El problema estaba desde antes, la falta de soluciones también. Los enormes impactos que conlleva esta pandemia se asientan sobre desigualdades previas de género, socioeconómicas, laborales y de segregación de las ciudades, potenciando sus efectos.

La economía del trabajo remunerado está en crisis, con desempleo y falta de ingresos, siendo las mujeres, según datos del INE, las más afectadas por la precarización del empleo. Por el contrario, el trabajo no remunerado (tan invisible como imprescindible) se ha sobreexigido. La reorganización de la vida cotidiana y el teletrabajo han implicado grandes costos para las familias, especialmente para las mujeres. Tanto el trabajo remunerado como el no remunerado son indispensables para la reproducción de la vida y la economía. Comunidad Mujer (2020) sitúa en 21,8% del PIB el aporte del trabajo no remunerado. Pero ambos no se valoran ni protegen de la misma manera.

De acuerdo a cifras del INE (2020), la tasa de participación laboral femenina bajó de 52,2 a 47,3% en el trimestre móvil terminado en marzo (en 2010 fue 47%). ¿Podremos cambiar estas amargas cifras? ¿Podremos apostar por renovar el sistema de protección social de manera que integre a los empleos precarios e informales? Reorganizar las políticas públicas para impactar en más justicia y menos desigualdad requiere “pensar fuera de la caja”.

La agenda pública necesita incoporar los cuidados como parte de una discusión más amplia sobre el papel del Estado, que ha desatendido las vulnerabilidades de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, familiarizando su cuidado y recargando el trabajo de las mujeres. La dignificación de los cuidados debería integrar los pisos de protección social y vincularse a una agenda de mercado laboral.

Históricamente, la protección social ha estado centrada en impulsar la formalización del empleo para acceder a beneficios sociales. Las perspectivas económicas inmediatas para ello son desoladoras (BM, 2020). Entre ellas, se avizora una creciente masividad del empleo informal, hacia lo que Standing (2011) ha llamado el “precariado”. Personas y familias requerirán protección para su subsistencia, independientemente de su posición en elmercado laboral.

Tampoco ayuda que la garantía pública de ingresos siga estancada en esquemas anacrónicos e insuficientes. La discusión de ingreso mínimo universal no debiera pensarse como medida transitoria, sino constituir un mecanismo permanente del sistema de protección social que abra paso a construir autonomías reales, desmercantilizadas y en clave universal.

Ciertamente la protección social requiere ser financiada. Habrá que pensar en reformas tributarias progresivas, así como conectar las medidas de beneficios con los apoyos para la generación autónoma de ingresos en el futuro. Situarse solo en medidas de emergencia será desaprovechar la posibilidad de hacer un sistema de protección que cubra a todos y todas.

Lamentablemente, la pandemia ha obligado a suspender el Simce este año. Dicha decisión no es fácil, pues por años esta herramienta ha resultado esencial para el mejoramiento de la calidad de la educación: informando a los establecimientos de sus fortalezas y debilidades, entregando a los padres un referente para la difícil tarea de elegir escuela o colegio, y permitiendo monitorear el progreso de la comunidad educativa.

En su lugar, se ha decidido aplicar una versión “ligera” del Simce, de carácter muestral y voluntario, la cual no resulta adecuada para cumplir a cabalidad con los objetivos antes señalados y que solo debiese ser entendida como una medida excepcional y transitoria.

En efecto, solo un Simce censal y obligatorio evalúa a todos los niños de un nivel, llegando a cada uno de los establecimientos del país, y sin dejar a ningún niño fuera. Son estas características las que permiten que las familias puedan contar con información necesaria para el ejercicio de sus derechos. Por tanto, si bien una evaluación muestral y voluntaria puede entregar información que sirva de insumo para las políticas públicas a nivel nacional, al no llegar a todas las escuelas no puede nutrir el análisis a nivel de cada colegio, y no cumple la función de orientar a la comunidad en su propio proceso de mejora.

Suprimir el Simce, o transformarlo permanentemente en su versión ligera, impediría la evaluación de cada establecimiento a fin de determinar el cumplimiento de estándares adecuados, en el entendido de asegurar el derecho a una educación de calidad para todos, y afectaría severamente, además, el derecho de los padres a elegir el establecimiento de sus hijos. Resulta imperativo reiterar que hay derechos y garantías fundamentales involucradas, cuyo titular es cada niño, así como sus padres, prerrogativas reconocidas en la Constitución y en tratados internacionales, y que están por sobre cualquier debate meramente disciplinar.

Por todo lo anterior es que resulta inapropiado equiparar la validez de un instrumento muestral y voluntario —y por tanto excepcional— con el Simce aplicable en régimen. Ello solo serviría de excusa para sectores que han pretendido por años su eliminación, a costa de afectar gravemente los derechos de los niños y sus familias.

Ningún país ha diseñado una receta determinantemente efectiva para enfrentar esta pandemia. La salud y la economía no pueden ser comprendidas ni apartadas de las costumbres, hábitos y conductas de la sociedad. Las draconianas políticas sanitarias, ante su inconmensurable daño social, han obligado a un plan económico de emergencia.

Por ello que se hizo imperativo el mandato a 16 economistas, de variada representatividad, en busca de un acuerdo de protección social. En la impronta de nuestro informe predominaron la persuasión, el pragmatismo de los datos y el rigor del análisis para delinear un claro orden de prioridades. La unanimidad de las propuestas se alcanzó fluidamente, y no por la necesidad de lograrlas a cualquier precio. Y esta convergencia, que reportamos a la comisión económica ampliada del Senado, indujo a los parlamentarios a su propia avenencia, más el sentido de urgencia y espíritu republicano que primó entre el ministro de Hacienda y los senadores. En cierta forma, se vuelve a valorar el tejido de la política con la tecnocracia, que hace buen rato se habían divorciado.

El fondo de US$ 12 mil millones tiene características tan simples como esenciales: es autónomo, con límite cuantitativo, flexible, transitorio —de caducidad definida— y una irrenunciable responsabilidad fiscal. Sí comparto tres preocupaciones que comprometen el horizonte del acuerdo. Primero, Chile ha pasado en menos de una década de país acreedor a deudor neto, en forma sistemática y progresiva. La deuda bruta este año superará el 34% del PIB, y no debería desplazarse del 45% comprometido al 2022. No se vislumbra un nuevo ciclo de bonanza del cobre; el crecimiento tendencial languidece al 2%; poscrisis la demanda social presionará y es altamente factible que las tasas de interés se estabilicen más altas. Reconociendo que hasta que la relación deuda/PIB no supere el 60% no sería desorbitante, sí reduciría nuestro clasificación de riesgo, afectando al costo del capital de explotación de las empresas y al fisco.

La segunda aprensión es la reactivación. Esperamos que contenida la pandemia, dos tercios del fondo se orienten al crecimiento. Para ello no bastarán los subsidios al empleo ni una depreciación del 100%, sino que unas condiciones elementales: certeza jurídica, orden social y fluidez de normativas, como las ambientales. Hay que tener presente que un 80% de la inversión nace en el sector privado (véase como testimonio el reciente plan de reactivación de la Cámara de la Construcción por US$ 22 mil millones, generando 600 mil empleos). Y la tercera condicionante es que los parlamentarios de oposición se sumen con determinación al acuerdo de sus pares de la comision económica ampliada del Senado, pues ya están dando indicios de amplificar confrontaciones insubstanciales con el Ejecutivo.