. Si el temor es la ‘litigiosidad', hay que tener claro que en el corazón de Escazú está justamente el propósito de evitar conflictos, al dar adecuado acceso a información y participación a los afectados”

“Entrado en vigencia el acuerdo, Chile no está obligado a hacer reformas legales. Para implementar, el acuerdo indica un objetivo, pero no el camino. Si el camino son cambios legales, administrativos o de gestión, lo definen los países. Es un compromiso de avanzar progresivamente y sin retroceso a una garantía plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y la justicia en materia ambiental”

“La integración no solo debe ser comercial, sino sustancial, y Escazú es un pequeño paso. Coincido en que no implica un cambio sustancial en nuestras reglas de información, por lo mismo, debemos someternos a los estándares de revisión internacional. Es la única forma de tener un mejor desarrollo: más información, más participación, más justicia. No en oposición al desarrollo, sino para generarlo”.

“Me parece que se debe ratificar el Acuerdo de Escazú. Corresponde a un tratado destinado a proteger el derecho al acceso a la información ciudadana y la participación de la comunidad, elementos centrales en la gestión ambiental, los que por lo demás son reconocidos tanto en el actual ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de los últimos años en nuestro país”.

“Es esencial suscribirlo, pues apunta a establecer cimientos sólidos de nuestra democracia ambiental. Que Chile no lo firme, sería una señal que debilita los avances y limita el anhelado desarrollo sostenible. Nuestra institucionalidad y legislación ambiental deben cumplir con las exigencias ambientales que requiere el tiempo que vivimos, y en ese contexto los principios de transparencia y responsabilidad deben ser fortalecidos e implementados.

“Chile, sin duda, debe suscribir el Acuerdo de Escazú por distintas razones: lideró las negociaciones del primer tratado de medio ambiente y DD.HH. en la región, junto con Costa Rica, y se asienta como un líder en la cooperación multilateral frente a los problemas medio ambientales; si bien la institucionalidad se ha ido robusteciendo con el tiempo, el acuerdo impone un nuevo estándar para el acceso a la información, la justicia y la participación en la toma de decisiones en temas ambientales; porque el desarrollo sostenible no es sólo un conjunto de políticas para evitar daños o mitigar sus efectos, sino también mayores espacios de participación enmarcados en el concepto de democracia ambiental, y finalmente, porque impone deberes de protección desde el Estado a los defensores del medio ambiente y la tierra”.

“Soy partidario de ratificarlo. Pero reconozco que la litigiosidad ambiental y la demora en evaluación de proyectos podrían aumentar. Por ello, se debiera buscar un acuerdo amplio que junto con ratificarlo, reduzca los plazos efectivos de evaluación ambiental, y elimine recursos redundantes como el de invalidación ambiental”.