En Chile se puede saber cuántas camas críticas habrá (1.300), cuánto cuesta arrendar Espacio Riesco ($20 millones mensuales) y numerosos detalles sobre el avance de la pandemia del coronavirus. Todos los días la población es actualizada con diferentes cifras y los expertos reconocen que desde que comenzó la emergencia con el primer caso (3 de marzo de 2020) hasta hoy se ha avanzado mucho…, pero “a la chilena”.

La falta de un informe estandarizado y la ausencia de datos regionales y comunales desagregados, o sobre el estado de los pacientes críticos, son algunos de los principales puntos en cuestión. “No contamos con la información suficiente para determinar si es razonable o no la medida de cuarentena total para siete comunas de Santiago. No hay un sistema de reporte estándar; en los últimos cinco días ha cambiado tres veces y cuando las medidas de las autoridades están ante el escrutinio público, la única manera de evaluarlas es teniendo suficientes datos”, dice el especialista en Salud Pública de la Universidad de Chile Cristóbal Cuadrado.

Y con él concuerdan los epidemiólogos Manuel Nájera y Muriel Ramírez (UC del Norte), aunque pese a las críticas, los expertos afirman que tanto la Seremi como el Departamento de Epidemiología cuentan con equipos pequeños que están realizando un esfuerzo importante para recopilar, organizar y chequear los datos. Además, el sistema será mejorado: esta semana el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación constituyó una mesa de trabajo, junto a representantes del Minsal y especialistas en ciencia de datos para mejorar el proceso.

Desde el 23 de marzo, el Departamento de Epidemiología publica un informe diario “que ha mejorado harto” respecto de lo que se informaba la semana pasada, según el doctor Nájera. Se pueden encontrar cifras y gráficos sobre el total de casos confirmados y sospechosos, las regiones donde se ubican las mayores tasas de confirmación, tablas de confirmados por grupo etáreo, región, sexo, sintomatología, entre otros. El informe del miércoles 25 de marzo incluyó un mapeo comunal sobre lo que ocurre en la Región Metropolitana, Ñuble, Bío Bío y Araucanía, donde se registran la mayoría de los infectados. Ítem que no fue parte del documento de ayer.

Los expertos se quejan de esa irregularidad y dicen que siempre se debieran dar a conocer información que para ellos es sensible. Cuadrado explica que los datos que se han entregado sobre casos graves son uno de los ejemplos más complejos: “Se están informando con un criterio distinto cada día. Hoy (ayer) el ministro dijo que hay cuatro personas en estado grave de pronóstico incierto, lo que se interpreta como que podrían morir. La definición de un paciente grave es cualquiera que ingresa a la UCI. Y en esa condición, el Colegio Médico tiene los antecedentes de al menos 50 personas” y agrega que ese tipo de detalles “generan muchos rumores, suspicacias”.

Ramírez concuerda y añade que el ministerio emite comunicados que incluyen para la Región Metropolitana información sobre la tasa de casos confirmados por comuna, pero que no explicitan si se hace referencia a la zona de residencia del afectado o al lugar donde está el centro asistencial en que se realizó el examen, por lo que no se sabe exactamente de dónde es el paciente. Y también critica que el reporte no incorpore el detalle de las comunas afectadas en el resto de las regiones. “Tampoco dice nada de la capacidad de los laboratorios ni la cantidad de tests con los que cuentan”, agrega.

Según explican los expertos consultados por “La Segunda”, realizar una comparación de los datos que publica cada país es complicado, porque tienen distintas metodologías y, además, la confiabilidad en cada caso es distinta. Sin embargo, en términos generales creen que en materia de transparencia y calidad de la información, Chile está más o menos al nivel de Estados Unidos, mejor que Argentina e Inglaterra, pero peor que Corea y España.

En Corea del Sur, junto al total de casos confirmados y fallecidos diariamente reportados, se expone el número de personas que aún están a la espera de los resultados de sus exámenes y los que ya fueron declarados negativos, además de cuántos se encuentran en cuarentena y en aislamiento. Italia también es otro de los que informa el número de casos que se encuentra aislado en sus domicilios.

La Red de Vigilancia Epidemiológica de España, en tanto, incluye gráficos con las fechas en que los contagiados comenzaron sus síntomas y la fecha en que fueron diagnosticados, al igual que Estados Unidos. El Gobierno español detalla, además, cuántos casos presentan enfermedades de base, como cardiovasculares, respiratorias, diabetes, entre otras. Así como también los que se encuentran en la UCI y el número de infectados que corresponde a trabajadores de la salud.

Menos información se provee en el Reino Unido, donde sólo se dispone de cifras sobre casos nuevos, recuperados y fallecidos, en cada una de las regiones de los países que lo componen. Tampoco entrega mucho más detalle el gobierno de Argentina, el que desagrega sus casos por provincia y detalla cuántos corresponden a contagios se produjeron por contacto con viajeros, con personas de su entorno y cuántos están en investigación.

El dictamen emitido ayer por la Dirección del Trabajo que exime a las empresas en cuarentena obligatoria a pagar los sueldos por los días no trabajados generó una polémica que no detuvo el proyecto de ley “de protección del empleo” que fue aprobado ayer por el Senado y que debe ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Abogados laboralistas consultados creen que el proyecto en sí, que permite complementar los salarios durante un periodo acotado con los fondos del seguro de cesantía, es una buena medida, pero que no resuelve el problema de fondo. Esto, dado que el dictamen de la DT precarizaría la situación de los trabajadores en cuarentena obligatoria y los expondría no solo a rebaja de sueldos, sino incluso a despidos, como los que ya estaban denunciando en redes sociales algunas personas.

“El Gobierno está traspasando todo el peso en los trabajadores, son ellos los que pierden. Están tratando de compatibilizar un instrumento que es para los estados de cesantía de las personas cuando no tienen trabajo, dándole como un puente de dinero para la suspensión. La naturaleza de una y otra cosas son diferentes. Si bien ayuda, alivia, mitiga, pero no cura”, dijo el jurista Joaquín Cabrera. “Es un incentivo perverso. Si yo sé que estando en cuarentena, no puedo ir a trabajar y no me van a pagar, voy a hacer todo lo posible por no tomar la cuarentena. Me voy a cambiar de domicilio para llegar a trabajar, para no perder mi renta. porque están condenando no sólo al encierro, sino que también al hambre y a la pobreza”.

“Los dictámenes no son obligatorios para las empresas ni para los trabajadores. Los dictámenes de la DT son meras opiniones. Además, estos veredictos planteados son totalmente inconstitucionales e ilegales”, aseguró el abogado José Tomás Peralta, quien cree que además la DT (s), Camila Jordán, cometió errores graves con su decisión. “Ignora lo dispuesto por la ley que establece que el trabajador no va a trabajar no porque no quiera, sino porque no puede, porque hay un inminente peligro a su salud y a su integridad, por lo que debería seguir teniendo pago de sus remuneraciones”.

El abogado Juan Pablo Collao, por su parte, llamó la atención respecto a que “el dictamen está hecho a la medida para este proyecto de ley, que si bien va a cubrir parte del sueldo, no va a ser todo, va a cubrir un 70% el primer mes. Además, es importante señalar que no todos los trabajadores cumplen con los requisitos mínimos para poder optar a este beneficio, que en el fondo el mínimo es que la persona lleve trabajando tres meses, pero qué pasa con las personas que llevan menos de tres meses, y así muchas cosas de las que no se hace cargo esta ley”.

El jurista Felipe Sáez destacó que el proyecto del ministro de Hacienda Ignacio Briones al menos “ofrece una alternativa concreta para los trabajadores que estén en esa situación puedan acceder al seguro de cesantía, me parece una medida adecuada que busca evitar los efectos negativos que una situación de fuerza mayor les genera a las partes”. En la misma línea se planteó Carlos Gutiérrez de Torres: “Lo que está sucediendo es un caso fortuito y de fuerza mayor, por lo tanto son medidas adecuadas. Esto nos da una lección para tener mejores seguros de cesantía en un futuro”.

Más temprano, en todo caso, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, había señalado que tanto el dictamen de la DT como el proyecto de ley buscan evitar despidos. relación a esto, la ministra Karla Rubilar comentó en una entrevista que “Como Gobierno no queremos que se produzca la desvinculación laboral (...) “No se puede invocar el coronavirus como causal de despido sin una indemnización”.