“Nadie se imaginó lo que iba a pasar. Pensamos que íbamos a tener mucha actividad, porque las clínicas se prepararon para atender pacientes con covid-19 a raíz de la solicitud de la autoridad de formar una red pública”, dice Ana María Albornoz, la gerenta general de Clínicas de Chile desde 1998.

Los ingresos de los centros asociados —que suman seis mil camas— cayeron en promedio un 80% en un mes y medio: desde el 16 de marzo, cuando se anunció la creación de la red pública con clínicas y hospitales, que obligó a suspender todas las cirugías electivas, hasta el jueves 30 de abril fecha en que se levantó la medida.

Desde entonces quedaron autorizadas las cirugías electivas que no requieran más de 24 horas de hospitalización ni uso de UCI ni UTI, y también las patologías GES que no impliquen riesgo de salud mayor.

Ingeniera comercial de la UC, Albornoz llegó a trabajar al gremio que agrupa a cinco centros médicos y 34 clínicas —la última en sumarse fue Bupa— cuando se llamaba asociación, pero en 2005 cambió de nombre y estatutos.

—¿Podrían cerrar este año con pérdidas las clínicas?

—Obviamente que algunas clínicas podrían tener pérdidas. Otras no. Hay clínicas con más apoyo financiero, otras que tienen más dificultades para conseguir capital de trabajo.

—¿También se van a ver afectadas las isapres?

—Creo que a las isapres les va a ir bien, porque van a dejar de pagar una serie de prestaciones que la gente no está usando. Van a tener menos prestaciones que cubrir y los afiliados van a seguir pagando (sus planes).

—¿Y qué pasará con las empresas que tienen clínicas e isapre, lo que se conoce integración vertical?

—En ese caso, a las clínicas le va a ir mal y a las isapres bien. El balance del holding va a mostrar que le fue mal a la clínica, en cambio, bien a la isapre porque no va a pagar muchas prestaciones.

Aclara que las isapres no tienen clínicas. Por ley las aseguradoras poseen un giro único, lo que no impide que una tercera compañía pueda ser propietaria de una isapre y de una o más clínicas.

Empresas Banmédica es dueña de la isapre del mismo nombre y de las clínicas Dávila —la más grande del país con 494 camas—, Santa María (345), Vespucio (137), Ciudad del Mar (105) y Bío Bío (63), Vida Integra y Help. Mientras ILC, el holding de la Cámara Chilena de la Construcción, es dueño de la isapre Consalud y de RedSalud que tiene siete clínicas y un centro de salud. La inglesa Bupa es propietaria de Cruz Blanca y la clínica Bupa, la segunda más grande de Chile, con 460 camas, e Integramédica.

—¿La autoridad calculó mal, al pensar que habría 100 mil contagiados por covid-19 al segundo mes y puso a disposición todas las camas privadas y públicas de Chile y las salas UTI y UCI para el virus?

—La situación que se previó fue tener todo a disposición de la epidemia, incluidos los centros que el gobierno instaló y que aún no han sido requeridos por el buen manejo de la autoridad. Todos los espacios de urgencia y los pabellones se reconvirtieron a camas críticas con respiradores. Una red única iba a derivar a pacientes donde hubiera espacio.

—A dos meses del primer caso hay poco más de 20 mil.

—No encontramos que sea un error. Fue una consecuencia de un manejo con mucha precaución para prever que no ocurriera lo que pasó en otros países.

—¿Cuándo se reunieron con autoridad de salud para plantearle que estaban con un 20% de ingresos por la caída en la actividad?

—A mitad de abril se notó la baja en la actividad y pusimos una voz de alerta.

—¿Cuántos pacientes contagiados con covid-19 fueron derivados a las clínicas?

—En un sondeo hecho la semana pasada en Santiago, no teníamos ninguno. En Punta Arenas debe haber pacientes, pero en promedio no hemos sido requeridos, porque el Estado ha logrado atender pacientes en la red pública.

—¿La gente dejó de ir a la clínicas, porque no hubo claridad para informar que los médicos seguían atendiendo? ¿O por temor?

—Algunas isapres informaron que se iban a suspender las intervenciones quirúrgicas. Y se dejó de ir a las consultas por el llamado a quedarse en casa, a no exponerse. Algunos médicos cerraron sus consultas, porque no tenían pacientes. Si uno hubiera pensado que la gente iba a dejar de ir a las consultas, a hacerse exámenes, quizás se hubiera tomado otra actitud al comienzo. La gente tuvo temor de ir a las clínicas, pensando que el virus podría estar en mayor concentración.

Explica que todas las clínicas tienen entradas, trayectos y salas de espera en urgencia separadas para pacientes con enfermedades respiratorias que pueden ser coronavirus y los que no.

—¿Todas las clínicas se acogieron a la Ley de Protección del Empleo?

—Hay aspectos de la ley que pareciera que se pueden ocupar si hay un servicio cerrado. Estamos esperando que se resuelvan algunas precisiones en la comisión mixta del Congreso y un dictamen de la Dirección del Trabajo.

La comisión mixta sesionó ayer y volverá a hacerlo esta mañana.