—¡Son unos desconsiderados! —brama esta mañana José Tobías Silva, que era piloto de avión y ahora suele salir de Santiago los fines de semana en helicóptero, pero como invitado.

—¿Qué te pasa? —pregunto.

—La cuarentena en la Quinta Región, pues. Arruinaron todos mis planes.

—¿Pensabas bolsear helicóptero de nuevo? —interviene Walter Alberto.

—Era un viaje de negocios.

—¿Pero ibas a Viña o pensabas arracarte otra vez a La Calera a comprar tomates? —digo.

—Eso es en Limache.

—¿No era en La Calera donde tenías una polola? —insiste Walter Alberto.

—¿Era Jadue Jadue, Chahuán Chahuán, o Jadue Chahuán? —pregunto.

—Chahuán Jadue.

—¿Aparece o no aparece en la serie?

—Todavía no sale, pero recién he visto los dos primeros capítulos —dice José Tobías, un poco inquieto.

—¿Y tú no apareces?

—Tu sabes, Jota Jota, que estas cosas son como una obra de Pirandello: no están todos los que son, ni son todos los que están.

El fin de la reelección indefinida de los cargos de elección popular ha sido celebrado como un paso decisivo para oxigenar la política y empujar una renovación de liderazgos. En el caso de los alcaldes podría ser, además, un avance significativo en términos de probidad. La literatura especializada coincide en que los riesgos de corrupción, en la medida que los administradores se eternizan, son mayores en cargos ejecutivos y unipersonales, como los alcaldes (y, eventualmente, los futuros gobernadores regionales). De hecho, así lo advertía el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción —la denominada Comisión Engel—, que propuso en 2015 una limitación todavía más estricta que la que finalmente se aplicó.

Sería iluso, sin embargo, creer que esta modificación por sí sola será decisiva para frenar la corrupción municipal. Un porcentaje mayoritario de las recomendaciones que hizo la misma comisión en este ámbito ha tenido escasos o nulos avances, en áreas como políticas de control y fiscalización, gestión financiera, o mecanismos de selección de los cargos más relevantes de la administración. Resulta evidente el desequilibrio existente en cuanto a las exigencias transparencia, rendición de cuentas, control y fiscalización de los municipios frente a los estándares a los que está obligado el gobierno central. La investigación que lleva adelante el Ministerio Público por eventuales delitos en licitaciones de luminarias en distintas comunas confirma la urgencia de mayor control y transparencia.

Enfrentar el riesgo de prácticas indebidas en los municipios —faltas a la probidad, redes clientelares, ineficiencias, opacidad en los gastos— resulta más apremiante si se considera la forma en que los alcaldes se han convertido en un factor de poder en la política nacional.

Durante la crisis social de octubre de 2019, los jefes municipales interpretaron de mejor manera el malestar de la población, transformándose en mediadores entre el Estado y las demandas ciudadanas. La emergencia por el coronavirus acentuó ese rol, al punto de lograr una influencia determinante en la estrategia del Ejecutivo. Distintos sondeos los ubican entre las instituciones mejor evaluadas en la pandemia. De la mano de su relativa autonomía de los partidos y un perfil más transversal, las autoridades locales han encarnado por momentos la oposición más sólida que ha enfrentado el Gobierno.

El nuevo estatus político, social y mediático de los alcaldes es una oportunidad para mejorar la distribución del poder. Pero ello requiere dotar a los municipios de una institucionalidad superior, de más recursos y, con ello, de mejores mecanismos de control, hoy claramente insuficientes. Retomar el impulso de la agenda de probidad y transparencia resulta por lo mismo un imperativo.

Señor Director:

El impacto del coronavirus en la salud mental está calando hondo. El encierro, el hacinamiento y la incertidumbre han aumentado las situaciones de estrés, ansiedad y depresión.

Entre los grupos más expuestos mentalmente están los funcionarios de la salud. La sobrecarga de trabajo, turnos extremadamente largos, pocas horas de sueño, y el crecimiento exponencial de pacientes graves y fallecidos, los ha dejado en muy mal pie. Sin embargo, lo que más los angustia es el temor a contagiarse, y en consecuencia, ellos a sus seres queridos. Especialmente si viven con personas de riesgo, como adultos mayores o enfermos crónicos. Por esta razón, es fundamental un aumento en la dotación de residencias sanitarias exclusivas para funcionarios de la salud. Esto aliviaría, en parte, esta gran preocupación.

Catalina Del Real

Diputada RN

Señor Director:

Las cárceles tienen un problema de hacinamiento. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado nos hemos acercado a la realidad carcelaria durante la pandemia, cuya gravedad debe ser visibilizada y tomada en consideración.

La información está a la vista. El último informe del Colegio Médico, luego de su visita al Centro de Prisión Preventiva Santiago Sur, describe una ocupación del recinto de un 159%. En concreto, 1.540 reclusos por sobre la habitabilidad del espacio. El informe identificó además, otros problemas que impactan en el manejo de la pandemia y la exposición que sufren los reclusos y reclusas: falta de elementos de protección personal, e insuficiente número de exámenes PCR y de cobertura de vacunación anti influenza 2020. Sumado a lo anterior, no se cumple con condiciones básicas de salubridad, con falta de acceso a agua potable, frío, humedad, poco acceso a luz natural y presencia de roedores.

Como si las condiciones deshumanizantes recién descritas no fuesen suficientemente ilustrativas, las personas privadas de libertad ven constantemente vulnerado su derecho a la salud. Así lo señala el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP (2019). Se suma a lo anterior la falta de insumos básicos de higiene para mujeres y una falta de reconocimiento de las diversidades sexuales.

El indulto conmutativo ha sido una estrategia positiva, pero se necesita más para descongestionar las cárceles y mejorar las condiciones. Es urgente robustecer la infraestructura existente y aumentar la dotación médica y de personal de salud. Además, debiesen aprobarse leyes que limiten el uso de la prisión preventiva y que permitan suspender la pena privativa de libertad, por ejemplo para mujeres que tienen hijos o hijas menores de edad. Estaremos trabajando por aquello.

Juan Ignacio Latorre

Senador por la Región de Valparaíso, RD-Frente Amplio

Señor Director:

Después de 14 años de tramitación legislativa se aprobó el límite para la reelección de los parlamentarios y otras autoridades elegidas por voto popular. Ello implica que 51 actuales parlamentarios no podrán repostular en las próximas elecciones de 2021, y afecta también a un centenar de alcaldes, respecto de los cuales se deben mantener las actuales inhabilidades establecidas en la Constitución a fin de evitar excepciones.

La normativa aprobada es de Derecho Público y rige in actum, aplicándose de inmediato. Los diversos constitucionalistas que participaron en el debate coinciden en que el proyecto aprobado afecta a las autoridades en ejercicio. Es un paso en la dirección correcta y responde a una antigua demanda ciudadana para evitar la eternización en los cargos públicos, considerando la baja credibilidad de la función parlamentaria y de los partidos políticos.

Es la hora de la dignificación de la política, la que pasa por su necesaria renovación. Ello requiere de gestos de generosidad y desprendimiento, debiendo anteponerse al interés personal el bien común que constituye el fin último de la política.

Nelson Hadad H.

Señor Director:

Seguramente muchos habrán recordado, a propósito del instructivo para entregar las cajas de alimentos, una conocida prédica de Jesucristo: “Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en sus sinagogas y en las calles” (Mt. 6:2). Es una lástima que el Gobierno pareciera no haber entendido este mensaje.

Felipe Cussen