Un nuevo capítulo se conoció hoy sobre la investigación por la visita del secretario del Senado, Raúl Guzmán, a un restaurante de la comuna de San Miguel en plena cuarentena. De acuerdo a lo señalado por Radio Bío Bío, Marcela Cartagena, fiscal regional de la Octava Región, ya tendría los antecedentes para formalizar a la máxima autoridad administrativa de la Cámara Alta por infracción al artículo 318 del Código Penal, que se aplica a quienes violan las restricciones establecidas durante la pandemia.

El 25 de junio a las 13.30 horas, Guzmán compartió mesa con Patricio Rosas, fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, y el asesor de este, Roberto Contreras, en el local de comida chilena. Según la investigación de la emisora, la PDI accedió a cámaras de la municipalidad y de edificios cercanos que permitieron concluir que los tres investigados almorzaron durante una hora y 45 minutos en el recinto. Esto contradice la versión que Guzmán habría entregado el 9 de julio a la comisión de Régimen Interno del Senado, donde explicó que fue a buscar libros de derecho constitucional y compró comida para llevar. En ese entonces la instancia parlamentaria acordó no tomar medidas hasta el término del procedimiento en curso.

“Si lo formalizan (a Raúl Guzmán) es otra cosa. Ahí seguramente la mesa va a entregar todos los antecedentes a la comisión de Régimen”, señaló a La Segunda el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS).

Mientras algunos parlamentarios contactados por este medio prefirieron no hacer declaraciones sobre lo ocurrido, el senador Pedro Araya (independiente del comité PPD), integrante de la comisión de Ética, señaló: “No me refiero a procesos judiciales en marcha. Me parece que es una pésima práctica que tiene la fiscalía de que las investigaciones se conozcan por la prensa, eso atenta contra el debido proceso y el principio de inocencia. Sería bueno que el fiscal nacional tome cartas en el asunto, porque no es primera vez que se conoce de procedimientos judiciales a través de los medios, lo que vulnera los principios del proceso penal”.

El cargo de secretario del Senado es de exclusiva confianza de la Sala, por lo que su futuro está en manos de los parlamentarios. Guzmán asumió en el cargo en abril de 2019, con una duración de tres años.

De acuerdo a altos funcionarios del Senado, más allá de la situación judicial, “cada vez queda más clara” una contradicción entre lo que señaló a comisión de Régimen y los antecedentes de la Fiscalía. Y si eso se comprueba, agregan, afectaría la esencia de su cargo. Por eso otro abogado de la corporación señala que una opción de la comisión —si es que no quiere abrir el flanco de una nueva búsqueda de secretario— sería iniciar un sumario interno. Esto solo lo podría llevar a cabo un funcionario de igual o mayor rango; es decir, un senador. De todos modos, el acuerdo de la comisión de Régimen sería mantenerlo y esperar que termine el juicio.

“Desde Chile Transparente hemos manifestado desde el primer momento la importancia que esto se investigue y se sancione adecuadamente, no sólo por los tipos penales que pudiesen estar involucrados, sino porque aquí estamos hablando de un funcionario de tanta importancia como es el secretario general del Senado”, dice Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. La “serie de contradicciones en su versión”, dice, requiere que se deban tomar “decisiones de manera urgente sin tener que seguir dilatando esta situación, que lo único que hace es dañar al Senado”.

Mientras la investigación no esté formalizada, agrega Precht, es difícil que se tome una decisión como suspenderlo. Pero si lo formalizan en los próximos días “normalmente ocurre que, para incluso facilitar la defensa del imputado, este suspenda el ejercicio de su función”.

Rodrigo Mora, uno de los redactores de la Ley de Transparencia y actual docente de la U. de Chile, señala que “aún cuando existe un proceso en curso que va a determinar la responsabilidad penal del secretario del Senado en la violación de la cuarentena, los cargos son gravísimos considerando su calidad como jefe de servicio y ministro de fe de la Cámara Alta”. Por su labor, recalca, “debe observar los máximos estándares de la probidad pública establecidos en la Constitución y en las leyes especiales del Congreso”. Y detalla que el reglamento del Senado dispone que puede ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta.

Otro funcionario comenta que una opción “más elegante” es reducir su espacio. De hecho, últimamente los documentos del Senado están firmados por Roberto Bustos, prosecretario, quien ha comenzado a tener un rol más activo en lo administrativo, y la abogada Pilar Silva un mayor protagonismo en el debate en la sala.