Depende del propio colegio pagado que sus alumnos puedan acceder a los textos escolares a menor precio. Así lo asegura la jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, María Jesús Honorato, quien explica que los establecimientos que deseen acceder a los libros que entrega el ministerio a los colegios públicos, deben contactar directamente a las editoriales para hacerlo, pagando el valor que se le cobra al Mineduc.

Sin embargo, destacó que la única que este año imprimió más ejemplares para hacer la operación fue la editorial Zig Zag.

—¿Es necesario cambiar año a año los libros? ¿Qué se puede hacer para hacer «heredable» el texto?

—Llevamos una década de cambios curriculares definidos en la LGE. Esto ha impactado en los textos. Pero este proceso de modificaciones ya finalizó, lo que permitirá que los textos perduren y se reutilicen año a año. Siguiendo con la tendencia internacional, este mecanismo permitirá que el texto pase de un estudiante a otro. De hecho, la licitación 2020 incorporó que los textos tengan una duración de cuatro años, estableciendo una política pública de largo plazo en su adquisición.

En Chile hay un total de 11.451 establecimientos de educación básica y media. Y aunque solo el 5,9% de ellos —es decir 670— son particulares pagados, según las últimas cifras del Ministerio de Educación, se han convertido en un mercado fundamental para las editoriales escolares.

Son estos planteles los que solicitan a sus alumnos textos de estudios que en promedio pueden superar los $35.000 cada uno. Si se consideran las cinco asignaturas básicas (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés), el desembolso que debe hacer la familia por cada alumno fácilmente puede convertirse en una colegiatura más en el año. Ello, sin considerar el pago de los libros pedidos para lectura complementaria y si se solicita texto de Religión. Ni hablar cuando el ejercicio se multiplica por dos, tres o cuatro hijos.

Hoy, en la era de mayor información de la historia de la humanidad y cuando se presenta la mayor facilidad de acceso a la información, parece una ironía que tras una conexión a internet y unos cuantos clics, no sea posible reunir la información de prácticamente cualquier tema que aborden esos textos.

Desde las editoriales explican que es mucho más que eso. Que detrás de los textos se configuran «proyectos» que duran varios años y abordan no solo conocimientos formales de contenido curricular, si no también acompañan la formación valórica y emocional del niño.

¿Por qué son tan caros los textos escolares que piden los colegios privados? ¿Son distintos a los que reparte el Estado en colegios subvencionados y municipales?

Dos son las grandes editoriales escolares que actualmente concentran el mercado de los textos escolares de los colegios particulares: Santillana y SM. En conjunto tiene más del 50%. Les sigue Pearson, McGraw-Hill y SBS.

En total son más de 15 las editoriales (de diverso tamaño) que funcionan en este rubro, aunque la mayor parte se concentra en participar en las licitaciones públicas con el Ministerio de Educación, entidad que entrega gratuitamente 18 millones de textos escolares a cerca de 3,3 millones de estudiantes.

Gracias al volumen de compra, el Mineduc logra precios hasta 30 veces más barato que lo que deben cancelar los apoderados de colegios pagados. Para reducir el costo, en noviembre pasado la entonces ministra Marcela Cubillos informó que estos establecimientos también podrían acceder a los textos entregados por el Mineduc (ver recuadro).

Según explica el último estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), dado a conocer en junio pasado, para una editorial no es lo mismo desarrollar un texto para un colegio público que para uno privado. Mientras en el primer caso el trabajo se concentra en plasmar el contenido curricular en un soporte físico, en el segundo se suma el desarrollo de aplicaciones para teléfonos e implementar plataformas digitales tanto para los alumnos como para los docentes.

Y esta diferencia se hace notar tanto en el costo económico del proceso como en el tiempo que requiere: el desarrollo del contenido de un texto para el sector público tiene un valor cercano a los 38 millones de pesos y entre 5 y 9 meses. Para el sector privado, el costo sube a 49 millones de pesos, demorando entre 6 y 11 meses.

Hace poco más de 30 años que la Editorial SM (Santa María) llegó a Chile. Tiene 80 años de vida y nació en España bajo el alero de la Congregación de Religiosos Marianistas que también tiene colegios en Chile (entre ellos el Miguel León Prado de San Miguel)

Hoy la editorial está convertida en una fundación.

“Los textos escolares son caros, pero existen razones para ello. A veces nos ha costado explicarlas”, admite el director general de SM en Chile, Francisco Tepper. Y cuenta que recogieron sugerencias del estudio de la FNE de reducir los costos que implica la distribución de los libros, para lo cual se abrieron a ventas directas a los colegios. “El almacenaje, transporte, envío a un distribuidor y de ahí a un librero significaba alrededor de un 25% del costo del libro. También recogimos la idea de vender de forma separada los cuadernos de ejercicios y el texto; y extendimos la duración de la licencia digital de uno a tres años”, explica.

—En Latinoamérica, Chile y Guatemala son los dos únicos países que tienen IVA a los textos escolares, ¿cuánto influye en el precio?

—En la descomposición del precio del libro está por supuesto el 19% del IVA, pero también el costo del canal de distribución que es un 26% y el de impresión, que es de 15%. Solo en estos tres ítems está el 60% del costo del libro.

—¿Cuánto cambia la edición de un texto escolar de un año para otro? Porque todos los años se pide comprar la última edición y los hermanos chicos no pueden heredarlo.

—Hay un mito de que todos los años cambiamos las ediciones. Eso no pasa a menos que haya un cambio en las bases curriculares que entrega el Mineduc o que se encuentre un error que es necesario cambiar. Los libros no se desarrollan solo para un año, todo lo que hacemos para los colegios particulares son proyectos que duran al menos cuatro o cinco años.

—¿Por qué el texto que venden al Mineduc puede costar 30 veces menos que el que va a las librerías?

—En Chile hay 3,6 millones de alumnos y unos 330 mil de ellos, es decir casi el 6%, asiste a colegios particulares pagados, por lo que estamos hablando de una élite. ¿Qué significa eso? Que es un mercado muy pequeño, que hay que imprimir bajas cantidades y eso tiene un impacto en los costos. En cambio el Mineduc solo requiere el libro, no nos pide que hagamos acompañamiento, ni capacitación a sus profesores, ni recursos digitales. Nos dicen que ellos van a la imprenta a retirarlos, los almacenan y los distribuyen por todo Chile. Si a eso se agrega que compran grandes cantidades, por supuesto que lo puedes vender en $2.000.

La Editorial Santillana lleva más de 50 años en el país y hace una década, dice su director general, Mauricio Montenegro, “venimos desarrollando un conjunto de programas pedagógicos del siglo XXI con un foco acorde a la educación de estos tiempos, como son proyectos digitales, plataformas interactivas y sistemas de enseñanza con reportería instantánea”.

—¿Qué diferencia un texto que entrega el Mineduc de uno que pide un colegio particular pagado?

—A los de colegios particulares se le suman elementos que no forman parte de los requerimientos ministeriales, como acceso a un libro digital interactivo que permite proyectar sus páginas dentro del aula, uso de una plataforma que le permite acceder a otras actividades digitales, PDF descargables con material de refuerzo, evaluación en línea al que puede acceder incluso el apoderado... en definitiva, más y mejores oportunidades de aprendizaje para cada estudiante.

—Algunas familias optan por fotocopiar los libros o comprarlos a través de internet, ¿cómo les impacta?

—En primer lugar, la reproducción (fotocopia) y distribución (venta) no autorizada de obras originales, ya sea en formato digital o impreso, es un delito. No solo afecta a nuestra editorial, sino a una gran comunidad de autores, ilustradores, investigadores y profesionales, quienes ven vulnerados sus derechos de propiedad intelectual. En el caso de los textos escolares, esta mala práctica impide el acceso de los estudiantes a una gran variedad de actividades interactivas, videos, plataformas de evaluación y otros recursos que potencian muchísimo más el libro, al que se accede con un código único que viene dentro de cada texto impreso. Pero además, prácticas de este tipo tienen efectos muy negativos en la internalización de principios y valores que toda familia e institución educativa intenta desarrollar: la honestidad, la transparencia y el respeto por el trabajo del otro.