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Jaime Bellolio en #Radioanálisis: “Fue un error hablar de nueva normalidad cuando ni siquiera habíamos pasado el peak de la enfermedad”.

El sábado la Contraloría General de la República declaró que el trato directo en la compra de alimentos para las cajas a repartir en la Décimo Quinta región que había hecho la intendencia, era ilegal.

El ente fiscalizador anunció en las últimas horas una investigación. La resolución señala textualmente: “Instrúyase sumario administrativo en la Intendencia Regional y en el Gobierno Regional, ambos de Arica y Parinacota , y en los demás servicios públicos pertinentes, a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos a que se refiere el considerando de esta resolución, así como respecto de cualquier otro hecho irregular que se advierta durante el curso de su tramitación”.

Para ello, la Contraloría designó un funcionario instructor.

El concejal de Las Condes, Patricio Bopp, sorprendió en el concejo del jueves la semana pasada –que se realiza en forma virtual- cuando propuso una ordenanza que busca que los trabajadores de farmacias y supermercados apoyen en la fiscalización de permisos temporales y uso de mascarilla de sus clientes. Su propuesta incluye que frente a un caso de incumplimiento no se le atienda y que se pueda activar un protocolo para que inspectores municipales facultados puedan asistir al lugar y poder cursar la multa correspondiente. Con esto, dijo, se ayudaría a la labor de los organismos gubernamentales.

Bopp explicó que esto se puede homologar a la ordenanza mediante la cual se controla en el comercio pidiendo el carné de identidad a las personas que compran alcohol.

A fines de marzo se supo que el gobierno usaría como residencia sanitaria al recinto de Espacio Riesco ubicado en Huechuraba, lo que motivó que la Contraloría dispusiera una investigación al respecto al ser éste un establecimiento privado. En ese entonces, específicamente en el reporte diario del 25 de marzo, el exministro Jaime Mañalich afirmó que “el arriendo mensual es 0,2 UF por metro cuadrado ocupado, en este caso estamos hablando de 3 mil m2, casi 3 mil 500 m2” (cerca de $20 millones). De ahí en adelante nada más se supo del tema. La Segunda accedió vía Transparencia a dicho contrato de 9 páginas y a la resolución exenta que lo aprobó, las que consideran la posibilidad de un pago mayor: “Autorízase el arrendamiento de inmueble por el precio mensual de hasta UF 5.400 impuestos incluidos”, lo que calculado a la UF de hoy ($28.709, según el SII) arroja un monto de $155.028.600.

Consultado esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, recordó que “publicamos una resolución ministerial que fijó el precio del arriendo en 0,2 UF el metro cuadrado mensual, que es idéntico a lo que se paga en cualquier bodega actualmente. Sobre esa se dio la primera cifra ya que eran 3.500 metros cuadrados, por 0,2 UF, da la cifra de $20 millones. Si los metros cuadrados a ocupar de acuerdo a la necesidad de más camas aumentan, esos m2 se multiplican por 0,2 UF y se incrementa el valor a pagar. En la medida que vayamos ocupando todo el espacio, si es que es necesario llevar más pacientes, podríamos llegar a pagar hasta $155 mensuales. Pero eso no está ocurriendo, porque no estamos usando la totalidad del lugar”.

En el contrato además se establecen otras condiciones, como que el Minsal deberá pagar las cuentas de luz, agua, internet y gas y que el uso de este espacio será por cuatro meses (contado desde el 1 de abril) y que se renovará por períodos de dos meses.

Desde el Minsal afirman que actualmente se están ocupando 12 mil m2, lo que calculado a la UF de hoy da un total de $68.901.600.

“Mi marido no está muy bien; creo que me he focalizado más en que él no se contagie”. Con esa revelación parte una entrevista de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien

pasa la cuarentena en su casa, entre teletrabajo y los cuidados de su esposo.

Hutt contó, en el diálogo reproducido en El Mercurio de Valparaíso y otros medios regionales, que en esta época ha extremado las precauciones y sólo ha ido a algunas actividades a La Moneda, y el resto ha sido trabajo a distancia. La ministra (65 años, casada y tres hijos) relató que “tengo a mi marido de alto riesgo en la casa. Entonces, somos bien rigurosos en todas las medidas de sanitización, desinfección, lavado, todas las recomendaciones básicas y de aislamiento”. Su marido Felipe Cossio (68) tiene cáncer y diabetes. “El está muy débil, y como el virus afecta al sistema inmune tenemos que tener todas estas precauciones”.

“El lleva un tiempo largo enfermo, desde el 2018, cuando tuvo la primera operación, ha sido bastante difícil. Ahora está un poco más deteriorado. Ha sido positivo trabajar desde la casa, a pesar de que casi no salgo de mi escritorio. Pero por lo menos termino la jornada y puedo preocuparme de sus medicamentos”.