Desde diciembre del año pasado, un recurso de protección de un grupo de vecinos de Las Condes mantenía congelado el proyecto más ambicioso de Mall Sport: expandir su superficie un 78% para aumentar su oferta actual de 40 tiendas especializadas en deporte. Sin embargo, el viernes pasado la Corte de Apelaciones de Santiago le dio un espaldarazo a su dueño, Jorge Gálmez, ex dueño de Paris y que actualmente participa de negocios inmobiliarios, financieros y de servicios.

Tras nueve meses de litigio, el fallo de las juezas María Rosa Kittsteiner, Gloria Solís y Jessica González rechazó los cuestionamientos al anteproyecto de expansión del mall, que fue aprobado el 28 de agosto de 2018 por un dictamen de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana.

Las críticas a la aprobación comenzaron hace dos años por parte de la Dirección de Obras Municipales de las Condes, entidad que rechazó con anterioridad dos veces la solicitud de Gálmez. Luego, otro foco opositor corrió por cuenta de un grupo de vecinos de la calle Fernández Concha, ubicada al costado poniente del centro comercial. Los residentes acudieron a la justicia argumentando un actuar ilegal de la seremi que perjudicaba su derecho de propiedad.

El recurso que mantuvo en suspenso la ampliación del centro comercial fue presentado por el abogado Francisco Ossa, vecino al mall quien asegura que una eventual expansión generará problemas en la calidad de vida de los vecinos, en su mayoría adultos mayores, que viven en el sector desde fines de la década de los 60. Para impedir el desarrollo del proyecto, argumentó que los terrenos adquiridos por Gálmez para completar la expansión no tienen uso de suelo comercial de acuerdo al plan regulador de la comuna liderada por Joaquín Lavín.

En su recurso, Ossa acusa a la seremi de entregar “ilegalmente al solicitante (Gálmez) un permiso de edificación al que no tiene derecho, permitiéndole arbitrariamente la ampliación del Centro Comercial Mall Sport, en una zona cuyo uso de suelo está destinado exclusivamente a viviendas, lo que perjudica a todos los vecinos que vivimos en la calle Fernández Concha”.

Pero Ossa no peleó solo. El 27 de diciembre del año pasado, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, mandató a sus abogados a hacerse parte en el caso con el fin de evitar la ampliación, argumentando que era un mal precedente que un “mall se expandiera a áreas residenciales”. De esta manera, intentó también defender el plan regulador de la comuna, que en la zona de Avenida Las Condes es sumamente estricto en comparación a Lo Barnechea que se encuentra al costado norte de ese eje vial.

Según la memoria del proyecto, firmada por el arquitecto Benjamín Astaburuaga, “la extensión de Mall Sport incorpora nuevos locales comerciales, estacionamientos, bodegas y un supermercado, proyectados en tres pisos subterráneos y dos pisos sobre el nivel natural del terreno”.

Con este proyecto, el centro comercial llegará a los 99.910 metros cuadrados. Pero para expandirlo, Gálmez y sus hijos a través de las sociedades Tres Valles SpA, Inversiones Antonia y Alto Cielo adquirieron tres paños colindantes en la calle Fernández Concha.

Luego, Mall Sport se acogió a una excepción legal que contempla la Ordenanza General de Vivienda y Urbanismo, que jerárquicamente está por sobre cualquier plan regulador comunal.

“El mall se acogió a esta ordenanza que dice que si un terreno está frente a una vía troncal, es decir una avenida grande como Las Condes, puede transmitir las condiciones de uso de suelo comercial al resto de los terrenos que se le anexen. Por eso cuando Mall Sport decide fusionar estos nuevos terrenos, estos pasan a ser de equipamiento, es decir se puede construir centros comerciales. Eso lo entendió muy bien la Corte de Apelaciones en su fallo”, explica una fuente del mall.

Este argumento fue clave en los alegatos del caso, donde el estudio Vergara Labarca y Cía, representaron a Gálmez, controlador también del complicado gimnasio Balthus.

Adicionalmente, el fallo que es apelable ante la Corte Suprema, respalda a la seremi de vivienda, estimando que “actuó dentro del marco de sus facultades legales” al aprobar el permiso y agrega que en el caso de los vecinos, “el derecho de propiedad no se ve afectado de manera alguna, en ninguno de sus atributos, por cuanto podrán seguir usando, gozando y disponiendo de su propiedad sin limitaciones a su derecho de dominio”.