La elección presidencial de 1970 era decisiva por muchas razones, y la Unidad Popular estaba convencida de que era necesario ganar el gobierno para comenzar un proceso de transición al socialismo en Chile.

En esa ocasión, como en otras oportunidades, los partidos de izquierda estimaban que lo más importante era el programa, que de hecho estuvo listo en diciembre de 1969, un mes antes que la designación de Salvador Allende como candidato a la Presidencia de la República. En esto había una clara diferencia con la derecha, que cifraba todas sus esperanzas en el retorno de una figura “providencial”: el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez.

El “Acuerdo sobre la conducción y estilo de la campaña” establecía algunos criterios que conviene tener en cuenta, porque fija un marco doctrinario y de acción política. Atribuía a la clase obrera y los trabajadores un papel decisivo en la campaña, en la cual debía desarrollarse en el pueblo “la conciencia de crear una sociedad socialista” y donde la lucha de clases debía jugar un papel principal. Se organizarían Comités de Unidad Popular, que irían convirtiéndose en “expresiones germinales de poder popular”.

El “Pacto de la Unidad Popular”, por su parte, establecía que sería el gobierno del Pueblo y no de un hombre; llamaba “a enfrentar con decisión al enemigo”. En la acción de gobierno tendría especial relevancia el Comité Político, integrado por todos los partidos que integraban la UP: Comunista, Socialista, Radical, Social Demócrata, MAPU y Acción Popular Independiente. La forma que establecerían de tomar decisiones por unanimidad sería uno de los grandes dolores de cabeza durante el gobierno de Allende.

El diagnóstico de la crisis chilena

Una de las características más visibles del Programa de la Unidad Popular era el diagnóstico de un país en crisis, que estaba presente en las otras candidaturas, pero en forma distinta, como expresa Joan Garcés en 1970. “La pugna por la Presidencia en Chile” (Santiago, Editorial Universitaria, 1971). En la Introducción del proyecto de la izquierda se mencionaba explícitamente: “Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos, y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud”.

Chile tenía enormes riquezas, pero el fracaso se debía a que era un “país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero”, problema que había ido aumentando con el paso del tiempo. ¿Qué se podía hacer? Mucho, pero era necesario tener claro que “las recetas ‘reformistas' y ‘desarrollistas' que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante”. La Unidad Popular calificaba a la administración de la Democracia Cristiana como “un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero”. Adicionalmente, culpaba al Ejecutivo de “formas brutales de violencia de Estado, entre las que mencionaba “el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, [que] son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos”.

El problema de fondo, sentenciaba la Unidad Popular, era que “en Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto”. Esto es lo que producía una situación social dramática en la población, que se manifestaba, de acuerdo al Programa de la UP, en medio millón de familias que carecían de viviendas, otras tantas que vivían en pésimas condiciones de agua potable, luz, salubridad o alcantarillado; la falta de atención en salud y educación; más de la mitad de la población recibía “remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas”, con una desigual repartición de la renta nacional: “de cada cien escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media”. Es decir, el 10% más rico tenía el 50% de los ingresos. A esto se sumaba la inflación, “un infierno en los hogares del pueblo”, que era manifestación de que “todos los días se les roba” parte de su sueldo a los que viven de su trabajo. Lo mismo ocurría con “los jubilados y pensionados”, porque sus “exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación”.

El lapidario diagnóstico de la Unidad Popular culminaba con un tema que ya había preocupado a Salvador Allende en 1939, cuando ejerció como ministro de Salubridad Pública del Presidente Pedro Aguirre Cerda: la desnutrición. El Programa lo resumía de la siguiente manera: “Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse”. Lo interesante es que las potencialidades del territorio —pese a una agricultura que se mostraba incapaz de resolver el problema— permitirían “sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual”.

Finalmente, mencionaba el crecimiento de la economía, que era mínimo, y que en los últimos años incluso cada chileno tenía menos bienes que antes, lo que explica que “la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país”: “La única alternativa verdaderamente popular —aseguraba el Programa de la UP— y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialista, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”.

Las propuestas de la revolución

En la práctica, la Unidad Popular presentaba una propuesta de verdadera transformación revolucionaria para Chile, frente a lo que consideraban el fracaso del reformismo democratacristiano. Esto quedaría reflejado en la estructura política del país, en la vida económica y social, en la cultura y las relaciones internacionales.

La base fundamental era que el pueblo tomara el poder en sus manos y lo ejerciera efectivamente: “Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo”.

Para el nuevo orden institucional contemplaba un Estado Popular, con una nueva estructura de poder. Para ello, Chile requería una nueva Constitución Política, que debía institucionalizar la incorporación del pueblo al poder. Existiría una Cámara Única, llamada Asamblea del Pueblo, que expresaría la soberanía popular, donde se manifestarían las distintas corrientes. En el Poder Judicial, “una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa”. El nuevo Estado permitiría a las Fuerzas Armadas contribuir al desarrollo económico nacional, además de su tradicional función de defensa de la soberanía.

También existiría una nueva economía, en la cual “la planificación jugará un papel importantísimo”. Se crearía un área estatal dominante, “formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien”. Entre estas estarían las riquezas básicas, entre las que se incluía la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras. También se integrarían a este sector el sistema financiero, “en especial la banca privada y los seguros”; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución; los monopolios industriales estratégicos y, en general, “aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel”. Como se puede apreciar, era un cambio radical y se refería a gran parte de la economía nacional. Sin perjuicio de ello, también existiría un área de propiedad privada, que en número de empresas sería mayoritaria.

La Unidad Popular postulaba una “profundización y extensión de la Reforma Agraria”, que debía sufrir una aceleración, precisando que las tierras expropiadas se organizarían —de manera preferente— “en formas cooperativas de propiedad”. También habría algunas tierras para pequeños agricultores y existirían empresas agrícolas estatales.

El ámbito educacional también experimentaría cambios importantes, tanto a nivel de educación primaria y secundaria como en el nivel universitario, que incluía un programa de construcción de establecimientos escolares y la expropiación de “edificaciones suntuarias” que se requirieran para habilitar los nuevos internados y colegios. En el ámbito escolar establecía que “con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa”. Esto generaría muchas polémicas, especialmente en 1973, a propósito del proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU). En otro nivel, establecía que “el Estado asignará a las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización”. Por otra parte, el Programa precisaba una relación de mutua dependencia entre la revolución socialista y las universidades: “El Gobierno de la Unidad Popular prestará un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo revolucionario chileno”.

Finalmente, en el ámbito internacional, el “Gobierno Popular” procuraría tener relaciones con todos los países del mundo, reafirmando la autonomía de Chile en materia política y económica; destacaba que existirían vínculos de amistad “con los pueblos independientes o colonizados, en especial aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia”, reconociendo el derecho de rebelión de los pueblos sometidos al colonialismo o al neocolonialismo. Adicionalmente, la Unidad Popular promovería “un fuerte sentido latinoamericano y antiimperialista” y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Un aspecto novedoso era que denunciaría a “la actual OEA como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano”. En cuanto a los países socialistas, mencionaba que reforzaría las relaciones, el intercambio y la amistad con ellos, destacando especialmente que la Unidad Popular “solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente latinoamericano”.

El panorama no estaría completo si no se consideran “Las 40 primeras medidas del Gobierno Popular”, que fueron sin duda las que llegaron más a la población, por su carácter sencillo y directo para definir posiciones políticas y otras de corte social.

Algunas de las medidas apuntaban a corregir lo que la UP consideraba malas prácticas en el Estado, por lo cual proponía la “supresión de los sueldos fabulosos”, que no hubiera más asesores, “no más viajes fastuosos al extranjero”, asegurando que “el Fisco no fabricará nuevos ricos” y que se eliminarían “las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado”. Como contrapartida, proponía previsión para todos, asegurando que incorporaría al sistema previsional “a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pequeños mineros, pirquineros y dueñas de casa”; se crearía el Ministerio de Protección a la Familia y se nivelarían las asignaciones familiares.

Sin embargo, no cabe duda de que la medida que trascendió con mayor fama fue aquella de “leche para todos los niños de Chile”, que implicaba asegurar medio litro de leche diaria para cada uno. En la misma línea incluía mejor alimentación a través de desayunos y almuerzos para los niños y la instalación de consultorios materno-infantiles en las poblaciones. En la línea de salud también prometían terminar con la estafa en los precios de los remedios y otorgar medicina gratuita en los hospitales. Respecto de los mayores habría un combate al alcoholismo.

En materia de vivienda había varias medidas: “casa, luz, agua potable para todos”; arriendos a precios fijos, destinación de sitios eriazos a poblaciones y solo las mansiones pagarían contribuciones. En cuanto a la educación, señalaba que establecería “el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias”.

Finalmente, se pronunciaba en algunos temas muy sensibles para la vida cotidiana de los chilenos: no más impuestos a los alimentos y fin al impuesto a la compraventa; una economía que pondría fin a la inflación y daría trabajo para todos. En definitiva, el nuevo Chile que transitaría al socialismo comenzaría a notarse en la vida cotidiana desde el primer momento y se manifestaría en la calidad de vida de la población.

Como podemos apreciar, Chile se aprontaba a un cambio revolucionario, en medio de una campaña fervorosa y participativa como no se había visto en su historia.