La derecha fue artífice fundamental del pacto del 15 de noviembre. Especialmente RN, puso todos sus esfuerzos para brindar conducción al proceso político con un acuerdo que abriera la vía constituyente. Luego, las opiniones —esperablemente— han tendido a dispersarse, reflejando las posiciones del electorado del sector: cerca de un 40% está por el apruebo, mientras un 50% adhiere al rechazo (Cadem especial de julio).

La división es también expresión de una disputa ideológica de fondo. Consta un sector para el cual —en una posición heredada de Milton Friedman— el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado, y ese orden estaría bien reconocido en la carta que nos legó la dictadura. A la derecha economicista se han unido, en esta etapa, quienes, aunque no comulgan con ella, tienen miedo de que el proceso constituyente devenga violento o capturado por la izquierda radical (el asunto del miedo merece ser considerado; el de la captura, dado el quórum de dos tercios con el que deberá operar el órgano constituyente, es improcedente).

Al frente ha emergido con fuerza la derecha que impulsó el acuerdo del 15 de noviembre. Ella discrepa de la tesis de Friedman, pues entiende que un orden político reconocido o legítimo es la base de cualquier despliegue nacional: político, cultural, también económico. Esa derecha es capaz, a esta altura, de movilizar —pese al miedo— a casi la mitad del electorado del sector.

La posición de esta derecha descansa en un diagnóstico de la situación. Según él, las instituciones políticas y económicas, al modo en el que están configuradas hoy en Chile, han perdido persistentemente legitimidad. Las bases del orden político y económico se hallan en crisis. Esta se hizo patente en octubre pasado, pero el asunto se ve reflejado consistentemente en los estudios de opinión previos.

Además, el sistema político chileno presenta una grave anomalía. La cosa pública, la “res-pública”, está, en cierto modo, vacía: carecemos de cosas de entidad que nos unan. De la historia larga pocos se acuerdan. En la historia reciente, ni Allende, ni Pinochet, ni la Constitución de 1980 nos unen. Estamos desprovistos de un marco compartido en virtud del cual podamos con facilidad exigirle a alguien lealtad con la república y sus instituciones. Cualquier manifestante puede actuar violentamente, cualquier parlamentario, sediciosamente, y salir indemne; o casi.

Supuesto, entonces, que la crisis en la que nos encontramos es fundamental; que ella evidencia una pérdida de legitimidad masiva de las instituciones; y que carecemos de un marco republicano básico que nos una como nación, ¿queda otro camino que un proceso constituyente, en virtud del cual quepa esperar un retorno a la tradición histórica larga, de contar con una institucionalidad legítima, ampliamente reconocida?

Esta semana se vota en el Senado el proyecto de Ley de Migraciones. Han surgido distintas miradas que corren el peligro de apuntar a los peligros de la propuesta ajena sin abordar sus propias falencias. La primera apunta a que todos los visados de residencia sean obtenidos desde el país de origen. La ventaja es que todos ingresarían con RUT desde el primer momento. El problema ya lo hemos presenciado. Esta política se ha aplicado a Haití y Venezuela los últimos años y los resultados son claros: han disminuido los ingresos a Chile por vía regular, pero han aumentado los ingresos por pasos no habilitados y las víctimas de tráfico. El 50% de los ingresos por pasos no habilitados de la última década se concentró justamente en 2018 y 2019. Este 2020 ya van más de tres mil registros por ingreso irregular. Si reproducimos este sistema podríamos acercarnos a EE.UU.: se controlará quiénes ingresan regularmente, pero crecerá el tráfico de migrantes, los ingresos irregulares y los turistas en situación irregular.

La segunda mirada propone mecanismos complementarios para el ingreso regular, disminuyendo así los riesgos de tráfico e ingreso irregular. En ese sentido, se ha planteado que se mantenga la posibilidad de que quienes vengan como turistas puedan luego solicitar una visa de residencia. Ese es el sistema actual en Chile, y la mayor crítica que se le ha hecho es que quienes migran al país dicen venir como turistas cuando en realidad vienen a quedarse; y si no encuentran trabajo antes de que su visado venza, quedarán en situación irregular. Junto con eso, dificulta la capacidad del Estado para controlar la cantidad de personas que migran a Chile.

El actual proyecto debe incluir mecanismos reales y adecuados con la evidencia que ya se posee. La pregunta es cómo tener un sistema que disminuya lo más posible la irregularidad, que atienda lo que pasará con esas personas una vez dentro y establezca herramientas para que el Estado controle el ingreso. Una Ley de Migraciones no debe aprobarse mirando solo el escenario post pandemia, sino una mirada de Estado, de largo plazo y garantizando los derechos humanos. Si seguimos debatiendo en base a amenazas y descalificaciones, en lugar de mirar los riesgos y fortalezas de las distintas alternativas, no solo habremos elegido un mal camino para legislar, sino que lo haremos en un país cada vez más dañado por la estigmatización y el racismo.

En tiempos en que la actividad económica se ha visto impactada significativamente, afectando en mayor medida a las mujeres, resulta urgente movilizar esfuerzos que contribuyan a identificar respuestas y soluciones que se sostengan en el largo plazo.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de participación laboral femenina retrocedió 12 puntos durante el primer semestre, alcanzando el menor valor de la última década. Es decir, hemos retrocedido diez años en solo seis meses respecto a este indicador.

Sin embargo, el reciente “Acuerdo global sobre género y comercio” firmado entre Canadá, Chile y Nueva Zelanda, abre nuevas oportunidades con mirada de género, en el marco de la colaboración internacional para avanzar hacia un comercio más inclusivo y que entregue más oportunidades en el escenario de recuperación económica global que se espera.

A través del acuerdo reafirmamos nuestro compromiso de hacer cumplir las leyes y regulaciones que promueven la igualdad de género y también a compartir mejores prácticas para eliminar la discriminación laboral. Además, implementar actividades de cooperación para promover la internacionalización de las pymes lideradas por mujeres y su acceso al comercio de servicios, y desarrollar programas para mejorar las habilidades digitales de las empresarias.

El acuerdo se enmarca en el trabajo del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (ITAG, por su sigla en inglés) liderado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), y que ratifica el compromiso del Gobierno por generar más y mejores espacios de participación para las mujeres en todos los ámbitos.

De hecho, nuestro país ha incluido tempranamente capítulos de género y comercio en sus acuerdos comerciales con Uruguay, Argentina, Canadá y Brasil, instalando la relevancia de la inclusión de las mujeres en el comercio internacional.

A lo anterior se suma el trabajo de ambos ministerios en foros como la Alianza del Pacífico y APEC, destacando la “Hoja de Ruta de La Serena para la Mujer y el Crecimiento Inclusivo”, adoptada justamente en el marco del año APEC Chile 2019. De igual forma, bajo la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, nos encontramos liderando una iniciativa similar con el fin de promover la igualdad de género y contribuir a acelerar la integración económica de las mujeres en los países miembros.

Estos esfuerzos se suman hoy a un renovado compromiso adoptado por Chile, Canadá y Nueva Zelanda de avanzar en la creación de mejores oportunidades económicas para las mujeres. El acuerdo global sobre género y comercio, abierto a todos los países, nos permitirá seguir trabajando para diseñar una agenda de largo plazo, con especial foco en mitigar los efectos de la pandemia en el empleo femenino.