Desde el estallido social que Carabineros no tenía registro de “carreras clandestinas”, aunque en la institución aclaran que se trata de “demostraciones de velocidad” de vehículos de alta gama. Ayer, a eso de las 22 horas unos 500 autos se congregaron en Costanera Norte, a la altura de Vitacura, para participar de uno de estos eventos. La actividad incluyó participantes a modo de público, que bajaron a las vías. Alertados, dos patrullas de Carabineros llegaron al lugar. El capitán César Sandoval, de la prefectura SIAT, relató a La Segunda que “la 37° Comisaría trató de intervenir para poder evitar la carrera, pero eran dos patrullas tratando de controlar. Varias personas que estaban ahí congregadas no dejaban actuar”. El oficial dijo además que fueron agredidos.

Según información policial, los participantes lograron efectuar los “piques” programados, tras lo cual Carabineros cursó unos 40 partes empadronados por exceso de velocidad a los vehículos, cuyas patentes fueron identificadas a través de cámaras. Se detectó además que varias patentes estaban adulteradas, ilícito que sería denunciado ante el Ministerio Público junto al de desórdenes públicos.

De la organización sólo se tuvo noticia por redes sociales pocas horas después de su realización, pero la veracidad de la información está en cuestión: que la convocatoria la había realizado una organización llamada Speed Demons Chile, fundada por Hernán “Nano” Calderón, hijo de Raquel Argandoña y del abogado Hernán Calderón. En Instagram, una cuenta a nombre del joven posteó: “Pacos... Se quedaron con las ganas, parteenme esta”. Familiares contactados por “La Segunda” señalaron que él “no ha organizado nada de esto”.

De los siete garreros de Colo Colo identificados como autores de las explosiones pirotécnicas, que hicieron suspender el clásico ante la Universidad Católica el 16 de febrero de 2020 y que provocaron lesiones en el jugador Nicolás Blandi (CC), el nombre de Nelson Maldonado Espinoza (20) resalta.

El muchacho de Puente Alto tiene un impedimento permanente para entrar al Estadio Monumental. Su conducta disruptiva comenzó a propósito de un duelo ante Audax Italiano, en enero de 2016, cuando fue sorprendido rompiendo vidrios de una micro. En la querella del club se afirma que Maldonado tenía entre sus ropas los fuegos artificiales, que luego repartió entre sus compinches e hicieron explosión y el lienzo «Los pacos lo mataron», en referencia al atropello del barrista Jorge Mora, ocurrido el pasado 28 de enero de 2020 a la salida del triunfo por 3 a 0 sobre Palestino.

Hasta ahora había pasado inadvertido que Maldonado —así como al menos otros dos de sus acompañantes— tiene una trayectoria delictual más allá de las gradas que dominan la Garra Blanca y que pueden salir a relucir en el eventual juicio, en el que puede desembocar la investigación del persecutor Omar Mérida, de la Fiscalía Oriente, quien encargó a la PDI determinar la participación exacta de los identificados por el momento como participantes de los desórdenes de ese día, que incluyeron el ingreso en turba al estadio y el saqueo de un puesto de víveres al interior del recinto deportivo.

Desde ya, en su querella el club pide sanciones por la ley de violencia en los estadios, pero también por la nueva ley antisaqueos, que contempla penas de cárcel para los eventuales perpetradores reincidentes.

Ahí no caería Maldonado porque sus antecedentes datan de cuando era menor de edad, por lo que no se le consideran como agravante.

En octubre de 2017 él recibió una condena del 10° Juzgado de Garantía de Santiago porque con otros individuos atracó una bomba Copec en Departamental, usando dos cuchillos y una escopeta casera de calibre 16. El botín en dinero fue de 194 mil pesos. «Ctm, entrega todos los cigarrillos y todas las monedas», fue lo que le dijeron a uno de los dependientes, según la resolución del tribunal. Maldonado, entonces adolescente, recibió una pena de tres años de libertad asistida. Había estado dos meses encerrado en un centro del Sename. Dice un informe, a propósito de esta condena, que el último curso regular del muchacho fue quinto básico, en Puente Alto. Su padre sufrió un ataque cerebrovascular y él debió irse a vivir con su madre.

En el entretiempo del match ante la UC, la policía controló la identidad de Maldonado y como está inhabilitado lo echaron. Sí se quedaron Kevin Gutiérrez (25), que no debería haber vuelto a Macul hasta 2058; Ricardo Burgos (36), castigado hasta 2021; Matías Lara (21), que se habría quedado con la pirotecnia que detonó al minuto 70 e hirió a Nicolás Blandi; y César Slier (39), sancionado hasta 2023, pero sin registros de mala conducta en los estadios previo a 2017, aunque en 2013 dejó la cárcel de Rancagua, donde estuvo encerrado desde noviembre de 2007 luego de que le arrebató un Volkswagen Golf a su propietario mientras éste abría el portón para meterlo a su casa (hoy se le llama «portonazo»). La fiscalía pidió diez años, pero el 12° Juzgado de Garantía lo dejó en siete. Según una querella presentada por la Intendencia en 2017 por trepar las paredes de un estadio, Slier aparece como cercano a un garrero llamado «El Chancho», de Pedro Aguirre Cerda.

Menos antecedentes “deportivos” tiene Jonathan Zúñiga Contreras (24), si bien su primera fechoría la perpetró cuando era adolescente. En 2011 el 12° Juzgado de Garantía lo condenó a 541 días de libertad asistida, luego de permanecer un mes encerrado en el Sename de San Joaquín. Con otro muchacho, Zúñiga abordó a un estudiante un año menor que él en Avenida Central de San Joaquín y le exigió que le entregara su mochila “o si no te apuñalo”, se lee en la sentencia del tribunal. Según un informe redactado para darle seguimiento a su caso, Zúñiga fue criado por su madre —su padre abandonó el hogar cuando él tenía 3 años—, repitió dos veces y cuando iba en séptimo básico lo echaron del colegio por mala conducta. Siguió estudiando en el liceo dentro del Sename de San Joaquín.

En marzo de 2016 fue víctima de una balacera y una golpiza en San Antonio, mientras se encontraba con su pareja. Sus presuntos agresores, uno de ellos actualmente cumpliendo condena en Valparaíso por otros hechos, fueron absueltos. En julio de 2018, la Fiscalía de Estados Unidos en Kansas comunicó que Zúñiga, entonces de 22 años, enfrentaba cargos por fraude digital junto con otro chileno. Consultada la PDI, declinó indicar si existe alguna orden de detención que involucre a Zúñiga.

El otro querellado es Pedro Díaz Melillán, quien no tiene antecedentes.

No solo antes de Navidad y Año Nuevo los vendedores ambulantes de las calles del barrio Meiggs comercializan los fuegos artificiales, que también son utilizados en los funerales narcos, los partidos de fútbol y, últimamente, en los ataques contra Carabineros con motivo de las manifestaciones post 18-O. Hoy también se venden, pero disimuladamente.

En estas fechas se amontonan cuadernos, lápices de colores y zapatos negros. Los petardos y demases “ya no se ven en las calles”, advierte un dependiente, quien explica que “no es la temporada”. Pero, tras caminar una cuadra, un vendedor flaco, con los ojos desorbitados, desde su puesto de agua y bebidas, dice que puede conseguir una caja de 140 voladores “a 20 lucas” y tronadores a “seis lucas” cada uno.

“Ha aumentado la comercialización de estos artefactos”, confirma el comandante Mario Recabarren, de la Tercera Comisaría. Una apreciación que se refleja a través de las imágenes de ataques a las comisarías.

Su ingreso a Chile —salvo para eventos autorizados, como las celebraciones de Año Nuevo, entre otro— es ilegal y su comercialización está castigada con multas de entre $490 mil y $1 millón 500 mil.

Según se explica desde Aduanas, según lo requisado, su principal entrada es por Los Andes. El año pasado decomisaron 306.794 fuegos artificiales en este paso. Le sigue San Antonio, con 71.000 y Valparaíso y Arica con más de 30.000 cada uno.

En total, en 2019 los decomisos sumaron 448 mil fuegos artificiales. Esta cifra es menor a la de 2018 (470 mil) y cercana a la de 2017 (437 mil), años en los que hubo “4 hallazgos de grandes dimensiones”, explican en Aduana.

“Los fuegos artificiales los traen en autos que pasan por las fronteras”, dice un integrante de la Garra Blanca, quien prefiere mantenerse anónimo. “También se sobornan personas de la Aduana: traen cargamentos de cualquier país, por ejemplo China, y vienen 400 mil cajas de diferentes cosas y vienen 10 cajas de fuegos artificiales que dejan pasar”, explica. Consultada Aduanas por investigaciones y sumarios internos que podrían involucrar cohecho a sus funcionarios, se respondió que esa pregunta debe hacer por Ley de Transparencia, cuya respuesta tiene como plazo 20 días hábiles, prorrogables por otros 10.

Ya dentro del país, los sectores más conocidos para comprarlos son en el barrio Meiggs y las ferias libres de diferentes comunas como, por ejemplo, la feria navideña de Peñalolén.

“En 2019 realizamos 12 procedimientos entre la 3ª y la 21 Comisaría (ambas en Santiago Centro). Ahí incautamos 955 fuegos artificiales de distinta categoría, los cuales son utilizados normalmente para celebraciones, funerales y últimamente en contra de carabineros o de infraestructura”, dice Recabarren. La mayoría de los decomisos, añade, son a vendedores ambulantes.

A pesar de la masividad de su ingreso, el punto ciego en la ruta de los fuegos artificiales sigue siendo su distribución a los puntos de venta. El 20 de noviembre del año pasado, la PDI incautó 26 mil fuegos artificiales en una de las bodegas de Meiggs y, según admitió en esa ocasión el subprefecto Iván Márquez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, están investigando quién abastece a los pequeños comerciantes ambulantes. Carabineros también sigue esta dirección. “En este momento se está realizando una investigación”, dice Recabarren.