Walmart, la operadora de los supermercados Líder, Express y Ekono, aceptó compensar a los consumidores afectados por la colusión que llevó a cabo junto a Cencosud y SMU para no vender el pollo fresco que le entregaban Agrosuper, Ariztía y Don Pollo bajo el precio de lista o mayorista, al menos entre 2008 y 2011, según el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

A través de una carta, con fecha 12 de junio, la cadena de capitales estadounidenses informó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) su disposición a participar en el Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el Sernac y a recoger las observaciones de la organización de consumidores Conadecus.

El PVC es un nuevo mecanismo que reemplaza a la antigua mediación y que se incorporó en la última modificación de la Ley de Protección del Consumidor. Mientras esté vigente, no se pueden presentar demandas solicitando compensaciones.

Walmart precisa en la carta al Sernac que junto con recoger las propuestas que le haga Conadecus para llegar a un acuerdo compensatorio, también encargó estudios económicos, ya que se requiere calcular el perjuicio causado a los clientes por la colusión en el precio de venta de pollo fresco.

En este caso, como las tres cadenas no vendían pollo fresco bajo el precio de lista, se necesita saber cuánta gente compró menos pollo o dejó de comprar por falta de ofertas.

Por Walmart, los encargados de negociar el acuerdo serán Manuel Oyaneder, gerente financiero de negocio; Matías Puente, gerente de marketing, y las abogadas Nicole Nehme, Stella Muñoz y Catalina Iñiguez, del estudio Ferrada Nehme. Y por Conadecus, la abogada María Jimena Orrego.

Consultadas si se sumarán al PVC, SMU y Cencosud no hicieron declaraciones.

El Sernac convocó al Procedimiento Voluntario Colectivo a todos los partícipes de la colusión: SMU, Cencosud y Walmart en la arista de los supermercados, que duró tres años, y a las productoras de pollo Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, las que al menos durante diez años se coludieron para controlar su producción y asignarse cuotas de mercado, provocando un perjuicio de US$1.500 millones, según un informe económico encargado por la Fiscalía Nacional Económica.

La decisión de Walmart, la única que respondió hasta ahora, podría arrastrar al resto de las protagonistas de ambas colusiones a sumarse al PVC y llegar a un acuerdo para compensar a los consumidores afectados.

El 8 de febrero, la Corte Suprema duplicó las multas aplicadas por el TDLC a las tres cadenas de supermercados.

Cencosud fue condenada a pagar 11.532 Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a US$ 8,2 millones); SMU, 6.876 UTA (US$ 4,9 millones) y Walmart, 11.160 UTA (US$ 7,9 millones).

El tribunal en el caso de Walmart desestimó la rebaja que le aplicó el TDLC por su programa de cumplimiento o compliance, argumentando que no podía considerarse un eximente ni atenuante.

Mientras, en 2015 la Corte Suprema ratificó las multas contra las tres productoras de pollo.

Agrosuper y Ariztía fueron condenadas a pagar las multas máximas contempladas para los casos de colusión: 30 mil UTA, equivalentes a US$ 23,3 millones, cada una. Para Don Pollo, la más pequeña, fueron 12 mil UTA (US$ 9,3 millones).

Esta tarde, la Dirección de Presupuestos publicará el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, en el que se espera que modifique sus proyecciones del escenario fiscal y dé cuentas del detrimento que ha provocado la crisis del coronavirus.

Ayer, el director de Presupuestos, Matías Acevedo, dio a La Tercera algunas luces de lo que traerá el informe. Señaló que para este año esperan un déficit efectivo de 9,6%, y que la deuda pública escale a un 34% del PIB. Además mencionó que el aumento del gasto alcanzará a 11,4%.

Frente a estos datos los economistas se cuadran con las estimaciones de la Dipres, pero también explican que aún están sujetas a varios factores.

“Me parece una estimación razonable con lo que sabemos hoy día, una estimación de mayor gasto”, dice el economista de Gemines Alejandro Fernández, pero advierte que podría ser peor si la pandemia resulta más “intratable”, si el Ingreso Familiar de Emergencia hay que extenderlo por más tiempo, y si la caída del PIB es mayor. “No se puede descartar. De hecho, yo creo que la caída del PIB va a ser mayor, en torno a 8%, lo que aumentaría el déficit y la deuda automáticamente”.

También podría afectar la posibilidad de que un mayor confinamiento profundice la recesión y con ello la recaudación tributaria, que eleva el déficit efectivo, explica el economista de LyD Tomás Flores. En ese sentido, “si la recesión es mayor que 7%, el déficit fiscal podría llegar a 10,3% del PIB”, sostiene Flores.

Si bien las estimaciones de los economistas son peores, no distan significativamente de la Dipres.

El subgerente de estudios de Econsult, Mauricio Carrasco, plantea que primero hay que ver los parámetros de cálculos, pero su estimación preliminar es que el déficit estaría entre 10 y 11 puntos del PIB. “Por lo que (la deuda) cerraría en torno a 35% del producto”, sostiene.

En tanto, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, prevé un déficit fiscal de 10% para este año. “Es importante hacer ver, de todas formas, que hacia los siguientes años la deuda pública sobre PIB seguirá subiendo en línea con lo que se acordó en el plan fiscal de emergencia”.