Por violación con femicidio fue formalizado esta mañana Hugo Bustamante Pérez (55), único imputado por el crimen de la adolescente Ámbar Cornejo, de 16 años, ocurrido hace casi dos semanas en Villa Alemana, región e Valparaíso.

La acusación del Ministerio Público contra Bustamante incluyó el relato de “una serie de conductas previas”, que darían cuenta de la premeditación con que él actuó. Entre ellas, la compra antes del crimen de maderas y clavos, para supuestamente reparar el piso con posterioridad al ocultamiento del cuerpo en el subsuelo de la mediagua donde vivía con la mamá de Ámbar. Y es que para esconder a la joven rompió el piso y cavó una fosa de 52 centímetros en el sector del living.

De acuerdo al relato de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el teléfono de Bustamante se encontraron además búsquedas en Google, hechas entre los días 20 y 28 de julio, respecto a elementos para sedación de una persona y métodos de tortura. “Intentó ilustrarse de cómo realizar el macabro hecho”, planteó. Entre otros productos como “burundanga” (droga que anula la voluntad) y cloroformo, también buscó cómo comprar una camisa de fuerza.

En cuanto al momento del homicidio, la fiscalía relató que el imputado la golpeó y puso en la boca de Ámbar un paño, lo que habría terminado en su sofocación, momento alrededor del cual habría accedido carnalmente y de manera reiterada a Ámbar.

La madre la niña, Denisse Llanos –según expuso el Ministerio Público- relató que su hija llegó a su casa alrededor de las 9 de la mañana y que luego la dejó ahí con Bustamante, viajando ella hacia otra ciudad.

En el momento de referirse en profundidad a la declaración de la mujer, la fiscalía pidió parar la transmisión que se realizaba a través del canal web del Poder Judicial. A la vuelta de la transmisión, la fiscalía expuso que la madre refirió haber sido amenazada por Bustamante: si hablaba, ella y su hijo pequeño serían asesinados.

Respecto al padre de Ámbar, se expuso una declaración de él donde contaba que siempre tuvo dudas de que fuera su hija y que había vivido con ella durante un año, tiempo en que la madre lo acosó e incluso agredió su casa con piedras, por lo que decidió darle la tuición a la abuela materna.

Para la solicitud de aplicar la cautelar de prisión preventiva, la Fiscalía hizo ver al tribunal que la pena asociada al delito podría llegar hasta el presidio perpetuo calificado (40 años sin beneficios).

Reafirmando la necesidad de mantener al imputado en la cárcel mientras continúa el proceso, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, puso énfasis en “el profundo desprecio que el señor Bustamante tiene por la vida humana, por las mujeres y por los niños”. Dijo que además de ser “un peligro para la sociedad hoy, lo ha sido siempre” y que representa “un peligro evidente para los demás miembros de la familia”.

Se hizo ver también su calidad de reincidente y la imposibilidad de acceder a alguna pena sustitutiva.

Por parte de la familia de Ámbar, a la formalización acudió el abogado Patricio Olivares, representando al padre.

Antes de la comunicación de cargos, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió al tribunal dejar fuera al Sename, la Intendencia de Valparaíso y la municipalidad de Villa Alemana, en su calidad de querellantes. Adhirió a la solicitud tanto el representante del padre de Ámbar, como el Defensor Penal Público de Bustamante, Dagoberto Pastén.

Los argumentos de Patricia Muñoz respecto al Sename hicieron presente una crítica directa al accionar de esa institución: aunque Ámbar formaba parte de un programa ambulatorio, el servicio no accionó durante su desaparición ni supo de su muerte sino hasta el día que fue hallado su cuerpo: “ni siquiera estaba en condiciones de conocer la situación de la niña porque su intervención ni siquiera existía”, dijo.

La jueza accedió a la petición de excluir de la causa al Sename y al municipio.

Como cuestión previa, la Defensoría de la Niñez arremetió también contra la presencia del Intendente de Valparaíso en la audiencia, cuestionando además el uso de una chaqueta institucional del Gobierno y deslizando un interés de figuración política

A raíz del caso, hoy el senador Felipe Harboe (PPD) pidió al Gobierno presentar un proyecto de ley para crear la figura del juez de cumplimiento penitenciario, que, entre otras labores similares, estaría a cargo de otorgar y rechazar libertades condicionales.