El impacto de la pandemia del coronavirus en la salud privada se ha hecho sentir, en especial por el hecho de que operaciones, procedimientos y consultas no relacionadas con la pandemia se redujeron al mínimo, lo que afectó los ingresos de estas empresas. Las clínicas UC-Christus, Universidad de Los Andes y Meds se acogieron a la Ley de Protección del Empleo (LPE). Y ahora, Clínica Indisa pidió a sus trabajadores una reducción de sueldo e Integramédica le solicitó a sus médicos bajar sus honorarios en 5%.

Consultados los sindicatos de otras clínicas, como la Alemana y Santa María, afirmaron que hasta ahora no ha habido solicitudes para reducir sueldos o acogerse a la LPE. Pero la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, Gloria Flores, llamó la atención respecto a la precaria situación en que se encuentran clínicas más pequeñas o regionales, cuyos dueños, dijo, estarían presionando a sus trabajadores a asumir recortes de sueldo o acogerse a la citada ley. “Es impresentable que hoy a los trabajadores que tanto se destacan porque están en la primera línea contra esta pandemia se les plantee una reducción de remuneraciones o de beneficios laborales”, dijo Flores.

En Santiago, el escenario más complejo es el que enfrentan los tres sindicatos de la Clínica Indisa ante la petición de la empresa. “Indisa se encuentra en un proceso de conversaciones para llegar a un acuerdo, sin que se busque imponer algo específico y con la finalidad de mantener los puestos de trabajo”, dijo la clínica.

Pero su sindicato 1, el más grande con 1.600 trabajadores y que actualmente se encuentra en negociación colectiva y con fuero sindical hasta la primera semana de julio, ya dijo que no aceptaría las condiciones de la compañía que entre sus socios tiene a los chilenos Juan Antonio Guzmán, Alejandro Pérez y Jorge Selume.

“No vamos a aceptar el descuento porque consideramos poco ético por parte de la empresa hacer esto en medio de la crisis sanitaria”, dijo Rodrigo Jacob, presidente del sindicato 1.

Los otros dos sindicatos, el 2 de enfermeros y enfermeras (que reúne a 400 socios), y el 3 de profesionales de la salud (con 300 entre enfermeras/os, matronas/es, médicos, kinesiólogos/as y nutricionistas), siguen conversando con la administración. Estos sindicatos, dijeron que aún no hay un acuerdo, pero podría haber novedades esta semana.

La propuesta que está sobre la mesa es un recorte de 5% a aquellos empleados con salarios de entre $750.000 y $1 millón, uno de 10% para todos los profesionales con sueldos superiores a eso, y una reducción ya realizada de los gerentes y altos cargos de 20%. Tales recortes se extenderían por entre 3 y 5 meses, pero se traducirían en un préstamo de los trabajadores a la empresa, que sería devuelto en cuotas de acuerdo al plazo anterior.

Una de las dudas de los sindicatos al evaluar la propuesta de la empresa es que Indisa tuvo utilidades por $11.630 millones en 2019, y distribuyó como dividendos $4.650 millones, es decir el 40% y no el mínimo legal de 30%.

Desde Integramédica, en tanto, admiten la rebaja solicitada a 250 doctores de 2 mil que trabajan en sus centros médicos (no afectaría a las clínicas Bupa Santiago ni Reñaca) y sostienen que, al igual que el resto de los prestadores de salud, han sufrido una baja de 80% en sus operaciones. “A eso se suma el incremento en los costos y el valor de los insumos derivados de la pandemia, lo que también ha afectado gravemente nuestra operación. Por lo anterior, nos hemos visto en la obligación de implementar algunos ajustes que nos permitan asegurar la continuidad operativa de nuestros centros médicos en el mediano y en el largo plazo”, agregó.

El Colegio Médico está canalizando denuncias y evaluando cada situación. “En Integramédica, (…) los colegas nos piden que esta disminución sea por un plazo definido y reevaluable dependiendo de la evolución de la pandemia”, comenta el vicepresidente Patricio Meza.

Hoy se ingresará el veto presidencial con el que el Gobierno busca destrabar la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De aprobarse esta semana, desde La Moneda creen que se podrá pagar parte del beneficio antes de fin de mes.

Y aunque la oposición sigue pidiendo más recursos, lo único claro es que desde el Ejecutivo no aumentarán el monto destinado a este programa que suma US$802 millones por tres meses, según Dipres. Esta mañana desde el Gobierno no quisieron aclarar si el veto consideraría cambios respecto de los posibles beneficiarios, de la duración del programa y si habrá una diferenciación entre los beneficios para las familias que pertenezcan al 40% o 60% más vulnerables.

De cualquier forma, las chances de la oposición para presionar al gobierno son bajas. Para que el veto sea rechazado deberá contar con dos tercios de los votos, explica el abogado de LyD, John Enríquez. Ahora, si las cámaras lograran desechar el veto e insistir en el texto que aprobaron, “el Presidente deberá respetar su voluntad y promulgar la ley en tales condiciones”, dice Enríquez. Ello significaría que el IFE seguiría sin poder operar.

Si ChileVamos se alinea, los votos para aprobar el veto debieran estar. Con 51 votos en la Cámara de Diputados (el oficialismo suma 70) y 15 votos en el Senado (tiene 17) el veto presidencial sería aprobado.

De todos modos, en la oposición no pierden la esperanza de que alguna de sus propuestas sean incluidas. “Hasta que llegue el veto esperamos que el Gobierno oiga algo de lo que se ha propuesto y se amplíe el universo de personas y el monto mejore (...) pero no han querido conversar”, comenta el senador PS Carlos Montes.