Una problemática apertura tuvieron los tres locales de la cadena sueca H&M esta semana. El de Casa Costanera alcanzó a funcionar un día; abrió y cerró el miércoles. Los de Plaza Los Dominicos y Open Kennedy lo hicieron el miércoles y tuvieron que cerrar el jueves. Los tres por una orden de prohibición de funcionamiento de la Seremi de Salud. El aforo máximo superaba el indicado por la autoridad de un cliente por diez metros cuadrados útiles, pero H&M hizo el cálculo con los metros totales de cada tienda; las mascarillas entregadas por la empresa a los trabajadores no son las certificadas por el Ministerio de Salud, sino reutilizables, lo que está prohibido ya que deja la responsabilidad al trabajador de lavarlas. Y la cantidad de personal que atendía no era suficiente. El aforo fijado por H&M en Open Kennedy era de 300 clientes y había 30 trabajadores, el de Casa Costanera, de 191 y eran 17 personas atendiendo. Tampoco estaba demarcada la circulación al interior de los locales y no existía un protocolo de desinfección de las prendas que los clientes tocan o se prueban en los pasillos, ya que los probadores no pueden funcionar.

El presidente del sindicato de H&M, Sergio Maertens, estima que lo ocurrido es grave, “porque la empresa no toma el peso a lo que significa la pandemia, no protege a los trabajadores, no implementa un protocolo de higiene y seguridad efectivo”.

El dirigente de la agrupación sindical, que cuenta con 1.050 afiliados de los 1.800 trabajadores de H&M en Chile, agrega: “Quiero ser súper claro: no tenemos ninguna denuncia de que los trabajadores que viven en comunas con cuarentena hayan sido obligados a trabajar”. Lo que sí ratifica es que firmaron un breve anexo de contrato que dice que se reintegran a sus labores y en que el resto de lo no modificado se mantiene plenamente vigente el contrato suscrito entre las partes.

Explica que la Dirección del Trabajo investigará lo sucedido con la fórmula que usó H&M para rebajar unilateralmente los sueldos para no acogerse a la Ley de Protección del Empleo y poder retirar utilidades. “La empresa en junio tomó la decisión unilateral de comenzar a pagar los mismos porcentajes del AFC (Administrador de Fondos de Cesantía) a los trabajadores que viven en comunas con cuarentena”. Existe, además, una demanda en la justicia por vulneración de derechos presentada por el sindicato, “porque fuimos amedrentados cuando entró en vigencia la ley de AFC: nos enviaron un comunicado diciendo que si no firmábamos dicho pacto, no íbamos a poder ser acogidos a la ley ni tampoco nos iban a pagar las remuneraciones. No implicaba despidos, sino quedar sin sueldos si es que no firmábamos”. Unos 50 trabajadores no aceptaron acogerse a la ley y no recibieron pagos.

Sobre las acusaciones realizadas en términos contractuales, la empresa sostuvo en una declaración que no tienen conocimiento de ellas. “En ningún momento desde la empresa se han realizado modificaciones fraudulentas a los contratos, así como tampoco se ha hecho uso de los permisos colectivos para fines que no sean los que indica la ley, o reducciones unilaterales de remuneraciones”.

Sobre la llegada masiva de compradores a sus tiendas, la firma expresó que “la cantidad de clientes y el número de prendas que compraron han superado nuestras expectativas”.

Finalmente, la firma sostiene que disminuirá el aforo a un cliente cada 10 metros cuadrados útiles, entre otras medidas.

Desde la Subsecretaría de la Prevención del Delito sostienen que en casos como el de H&M, la Seremi de Salud hace la denuncia por infracción no solo al Código Sanitario, sino también al Código Penal, por infringir el articulo 318, sobre poner en riesgo la salud de la población, lo que genera una investigación similar a la ocurrida con Falabella de Parque Arauco que también enfrentó una denuncia de trabajadores.

Según Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, “de acuerdo a lo declarado por la autoridad, en la tienda se encontraron 25 contratos de trabajo que fueron modificados en su domicilio y personas que tenían permiso único colectivo cuando no son una empresa esencial. La ley establece sanciones de presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador”.

La agrupación de pequeños y medianos empresarios Multigremial Nacional, que preside Juan Pablo Swett, lanzó esta mañana un ultimátum al Estado chileno para que actúe a favor de la paz social y el imperio del derecho y termine con la violencia en La Araucanía o, en caso contrario, “se declara en libertad para tomar otro tipo de acciones para presionar a los poderes del Estado a solucionar el problema”.

Esta conminación a las autoridades se da a conocer a días de que ciudadanos encabezados por dirigentes empresariales de la zona, se organizaran para desalojar municipios como los de Curacautín y Victoria que habían sido ocupados ilegalmente por grupos mapuche.

La multigremial, que agrupa a 165 gremios, manifestó su “categórico rechazo a la violencia que azota” a la zona. Y sobre ese mensaje, afirman:

“Exigimos por última vez a todos los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- actuar en el menor plazo para recuperar la paz social y hacer prevalecer el imperio de la ley en todo el territorio nacional. De lo contrario, nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el problema”.

Dirigentes camioneros que integran esta organización fueron los que en agosto de 2015 exhibieron camiones quemados frente a La Moneda para demostrar su rechazo a lo que consideran “terrorismo” que “no permite trabajar ni vivir en paz, atenta contra derechos humanos de ciudadanos indefensos y destruye progresivamente la democracia”.

Los gremios firmantes se declaran a favor del diálogo y de la paz, pero dicen que ningún proceso de este tipo “puede llevarse a cabo con quienes ejercen la violencia” ni “es válido si los argumentos exhibidos son las armas y el terror”.