“Les tocó tomar un fierro caliente, no los envidio”, dijo entre risas el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, uno de los varios invitados (más de una decena) que tuvo el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) para analizar la rebaja de remuneraciones en el Estado. Es que enfrentan una decisión difícil: el 30 de junio, deben pronunciarse sobre cuánto bajaran los sueldos de diputados, senadores y ministros. Y en un máximo de dos meses más, deberán hacer lo mismo con subsecretarios, intendentes y seremis, entre otros cargos.

La decisión es compleja no solo porque las opiniones de los expertos son muy variadas. También porque, tras el estallido social y luego de varios intentos, se aprobó el cambio constitucional que abre la puerta a esta discusión y hay altas expectativas sobre lo que zanje el CADP.

El consejo recibió a varios especialistas y sus propuestas fueron polares: desde los que no comparten la idea de la reducción de dietas y creen que el Consejo solo debería reducirlas en 1%, hasta quienes creen que la rebaja debiera llegar al 70%. El CADP tiene como único mandato reducir las dietas, sin un porcentaje predefinido. Sin embargo, desde el mismo consejo son conscientes que una rebaja menor no resolverá el problema político que puso este tema en discusión.

Los argumentos a favor de la rebaja de las dietas se basan, principalmente, en las comparaciones internacionales. El académico de la FEN de la U. de Chile Nicolás Grau, ligado al Frente Amplio, mostró cómo los sueldos de los parlamentarios están muy por sobre los de la OCDE si se comparan con los de la población: mientras en la OCDE los sueldos de parlamentarios son tres veces el salario promedio, en Chile son 10 veces. Es por ello que Grau propone un “rango razonable” de reducción de entre 54 % —cifra que hoy respaldaron los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, impulsores de las primeras mociones que dieron pie a la ley, en una carta a El Mercurio— y un 70 %. Diego Pardow, de Espacio Público, cree que la mejor comparación es la dieta según paridad de poder adquisitivo (PPA en inglés), donde Chile también está muy por sobre el promedio. “El promedio de los países de la OCDE según PPA resulta sencillo de justificar, aunque ello supone una reducción sustantiva: dieta cercana a $4 millones brutos”, lo que implicaría una rebaja de más de la mitad, pues hoy reciben $9,3 millones brutos.

“Todas las comparaciones internacionales sitúan a la dieta parlamentaria chilena entre las más elevadas del mundo”, advirtió el economista Enrique París en su presentación. “Los cuestionamientos al monto de la dieta parlamentaria se intensificaron en los últimos 15 años, por el efecto del aumento de la remuneración de los ministros a causa de la asignación de dirección superior, por el uso indebido de asignaciones parlamentarias y su tendencia al alza en el mismo período”, agregó.

Pese a que es un hecho que las remuneraciones de los parlamentarios son altas a nivel internacional, hubo varios argumentos en contra de una rebaja. Entre quienes expusieron ante el CADP se repiten dos: riesgos de corrupción y dificultad para atraer talento.

A estos, se suma que las comparaciones internacionales de sueldos en muchas profesiones muestran altas diferencias, planteó el exconsejero de ADP, Mario Waissbluth. “Si se hubiera graficado con el mismo parámetro el ingreso de los gerentes de empresa, los médicos de clínicas privadas, o los ingenieros de minas, el resultado hubiera sido igual o tal vez peor”. Explicando que eso se debe a la desigualdad en los ingresos que presenta el país y que una dieta líquida de $6,3 a $6,6 millones es excesiva “si se les compara con actividades de igual responsabilidad social o privada”. Es por ello que el académico sugirió una baja simbólica de 1%. “Es preferible que a ustedes los crucifiquen en las redes sociales, a que estas reducciones tengan impactos graves y duraderos en el funcionamiento del Estado”, agregó.

Entre los invitados se repiten críticas a la ley que obliga a que los salarios de parlamentarios y ministros de Estado sean equivalentes. Varios de los expositores coincidieron en que si bien puede ser razonable un recorte para senadores y diputados, tiene menos justificación en el caso del gabinete.

“Sería útil que la comisión diga que esa restricción es poco sensata”, dijo Rodrigo Valdés en su presentación. El problema, explicó, es que los cargos tienen un costo alternativo distinto: el costo de dejar el sector privado es, en promedio, menor para los parlamentarios que para los ministros. “Un ajuste demasiado grande provocará un problema de atracción de talentos en el Ejecutivo”, añadió.

Que un senador gane lo mismo que un diputado no es razonable, dijo Waissbluth. Que el ministro gane lo mismo que un senador o diputado, tampoco. “Estoy ilustrando la complejidad absurda de vuestra tarea: salarios homogéneos para responsabilidades heterogéneas”.

Expertos en recursos humanos concuerdan. Sebastián Pedraza, gerente general de SommerGroup, head hunter que trabaja con el ADP, dice que el sector privado ofrece mejores compensaciones que el público para responsabilidades en cargos de primer nivel con alta complejidad organizacional e interinstitucional. Pero, para los parlamentarios ve una responsabilidad más limitada. “Bajo esa lógica, sus compensaciones no deberían ser equivalentes”, dice.

El profesor de la FEN de la U. de Chile Sebastián Ugarte agrega que existen métodos para definir las remuneraciones con criterios específicos. “No tiene sentido que los parlamentarios que tienen rol diferente, expertise diferente y complejidad de toma de decisiones diferente, tengan el mismo sueldo que los ministros”, dice.