En una carta dirigida a sus clientes, el titular de la Segunda Notaría de Santiago, Francisco Leiva, descarta las acusaciones de su par de la Décima Notaría, Valeria Ronchera, de realizar intentos de fraudes al sistema de reconocimiento facial, saboteando así la tecnología incorporada en su local y que permitía realizar trámites a distancia.

Permitía, pues ya no, luego de la que Corte de Apelaciones de Santiago suspendiera su uso, tras acoger un recurso interpuesto por la Asociación de Notarios, que incorporó entre las pruebas de la poca fiabilidad del sistema las acciones de Leiva.

Según consignó ayer “La Segunda”, la notaria Ronchera afirmó en un escrito presentado a la Corte que Leiva “imprimió en colores una máscara de su rostro a tamaño real, se la puso sobre la cara y, a través de tal estratagema, realizó múltiples intentos de validar su identidad… hasta lograr que la plataforma informática reconociera su máscara como el rostro de una persona viva”.

Leiva -quien ayer se excusó de responder al ser consultado por este medio- reafirma en su misiva que él no participa activamente de la Asociación de Notarios que impugnó el uso de los avances tecnológicos y añade que la Corte no accedió “a incoar una investigación respecto a mi persona, pese a su solicitud expresa (de Ronchera), ni manifestó reproche alguno a mi actuar”.

Y tras ello explica lo que hizo: “Al tener conocimiento del cuestionamiento al sistema de verificación de identidad mediante el uso de biometría facial denunciado por la Asociación de Notarios, realicé el ‘ejercicio' de comprobar personalmente la seguridad y fiabilidad del mismo, con mis datos personales sin buscar ocultarme”.

“En la primera oportunidad, no en varios intentos como se señala, la plataforma validó indebidamente una fotografía de mi rostro, lo cual demuestra su vulnerabilidad manifiesta y las graves consecuencias que puede importar para el orden público económico y la seguridad jurídica, que la función notarial se base en un sistema de acreditación de identidad que no ofrece mínimas garantías”, añade.

Y remata: “Es importante agregar que las firmas que se autorizaban eran erróneamente calificadas como Firmas Electrónicas Avanzadas (FEA), siendo que se trataban de Firmas Electrónicas Simple (FES), lo cual se encuentra controvertido ante la Entidad Acreditadora dependiente de la Subsecretaria de Economía”.

Tras ello asegura que “la colega (Valeria Ronchera) en sus descargos omite intencionalmente, que fui yo quien personalmente le informó a la mañana siguiente del resultado de mi ‘ejercicio' y las razones del mismo, que no era otra que mi preocupación por la incuestionabilidad de las actuaciones notariales, en cuanto auxiliares de la administración de justicia y la observancia de nuestras principales funciones: la justicia preventiva y la fe pública”.

Leiva también las emprende contra la notaria, diciendo que “al informar la colega que ha decidido dejar de utilizar la controvertida plataforma, hace un reconocimiento implícito a la fragilidad del sistema, no haciéndose cargo de su ostensible error… Siempre he actuado de manera recta y apegada al principio de legalidad, entregando lo mejor de mi experiencia y consejo de manera oportuna y eficaz”.

Luego de la prohibición de la Corte de utilizar la tecnología de reconocimiento facial y de la lenta tramitación del proyecto que pretende modernizar el sistema (ver recuadro), el abogado experto en transparencia, Mauricio Daza, cuestiona el accionar en el rubro. “Las notarias no pueden actuar como una suerte de cartel amparado en una legislación propia del siglo XIX. Se ha llegado al absurdo de que aquellas notarias que pretenden dar un mejor servicio ocupando las tecnologías disponibles deben enfrentar la hostilidad del resto de los notarios”, dice.

Y luego apunta que “la principal demora del proyecto de modernización del sistema es del Gobierno. No existe ningún motivo razonable para explicar la demora que no sea el lobby.

Con él concuerda el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht: “Pasan los siglos, y el sistema notarial chileno sigue absolutamente sin ningún tipo de variación, como una casta de intocables… A esta altura resulta absolutamente inentendible que este proyecto no haya sido aprobado y que hoy, en medio además de una pandemia, tengamos que estar obligados a hacer trámites completamente presenciales y que por otro lado se siga manteniendo los privilegios que este tipo de negocios tiene.

Hoy en una carta en “El Mercurio”, el ministro Hernán Larraín apuntó a la comisión de Constitución del Senado por el proyecto que modifica el sistema registral y notarial. Esta ahí desde enero pasado.

Pero el presidente de la comisión, Alfonso de Urresti (PS), dijo que “al contrario de lo que señala el ministro, la actividad no ha reducido la velocidad de tramitación de los proyectos. El propio Ejecutivo priorizó proyectos como los ‘indultos humanitarios' para beneficiar a los delincuentes de Punta Peuco. A ello debemos sumar diversas iniciativas asociadas a la pandemia”.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) dijo que “si el ministro quiere ver mañana el proyecto, ningún problema, pero tiene que dejar de ver otros. (Ahora) las urgencias son de papel pero nunca hay una gestión política para decir ‘partamos esta semana'”. El senador Pedro Araya (independiente) dijo que “el ministro sabe perfectamente que la comisión está trabajando a full. El proyecto de notarios es un proyecto bastante complejo y existen varias dudas sobre lo que está proponiendo el Ejecutivo”.

El senador Rodrigo Galilea (RN) dijo que “hoy tenemos muchos temas, pero también hay que hincar el diente a estas otras materias”.