Aumenta la presión de las comunidades atacameñas para que la justicia anule el permiso ambiental de SQM para operar en el Salar de Atacama. Esto luego de un largo conflicto que data del 2016, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) levantó cargos contra la empresa –entonces presidida por Julio Ponce–, luego de detectar seis infracciones, principalmente relacionadas a la extracción de salmuera fresca (insumo para sus productos) por sobre lo autorizado.

Tras eso, la minera presentó cuatro planes de cumplimiento (PdC), el último fue aprobado en enero de 2019 por la misma superintendencia. Este plan es una salida alternativa que otorga la norma a un infractor, que debe reconocer su infracción proponiendo medidas para remediar los daños y, de esa manera, se evita enfrentar un proceso sancionatorio por parte de la autoridad.

SQM propuso reponer salmuera, monitoreos en línea y una serie de mitigaciones que involucran recursos por US$25 millones, con el fin de no enfrentar una sanción más dura. Según ha dicho la propia SMA, la compañía arriesgaba multas que van desde los US$22 millones hasta la pérdida del permiso ambiental para explotar el salar, sanción que solicitaban las comunidades nortinas.

La SMA aprobó esta “salida alternativa” a fines de junio, pero el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló el arreglo tras una reclamación de la Asociación de Pueblos Atacameños, la comunidad de Peine y la agrupación Camar, habitantes en el área de influencia del salar y que buscan dar un golpe definitivo a SQM.

“Lo que queremos es dejar sin efecto el plan de cumplimiento presentado por SQM porque no se cumplen los requisitos, extrajeron más salmuera de la que tenían permitida por años. La postura es que se pueda dejar sin efecto el permiso ambiental de SQM para explotar el salar y que se le apliquen las multas porque en realidad no se hace cargo de la normativa que ha afectado el salar y sus aguas”, comenta la presidenta de la comunidad de Peine, Amanda Barrera.

En la misma línea, el presidente de todas las comunidades Atacameñas de la zona, Sergio Cubillos acusa que “la minera cometió daños graves que han afectado tremendamente el ecosistema del salar. Además hay efectos en las comunidades, ya que han comprado muchas pertinencias en minas de alrededor del proyecto. El caso emblemático es Peine ya que las pertinencias que están bajo este pueblo no saben a qué atenerse con la empresa”.

En la SMA explican que deberán pronunciarse nuevamente sobre el plan de cumplimiento “aprobándolo o rechazándolo” y en la Suprema argumentarán que el plan fue consultado con las comunidades de la zona, siendo uno de los más estrictos y costosos que ha aprobado.

SQM también defenderá el plan, ya que el Salar de Atacama es de suma importancia para ellos. Según su últimos estados financieros, en el primer trimestre de este año la subsidiaria SQM Salar, que administra el activo, facturó US$210 millones, más del 53% de los ingresos totales de la empresa a marzo.

“Estamos convencidos de que el programa, evaluado acuciosamente por las autoridades competentes, resguarda la protección medioambiental”, comentó a La Segunda la minera que hoy es presidida por Alberto Salas.

La empresa manifestó al Tribunal de Antofagasta que el plan de cumplimento fue ajustado en cuatro ocasiones y según su abogado, Mario Galindo, estaba dotado de una alta complejidad técnica, con la intervención de un elevado número de interesados, entre ellos comunidades atacameñas, la empresa Albemarle y Corfo.

“Una simple revisión del plan permite apreciar que se comprometió a sistemas de monitoreo en línea, de libre y público acceso, con datos continuos, tanto para el seguimiento de bombeo de salmuera, como de la extracción del agua industrial. La comunidad reclamante podrá acceder directamente a la información requerida”, sostiene el documento entregado al tribunal y que firma el abogado.