Preocupados están los colegios privados. La acción de apoderados (de manera individual o como Centros de Padres) que exigen el no pago de las colegiaturas en época de pandemia ante el Sernac o ante la justicia, pusieron en alerta a los sostenedores educacionales.

Al caso de Temuco, donde la agrupación de padres del Colegio Inglés George Chaytor Carson presentó un recurso de protección que fue declarado admisible además de una orden de no innovar (también acogida) para suspender el pago de las mensualidades mientras se resuelve el recurso, se suma otra acción judicial en La Serena.

Allí, una apoderada a nombre del Centro General de Padres siguió el mismo camino en contra del colegio Gerónimo Rendic. El recurso fue acogido a trámite, no así la orden de no innovar.

En el Sernac, en tanto, ya han llegado cerca de 250 reclamos o consultas que apuntan al congelamientos o rebajas de aranceles considerando que los niños no están asistiendo a clases presenciales.

“Hay preocupación porque, primero, los contratos de colegiaturas son entre privados. Entonces, no procede acoger un recurso de protección ni una orden de no innovar. La suspensión sanitaria no es decisión de los sostenedores, si no una resolución sanitaria. Y se están reemplazando las clases por sistema remoto. Sabemos que no es lo mismo, pero es una situación excepcional”, dice el presidente de la Conacep, Hernán Herrera, agrupación que reúne a más de 600 colegios subvencionados y pagados del país.

Su colega de la FIDE, Guido Crino, (que agrupa cerca de 750 colegios pagados, gran parte católicos) admite que “es preocupante. Estamos muy atentos y nuestro departamento jurídico podrá asesorar a cualquiera de nuestros asociados”

Herrera agrega que “nos preocupa que los tribunales empiecen a acoger estas acciones, que los fallos se retrasen y dejen en esta situación (de incertidumbre económica) a los colegios. Este tipo de acciones judiciales se irradia rápidamente, se genera un efecto de imitación”.

La abogada que inició las acciones legales contra el colegio de Temuco, Camila Gajardo, ya ha recibido le llamado de centros de padres de otros establecimientos. Con dos de ellos (ambos de Santiago) hay conversaciones avanzadas. “Me han llamado y les he aclarado que en el caso de Temuco hasta ahora solo se ha suspendido el pago mientras se resuelve el recurso”, señala.

Explica que “esto es nuevo, no hay jurisprudencia en el tema. Por lo tanto está todo por verse, pero entiendo que hay otros colegas evaluando esto”.

José Flores representa al centro de padres de los 13 colegios de la red internacional Cognitas (colegios Pumahue, Manquecura, American British School y San Francisco Javier, que reúnen cerca de 8 mil familias). Asegura que esta tarde definirán si iniciarán acciones legales (están encuestando a los apoderados).

Los colegios han optado por distintas estrategias para evitar la judicialización.

Desde la Conacep y la FIDE han instruido abordar el tema «caso a caso». “Nuestra recomendación es la negociación con los padres, y caso a caso. Va desde postergar pagos hasta beca total. Así evitamos la judicialización”, dice Crino.

Herrera agrega que en la Conacep “hace semanas pedimos detectar qué familias necesitan apoyo, para ir en su ayuda. No estamos de acuerdo con rebajas generalizadas de aranceles, porque no te permite focalizar”.

Una estrategia distinta es la que han usado grupos que tienen varios colegios a su cargo. Cognitas (colegios Pumahue y Manquecura) han rebajado en un 15% la mensualidad de abril, mayo y junio.

Los colegios Regnum Christi (de los Legionarios de Cristo: Cumbres, Everest, Highlands, San Isidro, La Cruz y Maitenes) están viendo mes a mes los descuentos para los apoderados. Por lo pronto, traspasaron los ahorros del trabajo remoto, ofertando un descuento $40 mil al mes por alumno o derivarlo a becas.

Esta mañana el superintendente de Educación, Cristian O'Ryan, detalló en Canal 13 que han recibido bastantes consultas sobre el tema de parte de apoderados “y lo que hemos dicho es que es un tema tan grande, que solo llevarlo a algo contractual va a ser perjudicial para nuestros niños. Por eso, desde un comienzo hemos llamado al diálogo, a llegar a acuerdo”.

Y agregó: “Efectivamente uno podría decir que los padres están recibiendo un servicio inferior por el que pagaron, pero no es una decisión unilateral de los establecimientos, es una crisis sanitaria”.

Agregó que “cuando volvamos a clases los colegios van a tener que implementar medidas sanitarias que tampoco estaban contenidas en el contrato” y sostuvo que los colegios no podrán cobrar adicional si el año escolar se extiende.