En una presentación realizada ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 21 de agosto de 2020, la notario Valeria Ronchera Flores, de la Décima Notaría de Santiago, denunció a su colega Francisco Leiva Carvajal de haber realizado el 6 de agosto un “atentado” y un intento de “vulneración al sistema de autentificación de identidad” implementado por ella.

Leiva es titular de la Segunda Notaría de la capital, que es reconocida por el alto número de transacciones y por ser una de las que usa La Moneda. También es hermano del diputado Raúl Leiva del PS.

“Imprimió en colores una máscara de su rostro a tamaño real, se la puso sobre la cara y, a través de tal estratagema, realizó múltiples intentos de validar su identidad… hasta lograr que la plataforma informática reconociera su máscara como el rostro de una persona viva”, detalla Ronchera en el escrito.

El documento que incluye la denuncia contra Leiva corresponde al informe que la corte le pidió a Ronchera tras una presentación hecha por la Asociación de Notarios, que buscaba paralizar la implementación de la firma electrónica y reconocimiento facial que ella y otros notarios habían iniciado.

La presentación de la Asociación fue revisada la semana pasada por el tribunal, que determinó ordenar a las notarías que “se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza”. Dicha resolución fue revisada ayer y, según confidenciaron fuentes de la corte, el pleno habría reconsiderado la decisión, permitiendo al menos el sistema de firma electrónica.

Ronchera detalló en su informe que el intento de vulneración realizado por Leiva no tuvo éxito: el trámite que él realizó (declaración jurada de no estar afecto a inhabilidades establecidas en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado) fue objeto de revisión manual (procedimiento incorporado al sistema), “detectándose el fraude en el proceso de autentificación de la identidad”.

En la presentación expuso otro supuesto intento de fraude durante las etapas de prueba del sistema, por Sebastián Martínez García, uno de los dueños de NotarioExpress, empresa que ella identifica como “socio estratégico en la oferta de servicios de la Asociación de Notarios, que actúa precisamente como denunciante en estos autos… O sea, una empresa con interés comercial en la materia”.

Detalló que Martínez “validó su propia identidad” con un video que había tomado de sí mismo (el sistema supone que la persona debe ser captada por la cámara del dispositivo, en vivo y en directo), suscribiendo luego una carta poder para cobro de finiquito.

Ronchera pidió a la Corte que “se investiguen los graves hechos consistentes en los intentos de vulneración del sistema de fe pública digital de la Notaría Ronchera, que se produjeron a través de la alteración fraudulenta de los instrumentos de autentificación de las identidades… ordenando en definitiva que se cese en estas actuaciones hostiles y reñidas con la función notarial, y disponiendo las sanciones que en Derecho correspondan”.

Informó además a la Corte que “tras estos dos ataques, ambos provenientes de personas y empresas ligadas a la fe pública, suspendí el funcionamiento del módulo de servicios en línea con miras al fortalecimiento tecnológico de la fase de identificación por parte de los prestadores de servicios de certificación, con la desazón y desconcierto que sus únicos atacantes hayan sido precisamente un notario, y los socios tecnológicos de la Asociación de Notarios de la que soy parte”.

En su interés por paralizar dichos trámites digitales, la Asociación de Notarios realizó una presentación paralela ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, cuestionando el uso de esos procedimientos por parte del notario Sergio Arenas. Mostró el caso de transferencia de un auto, trámite que también hizo el notario Leiva, a modo de usuario particular.

La transacción fue cuestionada por la Asociación debido a que el contrato fue suscrito en una automotora que no estaba ubicada en la jurisdicción de San Miguel, y autorizado en la notaría de Arenas “dos meses después, sin presencialidad” y “sin que el notario disponga de herramientas que le permitan verificar la autenticidad de dichas huellas y mantener un control y/o trazabilidad de los trámites”.

En su informe, Arenas replicó que él trabaja con la empresa Autofact, explicitando las medidas de seguridad de la información que ella toma.

La Segunda pidió una versión al notario Leiva, quien se excusó de hacer comentarios “a la espera de lo que resuelvan mis superiores”. También intentó comunicarse con la empresa NotarioExpress, sin éxito; y con la Asociación de Notarios, quedando ella de enviar un comunicado.

Una columna en que hablan del “apagón digital” de las notarias, tras el fallo que suspende el uso de tecnología en ellas, escribieron Eduardo Engel (E.P.) y Alejandro Ramos (U. de Chile) en El Mercurio de hoy. Ahí dicen que en “un estudio desarrollado por la FNE en 2018, de la cual fuimos parte, quedó claramente establecido que las prácticas y procesos notariales requerían de una modernización urgente. De seguir las recomendaciones de dicho estudio, los costos y tiempos necesarios para realizar los trámites se reducirían, en promedio, 95%”. “Estas reformas resultarían en mayor seguridad y mejor trazabilidad que el sistema actual y posibilidad de realizar muchos trámites en forma remota”. “Respeto de la presencialidad, llama la atención que se defienda a rajatabla… Trámites se hacen ante funcionarios que no han sido nombrados ministros de fe”.