El economista Manuel Cruzat Valdés, hijo de Manuel Cruzat Infante, el ex dueño del Banco de Santiago que fue rescatado en la crisis de 1982, salió al ruedo en medio del debate generado ante un posible rescate estatal a Latam Airlines y tras analizar su composición accionaria y posición de mercado dijo en su blog que no es recomendable, bajo las actuales condiciones, que el Estado actúe, por cuanto se podría terminar consolidando un oligopolio que afecte a los usuarios.

“Mientras Qatar y Delta sigan participando en la propiedad accionaria de Latam y continúe vigente su red de alianzas y coordinación de negocios creciente en América del Sur, el Estado chileno no debería participar de un eventual rescate que sólo fortalecería dicha imperfección competitiva”, sostuvo.

“Resuelto lo anterior”, agregó Cruzat, la intervención estatal “no podría ser distinta en términos económicos a la que se aplicara, por ejemplo, en otras empresas aéreas o en otros sectores de la economía”.

Y es que para el MBA de la Universidad de Chicago, bajo las condiciones de crisis actual, los mercados financieros han estado fallando y por ello “se entiende el rol del Estado para ayudar a que vuelvan a funcionar”.

Sin embargo, cree que “sería incomprensible” que se usara esa eventual ayuda estatal “para cimentar un monopolio en gestación y provocar transferencias de riqueza entre acreedores ‘viejos', accionistas y nuevos aportantes, distintas de las que surgirían sin su mediación”.

Para Cruzat, existen argumentos que avalan la necesidad de apoyar a las líneas aéreas nacionales, la principal de ellas es que Chile necesita un mercado de aviación civil que funcione competitivamente, sin importar quienes sean sus actores.

Si el Estado entregara garantías o recursos a una compañía con estas alianzas estratégicas continentales, aumentaría su capacidad de recuperación “pero a costa de consolidar una estructura oligopólica y no habría incentivo alguno para que el Estado desmantele dicha estructura de mercado”, dijo.

También señaló que se debe considerar en la balanza, que “el sobreendeudamiento de Latam es anterior a la pandemia, por lo que cualquier otro shock relevante la habría colocado en equivalente posición a la actual”.

El empresario e ingeniero textil Jorge Yarur Rey, parte del grupo controlador de BCI y a su vez dueño de varias inversiones inmobiliarias y de la automotora Aventura Motors, sigue expandiendo sus negocios de la mano de sus cuatro hijos (José, María, Rodrigo y Sebastián Yarur Chamy) tras formar la semana antepasada un nuevo vehículo para canalizar inversiones en el extranjero.

Se trata de la sociedad Inversiones Araucaria Internacional SpA, que tendrá como objetivo la obtención de rentas en dólares, según lo permite la Ley de Impuesto a la Renta chilena, dicen los estatutos de la nueva sociedad.

Para ello, Yarur destinó un capital de unos US$24,3 millones que deberán ser invertidos en sociedades del extranjero o en instrumentos financieros del exterior expresados y que generen dividendos exclusivamente en dólares norteamericanos, según la inscripción en el Registro de Comercio.

Pasa hasta en las mejores familias. El gobierno de EE.UU., dentro de su paquete de estímulo fiscal, habría entregado US$1.400 millones en ayudas para enfrentar la crisis económica provocada por el covid-19 a personas que, en realidad, estaban fallecidas.

La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) un ente independiente que depende del Congreso norteamericano explicó que el error del ministerio de Hacienda de EE.UU., se produjo debido a que la el gobierno dirigido por el Presidente Trump (en la foto) no cuenta con el número total de fallecidos.

Hasta el momento se desconoce cuántos de los cheques enviados fueron cobrados maliciosamente.

La idea la planteó hoy con una carta a El Mercurio el economista de la U. de Chile Joseph Ramos. Para poder retirar el 10% de los ahorros de las AFP (medida que se discute en el Congreso) y obtener la liquidez en medio de la crisis económica, sin que dicho retiro haga que pensiones “que ya son bajas sean más bajas”, Ramos propone posponer la jubilación el tiempo suficiente para compensar los menores ahorros acumulados.

“Lo que uno quiere es que lo que retire no merme la jubilación. La manera de asegurarlo es extender el plazo según el monto que se retire”, dijo Ramos al ser consultado por La Segunda advirtiendo que no ha tiene un cálculo preciso sobre cuánto se debiera extender la vida laboral.

Según cálculos de Ciedess, asumiendo que una persona ingresó al sistema de pensiones a los 25 años, efectuar el retiro del 10% de los fondos acumulados a los 30 años generaría una disminución en la pensión de -1,8% en hombres y de -2,2% para mujeres. Este impacto negativo es más alto en la medida que el retiro de fondos se produce a una edad más próxima al retiro, “hasta un tope máximo de -10% si el retiro es justo previo a la jubilación”, advierten.

Con esto en mente, en un ejercicio hipotético, si el retiro del 10% se produce previo a la edad legal de jubilación, se necesitarían en torno a 2 años para la recuperación, mientras que si el retiro fue a una edad temprana, sólo se necesitarían algunos meses de postergación.

Ramos propone que, además, el retiro tenga un tope de $1 millón, lo que limitaría el tiempo por recuperar.

Masisa, cuyo principal accionista es el grupo Nueva (a su vez controlado por el fideicomiso Viva Trust), cerró la venta de los activos forestales que tenía en Chile (78.220 hectáreas, entre plantadas, plantables y bosque nativo) al conglomerado GFP Chile Timberland Holdings LLC, con casa matriz en Estados Unidos, por US$ 350 millones, en una de las mayores transacciones en Chile desde octubre.