Tienen razón los que sostienen que el estallido social no comenzó como una reivindicación para cambiar la Ley Fundamental: las miles de personas que marcharon lo hicieron para exigir mejores condiciones materiales (que iban desde una rebaja del precio del metro a una relación más horizontal y equitativa entre empleados y empleadores), y no para demandar una nueva Constitución. ¿Por qué, entonces, esa sumatoria de exigencias sociales se transformó en un conflicto político e institucional con resultados estructurales? ¿Por qué vamos a reemplazar la Carta Magna?

La respuesta tiene, al menos, dos planos: el primero es estrictamente “constitucional”, y remite al articulado actual, el cual ha sido, como es bien sabido, reformado en repetidas ocasiones. El segundo puede resumirse bajo el concepto de “constituyente”, cuyas particularidades refieren a las circunstancias en las que la Carta de 1980 fue pensada, escrita y luego puesta en vigor. Me parece que la hondura del problema se concentra sobre todo en este último punto, ya que lo que está en juego, y por tanto sujeto a una mayor cantidad de críticas, es el mecanismo originario de la Constitución.

Por supuesto, hay juristas que, con razón, todavía ven una serie de problemas en ella; problemas que dicen relación con los altos quórums que se requieren para aprobar ciertas leyes o con el sistema político que históricamente nos ha regido. Sin embargo, si las discrepancias fueran meramente constitucionales, bastaría conmodificar uno que otro artículo, ahorrándonos un proceso que —no se puede negar— tiene altas cuotas de incertidumbre. En ese sentido, votar Apruebo es algo más —y también algo distinto— que estar a favor o en contra de una materia específica de la Constitución vigente.

Es algo más, pues el dilema constituyente sobrepasa con creces el conflicto constitucional, tanto por el contenido simbólico que de allí ha emergido como por la oportunidad que se nos presenta para tener una discusión que, desde el presente, sea deferente con el pasado y consciente de las urgencias del futuro. Y es algo distinto porque, por primera vez, será la soberanía popular la que decidirá la puerta de entrada, así como el producto de salida. Esto es original y novedoso, dos características que, bien ejecutadas y sin ánimos refundacionales de ningún tipo, deberían marcar lo que se nos avecina.

Los convencionales tendrán, en breve, que pensar en ambos niveles cuando negocien los temas de la nueva Carta. Respecto al nivel constituyente, no querrán, me parece, repetir el error de la dictadura y botar por la borda lo importante que es que todas las fuerzas se sientan cómodas y representadas. Esa es la única forma de que la legitimidad de este momento sea incontestable y perdurable en el tiempo.

Sabemos que en Chile existe una abismante brecha en los desempeños educacionales, que se correlaciona directamente con los grupos socioeconómicos de la población. Este dramático diagnóstico hace muy difícil emparejar la cancha en oportunidades para el grupo más carenciado, tendiendo a perpetuar la inequidad y provocar un techo para los sueños de desarrollo y paz social.

La situación de pandemia nos sitúa en un punto límite. Producto del cierre presencial de las escuelas, muchos niños y jóvenes de los contextos más vulnerables han detenido sus procesos de aprendizaje que llevaban. Esto cierne la amenaza de la deserción escolar y el retraso en la adquisición de aprendizajes, habilidades y conocimientos que serán muy difíciles de recuperar. Es innegable que cientos de profesores de estas escuelas y liceos están haciendo un gran esfuerzo con los recursos que cuentan, pero lo cierto es que hay una gran posibilidad de que la cancha se haga más dispareja, aumentando la brecha educacional y socioeconómica.

Estando en septiembre y con un escenario muy incierto por delante, los que trabajamos en educación en situaciones complejas queremos focalizar todo nuestro esfuerzo en que ningún niño, niña o joven se nos quede atrás en el proceso de aprendizaje. Para ello nuestros equipos de los colegios están haciendo esfuerzos sobrehumanos para contactar a todos los estudiantes, sostener clases en los diferentes formatos posibles y aventurándose a evaluar los aprendizajes con métodos que hasta ahora nunca habíamos usado.

Cuando llegue la fase 4, y si se nos permite abrir nuestras escuelas, no debemos caer en el maniqueísmo de separarnos entre los que están por abrir y los que no lo quieren hacer. La respuesta la debe dar la urgencia que tenemos en Chile de que ningún estudiante se nos quede atrás. Por lo tanto, creemos que lo más acertado es continuar con proceso de educación a distancia en todos los casos que esté resultando y, a la vez, retomar las clases presenciales para apoyar a los estudiantes que más lo necesiten, con un único firme propósito: que ninguno se quede atrás.

La última Conferencia Chile Day fue el año pasado, en Londres, y el objetivo fue impulsar la idea de convertir a Chile en un centro financiero regional. Aún cuando este sueño resultaba un poco pretencioso en una región que de tiempo en tiempo debe recurrir a instituciones multilaterales para financiar sus déficits, había buenas razones para estar optimistas respecto de la posibilidad de exportar servicios financieros a la región y al mundo.

Entre otras, un sólido sistema financiero; un sistema de pensiones basado en el ahorro individual, administrado por entidades independientes; y una institucionalidad estable, con protección a la propiedad privada y trato igualitario frente a la ley.

Se han erosionado algunos de estos pilares y, por lo tanto, tendremos que olvidarnos del Chile Day y el soñado centro financiero regional, por un tiempo al menos. Los últimos diez años hemos visto un persistente aumento del endeudamiento, por sobre países de desarrollo comparables, y una evidente incapacidad de los gobiernos de estabilizar el gasto y conseguir una consolidación fiscal.

Tampoco ayudan las voces que piden la expropiación del ahorro previsional, el impuesto al patrimonio y la forma en que se aprobó la reforma para retirar el 10% de las pensiones.

Hasta hace unas semanas, los gastos eran iniciativa del Ejecutivo, y no del Legislativo. Solo dos meses antes los actores políticos habían logrado un acuerdo para limitar el gasto fiscal dedicado a aliviar los efectos de la pandemia. Vale la pena preguntarse a quién importa esto, o como dirían nuestros anfitriones del Chile Day, who cares?. Y la respuesta es que debiera importar a todos los que trabajan, a los que invierten, a los que ahorran.

El Chile Day es entonces el reflejo de nuestra mejor marca en la combinación de atributos para alcanzar el desarrollo y que con orgullo salíamos a pregonar. Todos entienden que hay un valor en dar señales al mundo sobre el respeto a las reglas de libre mercado, que aun cuando ha tenido problemas de oligopolios y corrupción en algunos casos, en lo fundamental ha funcionado.

Mirado con base en la evidencia, nuestro sistema ha sido una herramienta extraordinariamente efectiva para generar oportunidades y disminuir la pobreza de manera espectacular. Ciertamente debemos hacer un esfuerzo para conquistar los corazones y las mentes de quienes sin fundamento declaran que ha sido una herramienta usada por algunos a expensas del resto.

Por eso es que debemos seguir soñando con el próximo Chile Day. Con que, aun cuando nos tome otro cuarto de siglo conseguirlo, seremos capaces de exportar servicios financieros de clase mundial, con toda la prosperidad que ello acarrea para los países que son capaces de entrar a esa liga.