“Nadie es experto urbanista en pandemia”, dice Sergio Baeriswyl (60), medio entre risas. Tras el terremoto de 2010, el arquitecto y urbanista debió liderar la reconstrucción del borde costero de la Región del BioBío sin tener mayor conocimiento ni experiencia en la materia. La labor le valió el reconocimiento como Premio Nacional de Urbanismo, en 2014.

Esas condiciones extremas, sobre las que ninguna universidad enseña a planificar, se repiten ahora en forma de pandemia y con Baeriswyl como presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) –órgano consultivo y asesor en el cumplimiento de la política urbana–. “Tenemos que actuar de manera muy táctica, tratando de leer lo que está pasando, tratando de tener mucha información para ver qué de lo que está pasando es efectivamente una responsabilidad de la ciudad y qué no. Hay que poder separar la paja del trigo”, sostiene.

–Tras el 27F, se reconstruyó. El 18-O levantó la necesidad de repensar la ciudad, y ahora esto. ¿Qué demandas convergen? ¿Cómo separar la paja del trigo?

–Todas las crisis son pruebas a las cuales se somete la ciudad. Dejan entrever las debilidades. Es muy importante que cada una de estas situaciones lleve a revisar, a repensar la política pública. Las lecciones hay que sacarlas con mucho análisis, datos, sobre todo convocando a la mayor cantidad de actores. Con el Consejo, después del 18-O, citamos a más de 130 personas para visibilizar los problemas de inequidades de las ciudades, y cuáles eran las alternativas que teníamos. Cómo la ciudad puede transformarse en un vehículo de reintegración, de reconciliación, de mayor equidad. Reconociendo, por cierto, que las ciudades son una reproducción literal de un modelo social y económico. Ahora, por la pandemia, convocamos a otros 26 expertos en distintas materias, desde la salud, pasando por transportes y otras áreas. Constatamos varias cosas interesantes que nos permitieron ver qué de lo que está pasando son deudas de la ciudad.

–¿Cuáles serían esas deudas?

–Hay una directa relación entre las comunas que presentan mayor déficit habitacional y hacinamiento, y el mayor número de contagios. Una ciudad que tiene controlados sus problemas de déficit está en mejores condiciones para enfrentar el encierro y la pandemia. También nos dimos cuenta de que la brecha digital era una inequidad en el acceso a un servicio público. Lo mismo con el transporte.

–¿Cuáles serían las soluciones?

–Para el estallido social, elaboramos una Agenda Social Urbana –aprobada en enero por el Gobierno– que propone 12 medidas para reducir el déficit habitacional, hoy cercano a las 400 mil viviendas, a un 50% para 2025. Es una meta ambiciosa. Para la pandemia, llegamos a 46 propuestas, en las que planteamos caminar hacia una ciudad saludable. Eso significa, primero, que sean de 15 minutos. Que priorice al peatón, al ciclista, sin excluir al vehículo ni al transporte público. Segundo, que exista un transporte sustentable y, finalmente, que el medioambiente sea saludable, pensando sobre todo en ciudades del sur de Chile. Con esos tres componentes definimos una estrategia para transformar las ciudades progresivamente en ciudades saludables. Y que este concepto esté en los objetivos de planificación.

–Cuesta imaginar cómo mover a Santiago, una ciudad tan segregada, hacia una de 15 minutos…

–Afortunadamente, Santiago no es Chile. En el país existen muchas ciudades de 15 minutos, donde te puedes desplazar a pie o en bicicleta para llegar a todos los servicios básicos. Hay que cuidarlas. Para Santiago y otras áreas metropolitanas, como Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano, es una meta alta. Pero si ésta no es ambiciosa, no hay propósito. Hay que ir viajando progresivamente, pero con consistencia y claridad, focalizando la inversión pública de equipamientos y servicios en las zonas más deficitarias, incentivando la inversión privada en servicio y rediseñar los planes reguladores para que aseguren usos mixtos y promuevan nuevas centralidades, especialmente donde se concentra el déficit urbano.

–¿Cómo conjugar esto con el déficit habitacional?

–Estamos trabajando en una propuesta que entregaremos al Ejecutivo en octubre y que tiene precisamente ese foco. Apunta a los lugares que hoy tienen un déficit de ciudad, los barrios a los que llegaron muchas casas, pero no las áreas verdes, las farmacias, los colegios. Ahí hay que hacer regeneración urbana. Y el otro punto es insistir en la producción de viviendas sociales, siempre y cuando, sean integradas. Eso significa que cada una que se construya con subsidio se emplace en un lugar que tenga atributos urbanísticos suficientes. Si no los hay, que se puedan proveer, garantizar. Y evitar los procesos de expansión periférica desprovista de equipamiento, que es lo que ocurrió en Chile por más de 40 años, con una política de vivienda cuyo foco estaba en la cantidad, en la producción más que en la construcción de ciudad. Eso generó un stock muy grande de problemas acumulados.

–Tras el terremoto, propuso incorporar el concepto de riesgo en la planificación urbana. ¿Cómo renovar esta idea a partir de esta crisis?

–En la política pública no se conocía la amenaza de una pandemia, como para el 2010 tampoco se reconocían los tsunamis. Y como en el 2014/15, no se reconocían los incendios forestales. Las amenazas de eventos naturales se están agregando al listado de riesgos que deben evaluarse y, en lo que corresponda a planificación urbana, hay que incorporarlo. Hemos planteado con fuerza que si bien este es un tema de salud, las ciudades más integradas y equitativas tienen más oportunidades de superar la pandemia. O, por lo menos, de llevar un encierro con dignidad. Eso se debe incorporar en la política pública. Muchos ya hablan de la importancia de la superficie mínima de las viviendas, de que por muy sociales o integradas que sean, tienen que tener un balcón. Nosotros en la reconstrucción del borde costero acuñamos el concepto de resiliencia, que es muy importante, porque Chile es un país muy amenazado por la naturaleza.