Luis Larraín dice que 800 personas financian Libertad y Desarrollo. “La Segunda” estableció, en un reportaje del 16 de abril de 2018, la baja transparencia del instituto: en una escala de 0 a 7, obtuvo apenas un 1.

LyD es un ente peculiar. Se presenta como “centro de investigación”, incluido un grupo de “investigadores”, sin que, empero, se le conozcan resultados que cumplan los estándares mínimos según los cuales se entiende a esa labor en Occidente. Cabe pensar que los donantes malgastan su dinero o son engañados: se lo entregan a un “centro de investigación” que no hace investigación acreditada.

Pocos previeron las dimensiones de la protesta social de octubre. Sin embargo, desde ambas veredas del espectro político y cultural se venía advirtiendo sobre un desajuste profundo entre los anhelos y pulsiones populares, y la institucionalidad y los discursos dominantes. Con muchísimos menos recursos, en el IES, en IdeaPaís, en diversas universidades, habían reparado en el problema. LyD, en cambio, operó pertinazmente en su dogmatismo tipo Friedman de los setenta, según el cual el orden económico neoliberal es la base del orden político. Su director, Luis Larraín, podía escribir, en un libro autopublicado, después de las protestas de 2011: los chilenos “quieren más del modelo”. Tras el estallido social, LyD cifró la raíz del problema en la cuestión del crecimiento, dejando de lado el asunto político y sin reparar siquiera en las razones hondas del estancamiento productivo (para entenderlas, puede leerse a auténticos investigadores: Bergoeing, en la OCDE, Ffrench-Davis).

Entonces, habría que preguntarle a los donantes: ¿vale la pena seguir botando dinero en un “centro de investigación” que no solo no investiga, sino que además es incompetente?

La donación, a esta altura, es, además, políticamente irresponsable. Gracias a ella, LyD sigue actuando como un verdadero tapón hermenéutico, reduciendo a la centroderecha en sus capacidades de entender la situación y desplegar un pensamiento político amplio, allende los estrechos límites de cabezas para las cuales el individuo es una entidad última y autónoma, y el Estado es mero agregado por limitar al papel de gendarme.

El asunto podría tener un giro más turbio. Ocurre que LyD es un enclave. Su contingente de operadores interviene en el proceso legislativo y el gobierno. Probablemente esas capacidades de operación expliquen una parte de los 800 donantes, a la que, en verdad, no le importaría que no haya investigación ni comprensión pertinente de la situación. Lo que la estimularía es la capacidad de LyD de permear el proceso político. En la época en que el financiamiento de los partidos ha sido normado, sería deseable saber quién le paga a esa pléyade de activistas. No sea que la política esté siendo irregularmente financiada por esa vía.

Cada día vemos con preocupación cómo se rompen récords de contagios y muertes debido al covid-19. Al observar las cifras, nos impactamos y asustamos frente al futuro cercano. Si profundizamos en los indicadores, vemos que el mundo rural no está ajeno a esta pandemia. Con un 8% de los casos confirmados a nivel nacional, hay regiones en las cuales el contagio en zonas rurales es equivalente o superior al de las zonas urbanas, como es el caso del Maule, Ñuble y La Araucanía. Esta última es la más pobre y carente de agua potable de Chile, donde 24 de sus 30 comunas presentan casos activos de covid-19.

El mundo rural no solo carece de servicios básicos y de salud que le permitan enfrentar de buena manera esta crisis, sino que, además, un 47% de la población no cuenta con agua por red. Por lo mismo, mantener las normas de higiene básicas de prevención es una verdadera utopía. Esto se agudiza también por un contexto de sequía que no da tregua y que suma récords impresionantes, afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables que viven en la ruralidad.

Se estima que la pobreza aumentará en al menos un 2%, lo que es la antesala de tiempos en extremo difíciles. El gobierno central y las municipalidades coordinan sin descanso la ayuda de emergencia para los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, varias organizaciones sin fines de lucro estamos llamadas a poner atención en la siguiente etapa —la pospandemia— y los efectos que vivirá la población.

Si las autoridades hoy están distribuyendo kits de emergencia, desde nuestra parte tenemos que pensar en kits de herramientas, para que los chilenos que hoy tienen menos recursos y están siendo afectados por el covid-19 puedan levantarse cuando la tormenta sanitaria pase. Hambre y desempleo son palabras que hoy se escuchan cada vez más fuerte y la forma de superarlas será entregando herramientas.

Hoy, más que nunca, vemos el agua como una herramienta clave para la superación de la pobreza. En Fundación Amulén estamos implementando proyectos innovadores para asegurar que cada hogar cuente con agua, pues su ausencia es camino seguro hacia la pobreza más profunda.

Mucho se ha especulado de que nuestra falta de capacidad en Chile para actuar de manera mancomunada se debe —en parte— al debilitamiento de las “organizaciones intermedias”, tales como las asociaciones sociales, deportivas, religiosas y sindicales, entre otras. Es muy posible que sea así, porque estas asociaciones nos vinculan, nos organizan y, en definitiva, nos acercan al prójimo en uno o varios proyectos colectivos.

A propósito de la crisis de Latam y muchas otras de diversos tamaños, cabe recordar que hay otro tipo de organización que cohesiona a la sociedad: la empresa. Al igual que cualquier agrupación humana, está llena de conflictos y contradicciones, pero aun así es una fuerza aglutinadora, que no solo es valiosa en lo económico, sino también en lo social.

El estallido de violencia de octubre de 2019 nos permite apreciar este valor social. De los cientos de miles de empresas que existen en Chile, muy pocas implosionaron; la mayoría se afiataron como equipo, no obstante las durísimas condiciones que enfrentaron. No fue necesariamente la camaradería lo único que las mantuvo cohesionadas. Como siempre, los incentivos y los miedos también influyeron.

En materia de salud y seguridad de las personas, tan crucial en estos días, la empresa también ha jugado un rol. En los últimos 50 años, el número de accidentes laborales ha caído a un décimo, sin aumentar el costo del sistema. Nuevamente, esto no ha sido solo resultado de consideraciones humanitarias: los incentivos económicos también han jugado un rol, porque la empresa se beneficia cuando disminuye su siniestralidad. De ahí que se hayan creado estructuras internas y externas para la prevención de accidentes y enfermedades. Como consecuencia, el sistema invierte al menos un 18% de los ingresos en prevención.

Todo esto sugiere que las empresas y mutuales de seguridad pueden jugar un rol clave en el combate del covid-19. Ya se ha declarado que su siniestralidad será cubierta por las mutuales en caso de que el contagio se dé por motivo u ocasión del puesto de trabajo. Muy bien, porque esto genera los incentivos correctos para la prevención. Lo que está pendiente es que la autoridad declare el covid-19 como un agente de riesgo, similar al ruido o al sílice, pues ello obligaría a utilizar la estructura de vigilancia de las empresas, exitosa en otros contextos.

Está claro que, como dice el refrán,“el diablo está en los detalles”, pero en estas circunstancias no nos podemos dar el lujo de temerle al diablo. Menos ahora que la histórica contracción de la economía llevó al Imacec a -14,1%, lo que, junto con el aumento del desempleo, ensombrece aún más el difícil panorama provocado por la pandemia.