Cuando hablan los ejecutivos o los colaboradores de Cencosud, todos anónimamente, se oyen incómodos, e incluso molestos. Es que sienten que la compañía se ganó un conflicto político gratuito al decidir distribuir el 80% de las utilidades de 2019 entre sus accionistas cuando, al mismo tiempo, sus filiales Paris, Johnson y Eurofashion se acogían a la Ley de Protección del Empleo. Es decir, daba señales de fortaleza financiera por un lado y de debilidad por el otro. Lo consideran un error estratégico sumamente evitable, que pone a la empresa en el foco público innecesariamente y que genera conflictos internos con los trabajadores. “La gente del holding siente rabia y poca protección de una empresa que sí tenía espaldas como para sortear esta situación”, dijo una fuente al interior de la empresa. Más aún, cuando hay áreas del grupo, como los supermercados y los canales digitales, que están marchando más o menos bien en tiempos de pandemia, no como la multitienda, que efectivamente lo está pasando mal, pues todas sus tiendas están irremediablemente cerradas.

Ahora, una de las preguntas que se hacen en la empresa y entre los críticos de la decisión es hacia dónde se dirigen los $91.360 millones (US$110 millones) de ganancias netas del ejercicio pasado que se distribuirán a sus accionistas. Lo obvio es que se repartirán proporcionalmente a las acciones que cada socio tenía en la compañía al 31 de diciembre de 2019. Por tanto, el 53,25% o $48.650 millones (US$58 millones) irá a la familia Paulmann, que recibe este dinero a través de las sociedades de inversión mediante las cuales controla el grupo (Quinchamalí, la sociedad matriz, que a su vez controla a Latadía y Tano) y a sus participaciones individuales (ver infografía).

Otro 21,1% irá a los fondos de los afiliados que administran las AFP. Todas las administradoras poseen acciones de Cencosud en todos sus multifondos, aunque la que concentraban mayor participación accionaria a fines del año pasado era Habitat con más del 6%, según la memoria 2019. Actualmente, esa participación ha bajado y es Provida la que más acciones de Cencosud tiene con cerca del 5%.

El restante 25,64% será distribuido entre alrededor de 1.630 accionistas, entre ellos varios fondos de inversión y compañías de seguros.

Compromisos

“No creas que esa plata se la va a llevar Paulmann para la casa”, concuerdan dos cercanos al controlador del grupo.

Si no es así, dónde va a ir a parar. “Probablemente la familia tiene compromisos financieros asumidos para el crecimiento de Cencosud que debe cumplir”, dice un alto directivo.

Una versión que coincide con lo que se piensa entre los ejecutivos. Intuyen que va a pagar deudas de la familia controladora, que en los últimos años ha debido afrontar varias operaciones financieras como aumentos de capital, por ejemplo el de 2012, por US$1.650 millones.

“Si te das cuenta, en los últimos años Cencosud ha repartido dividendos altos, salvo el año pasado por CencoShopping”, recuerda un colaborador de la empresa. Efectivamente, el año pasado Cencosud distribuyó solo un 30,49% de dividendos. Pero en 2017 repartió un 82,9% de sus utilidades, en 2016 un 74,85% y en 2015, un 80,55%. Y eso coincide, agrega la fuente, con las dificultades que ha vivido la compañía en especial por sus operaciones en Brasil y Colombia, que fueron adversas.

Y los expertos financieros concuerdan con estas hipótesis.

“El destino de los dividendos puede ser para aprovecharlos en términos personales, pero dadas las estructuras financieras que utilizan estas empresas, muchos de estos recursos obedecen a una cadena de pagos. Es decir, pueden ser flujos destinados al pago de obligaciones que ellos contrajeron como accionistas con bancos nacionales y extranjeros”, explica Hugo Caneo, abogado y profesor de la U. de Chile. “Los mayores destinatarios de este volumen de recursos que repartirá la compañía, será la familia controladora y empresas financieras, entre otros. Los usos de estos recursos por parte de estos accionistas, se destinan principalmente a pagar obligaciones financieras”, sostiene Rodrigo Castro, jefe Producto Administración de Carteras de Vector Capital.

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En una discutida sesión, esta mañana una comisión mixta parlamentaria intentó zanjar las discrepancias suscitadas entre ambas cámaras respecto del proyecto de ley que modifica la Ley de Protección del Empleo, que incluyó la propuesta opositora de restringir el reparto de dividendos a las empresas que se acojan a esta ley.

Los puntos de mayor conflicto fueron si se trataría solo de sociedades anónimas abiertas o también cerradas, y si la empresa acogida a la ley podía repartir dividendos por el mínimo legal (30%) o se prohibía completamente la distribución de utilidades en caso de que se suspendiera la relación laboral con alguno de sus trabajadores.

En este sentido, la indicación que se aprobó esta mañana fue la de la diputada Gael Yoemans (CS) que plantea que si alguna empresa se acoge a esta ley o es parte de un holding que se acoja a la ley, no podrá repartir dividendos.

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