De los siete garreros de Colo Colo identificados como autores de las explosiones pirotécnicas, que hicieron suspender el clásico ante la Universidad Católica el 16 de febrero de 2020 y que provocaron lesiones en el jugador Nicolás Blandi (CC), el nombre de Nelson Maldonado Espinoza (20) resalta.

El muchacho de Puente Alto tiene un impedimento permanente para entrar al Estadio Monumental. Su conducta disruptiva comenzó a propósito de un duelo ante Audax Italiano, en enero de 2016, cuando fue sorprendido rompiendo vidrios de una micro. En la querella del club se afirma que Maldonado tenía entre sus ropas los fuegos artificiales, que luego repartió entre sus compinches e hicieron explosión y el lienzo «Los pacos lo mataron», en referencia al atropello del barrista Jorge Mora, ocurrido el pasado 28 de enero de 2020 a la salida del triunfo por 3 a 0 sobre Palestino.

Hasta ahora había pasado inadvertido que Maldonado —así como al menos otros dos de sus acompañantes— tiene una trayectoria delictual más allá de las gradas que dominan la Garra Blanca y que pueden salir a relucir en el eventual juicio, en el que puede desembocar la investigación del persecutor Omar Mérida, de la Fiscalía Oriente, quien encargó a la PDI determinar la participación exacta de los identificados por el momento como participantes de los desórdenes de ese día, que incluyeron el ingreso en turba al estadio y el saqueo de un puesto de víveres al interior del recinto deportivo.

Desde ya, en su querella el club pide sanciones por la ley de violencia en los estadios, pero también por la nueva ley antisaqueos, que contempla penas de cárcel para los eventuales perpetradores reincidentes.

Ahí no caería Maldonado porque sus antecedentes datan de cuando era menor de edad, por lo que no se le consideran como agravante.

En octubre de 2017 él recibió una condena del 10° Juzgado de Garantía de Santiago porque con otros individuos atracó una bomba Copec en Departamental, usando dos cuchillos y una escopeta casera de calibre 16. El botín en dinero fue de 194 mil pesos. «Ctm, entrega todos los cigarrillos y todas las monedas», fue lo que le dijeron a uno de los dependientes, según la resolución del tribunal. Maldonado, entonces adolescente, recibió una pena de tres años de libertad asistida. Había estado dos meses encerrado en un centro del Sename. Dice un informe, a propósito de esta condena, que el último curso regular del muchacho fue quinto básico, en Puente Alto. Su padre sufrió un ataque cerebrovascular y él debió irse a vivir con su madre.

En el entretiempo del match ante la UC, la policía controló la identidad de Maldonado y como está inhabilitado lo echaron. Sí se quedaron Kevin Gutiérrez (25), que no debería haber vuelto a Macul hasta 2058; Ricardo Burgos (36), castigado hasta 2021; Matías Lara (21), que se habría quedado con la pirotecnia que detonó al minuto 70 e hirió a Nicolás Blandi; y César Slier (39), sancionado hasta 2023, pero sin registros de mala conducta en los estadios previo a 2017, aunque en 2013 dejó la cárcel de Rancagua, donde estuvo encerrado desde noviembre de 2007 luego de que le arrebató un Volkswagen Golf a su propietario mientras éste abría el portón para meterlo a su casa (hoy se le llama «portonazo»). La fiscalía pidió diez años, pero el 12° Juzgado de Garantía lo dejó en siete. Según una querella presentada por la Intendencia en 2017 por trepar las paredes de un estadio, Slier aparece como cercano a un garrero llamado «El Chancho», de Pedro Aguirre Cerda.

Menos antecedentes “deportivos” tiene Jonathan Zúñiga Contreras (24), si bien su primera fechoría la perpetró cuando era adolescente. En 2011 el 12° Juzgado de Garantía lo condenó a 541 días de libertad asistida, luego de permanecer un mes encerrado en el Sename de San Joaquín. Con otro muchacho, Zúñiga abordó a un estudiante un año menor que él en Avenida Central de San Joaquín y le exigió que le entregara su mochila “o si no te apuñalo”, se lee en la sentencia del tribunal. Según un informe redactado para darle seguimiento a su caso, Zúñiga fue criado por su madre —su padre abandonó el hogar cuando él tenía 3 años—, repitió dos veces y cuando iba en séptimo básico lo echaron del colegio por mala conducta. Siguió estudiando en el liceo dentro del Sename de San Joaquín.

En marzo de 2016 fue víctima de una balacera y una golpiza en San Antonio, mientras se encontraba con su pareja. Sus presuntos agresores, uno de ellos actualmente cumpliendo condena en Valparaíso por otros hechos, fueron absueltos. En julio de 2018, la Fiscalía de Estados Unidos en Kansas comunicó que Zúñiga, entonces de 22 años, enfrentaba cargos por fraude digital junto con otro chileno. Consultada la PDI, declinó indicar si existe alguna orden de detención que involucre a Zúñiga.

El otro querellado es Pedro Díaz Melillán, quien no tiene antecedentes.