Parlamentarios que participan de la negociación del Plan de Emergencia, relatan que el encuentro que anoche tuvieron vía Zoom con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue positivo, pero que hay temas muy complejos sobre la mesa para resolverlos en dos semanas, plazo del cual, en todo caso, nadie duda por la urgencia de contar con medidas de protección social y reactivadoras por la pandemia.

Una de las materias a resolver tiene relación con el apoyo a las empresas y la serie de preguntas sobre Latam que planteó ayer por la mañana el senador Carlos Montes (PS), en la sesión de la Comisión de Hacienda, al momento de abordar el proyecto que beneficia a trabajadores independientes, consultas que no reiteró anoche. “Quisiera pedir formalmente al Gobierno que nos entregara todos los documentos sobre la base de lo cual está analizando el tema; segundo, pedir al Gobierno formalmente, si es efectivo que el Banco Estado le hizo un préstamo significativo hace poquito a Latam; y que se consultara, formalmente, si es efectivo que Latam le pagó a la familia Piñera los US$40 millones del préstamo que le había hecho, antes de entrar en el capítulo 11” (solicitud para reorganizarse bajo la protección de la Ley de Quiebras). Y remarcó: “Yo quiero información formal. Sería bueno aclarar; se está llenando de ruido”.

Minutos después, Montes insistió: “Ministro le pido transparencia, porque para tener confianza necesitamos transparencia y saber exactamente los datos que se están considerando”.

“He tomado nota de su solicitud respecto de Latam y naturalmente la vamos a atender”, respondió Briones. “Solo quiero dejar claro lo siguiente: nosotros no disponemos de información específica, ni confidencial, ni privilegiada, respecto a la compañía, no tendríamos por qué. La verdad es que como Gobierno hemos sido extremadamente prudentes y extremadamente transparentes en la forma de plantear esta discusión; la hemos planteado desde un paraguas general, respecto a cómo vamos a reflexionar respecto a las grandes empresas; lo hemos situado en el contexto de la aeronátutica en general, revisando la experiencia comparada y, por supuesto, hemos traído a colación la información básica general de la cual se dispone. Pero quiero ser enfático: nosotros no tenemos información, ni privada, ni específica o privilegiada respecto a Latam”. Y añadió que “esta reflexión debe ser de cara a la ciudadanía”.

En lo concreto, el año 2016 se suscribió un contrato de financiamiento entre Inversiones Odisea (familia Piñera) con Costa Verde Aeronáutica, por alrededor de US$38 millones, en cifras de entonces, y a pagar en cinco años, es decir, con fecha de término en mayo del año 2021. Sin embargo, Costa Verde terminó de pagar todo lo adeudado tanto a Inversiones Odisea, como a los bancos de Chile e Itaú, en diciembre de 2019. El prepago del monto total figura en el análisis razonado del estado de resultados de Costa Verde.

El propio diseño establecido por el Gobierno para negociar, con sede en la comisión de Hacienda del Senado ampliada, es decir, agregando a los diputados de la comisión de la Cámara cuyos partidos no estuvieran representados (ver infografía), le pasó la cuenta al Ejecutivo. Anoche, cuentan que el Gobierno intentó agregar a la negociación precisamente al partido del ministro Briones, Evópoli, solicitando la incorporación del senador y economista Felipe Kast. Sin embargo, y apelando al modelo establecido, la petición fue rechazada.

El intento del Gobierno por asegurar en el pacto la presencia de la exConcertación se vio parcialmente frustrado con la salida del Partido Radical, tienda representada en la negociación por el diputado Alexis Sepúlveda, quien anunció ayer que su colectividad se restaba de las conversaciones. Esto, argumentó, por la molestia con Briones por haber instalado un grupo de economistas como asesores técnicos, rol que, en todo caso, el ministro precisó.

En el oficialismo evalúan que el golpe no es tan fuerte, considerando el peso parlamentario de los radicales (cuatro diputados y sin senadores), pese a lo cual en la oposición vieron el episodio como una señal negativa para el “ánimo” del acuerdo. Y en este contexto, un especial rol para asegurar las confianzas con los presidentes del PS, PPD y la DC lo ha desplegado el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sectores donde Chile Vamos siente que hay un camino avanzado.

Pese a ello, igualmente esta mañana los timoneles PS y PPD, Alvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, emitieron una declaración pública en la que afirmaron que “antes de avanzar en otros acuerdos creemos indispensable que el Gobierno genere las condiciones necesarias para controlar la pandemia y, paralelamente, asegurar un ingreso básico para todas las personas. Si estas dos cosas no van de la mano, no hay solución a la crisis que solo vemos empeorar”. En el escrito además criticaron la “engorrosa experiencia” de la entrega de cajas por parte del Ejecutivo, y que “la segmentación del apoyo económico a las familias es un procedimiento innecesario”.

A juicio de Jorge Pizarro (exDC), presidente de la comisión senatorial, “el Gobierno está complicado con todo como es lógico; la demanda es en todos los niveles y en todos los sectores. Más crédito, más subsidio, más bonos, más cobertura. Hay temas que aparecen que son más urgentes, otros no tanto. No sé si se podrán abordar todos”.

La próxima reunión entre Briones y los parlamentarios, que se realizará mañana, será clave, ya que el Gobierno se comprometió a entregar los datos sobre cuántos recursos hay disponibles.

Y en la oposición son categóricos: no quieren esperar a que los economistas entreguen insumos en diez días, sino que demandan definiciones personales del ministro, tanto en el monto para los próximos 20 meses, como un verdadero “golpe” de mayor gasto en los siguientes tres; y cuánto se incrementará la deuda fiscal.

Algunos conocedores de este proceso consultados por este medio sostienen que no habría tantas dificultades en definir el monto, que estaría entre los US$ 8.000 millones y US$12.000 millones; el principal problema es cómo financiarlo. En la oposición hay resistencia a las reasignaciones. “El único documento de referencia que tenemos es de los economistas del Colegio Médico, donde proponen un gasto de US$ 12.000 millones adicionales, sin reasignaciones”, dice el diputado Giorgio Jackson (RD). “En la reunión el Gobierno dirá cuántos recursos frescos tiene. Si dice que todo es reasignación, no hay mucho de que hablar”, advierte.

“Puede haber un espacio para reasignaciones, pero lo fundamental es usar los recursos que tenemos disponibles y evaluar un mayor endeudamiento acotado”, opina el senador PPD Ricardo Lagos Weber. “Las reasignaciones siempre se pueden usar, pero ya se ha hecho un esfuerzo en esa materia”, agrega.

Entre las medidas para la reactivación económica, en la derecha se está discutiendo la posibilidad de bajar impuestos para incentivar la inversión. La UDI, RN y Evópoli manejan propuestas en este sentido. Pero esta discusión estaría lejos de un acuerdo. La oposición cree que, ante el déficit que se va a experimentar, reducir impuestos es contraproducente y que, incluso, se deberían subir al mediano plazo. Por ello esperan no incluir el tema en el Plan de Emergencia.

Fue ayer cuando el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, propuso que se incluyera la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) para aquellos que al día de hoy estén en situación de recibir la gratuidad universitaria.

El tema incomodó al Gobierno y el ministro de Hacienda le puso freno a la propuesta, apuntando a acotar los temas por el “por el sentido de urgencia”.

Y si bien Desbordes replicó al jefe de las finanzas que “hay que estar más conectado con lo que pasa con la gente”, los presidentes de la UDI y Evópoli, Jacqueline van Rysselberghe y Hernán Larraín Matte, respectivamente, también estuvieron por no incluir la propuesta del timonel RN en el acuerdo.

La condonación a los deudores del CAE no es un tema nuevo en RN, pues el mismo Desbordes ya lo había planteado al ministro del Interior en noviembre del 2019, afirmando que “hay que lograr financiamiento flexible y que no sea una carga enorme para quien quiere estudiar”, algo que había sido reiterado por otros militantes, como el senador Francisco Chahuán en febrero de este año.

En la oportunidad, el tema también incomodó por su costo fiscal: $524.445 millones. La propuesta de Desbordes podría ser una estrategia para amarrar al gobierno más adelante con este tema, en caso de que no se pueda incluir en este momento.