Mientras el orden público sigue en el tope de la agenda, y los partidos discuten sobre un acuerdo que condene la violencia, no cesan los cuestionamientos al manejo del Gobierno y de Carabineros, y los expertos debaten si la solución solo depende de la reforma que tramita el Parlamento o si también falta una señal política que defina qué es reprimible y qué no.

La discusión se reavivó luego de los incidentes en Viña del Mar, tras lo cual el general Hugo Zenteno, jefe de la V zona, afirmó que “saben ejecutar con violencia barricadas, interrumpiendo el tránsito de los Carabineros y de todas las personas, es un atentado pero total. Entonces no hablemos después de situaciones de derechos humanos”. Mientras que este lunes, Eduardo Engel, director de Espacio Público, comentó en T13 Radio que “Carabineros no sabe hacer su pega” y “todos los gobiernos no se hicieron cargo”.

Para Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, hay un “círculo vicioso” por revertir: “Una policía necesita estar legitimada para poder incluso actuar por presencia. Pero si la legitimidad se pierde, la policía normalmente tiene que recurrir más veces a la fuerza para poder restablecer el orden público; y una policía que actúa con mayor fuerza tiene mayor riesgo de no respetar los DD.HH. en ciertas circunstancias”.

Johnson apunta a que la experiencia de otros países muestra que orden público y derechos humanos no están “contrapuestos”. Sí comenta que “si se cuestiona a una policía porque ha habido violaciones a los DD.HH. en ciertas situaciones, en la opinión pública se genera una deslegitimación y eso es grave. Una policía deslegitimada pierde herramientas no violentas o no de fuerza para su función”.

Sin embargo, también discrepa de Engel: “No es que Carabineros no estuviera preparado para ninguna de las acciones que hace. Estamos viendo delitos y violencia inusitada, y una simultaneidad para la cual nuestras policías no estaban preparadas”.

Agrega que una reforma debe “aumentar su capacidad de adaptarse”, que implica “cambios culturales, como modificar mallas de estudio y que los efectivos puedan proponer innovaciones”, pero que “tenemos que ponernos de acuerdo como país sobre cuáles son las situaciones violentas que tienen que ser contrarrestadas y cuáles legítimas”. Y citó las versiones contrapuestas que hay sobre la primera línea.

Lucía Dammert, experta en políticas de seguridad y directora de Espacio Público, respalda a Engel, afirmando que Carabineros fue sobrepasado incluso en “las regulaciones que ellos mismos se dieron sobre el uso de la fuerza. Después de cuatro meses, hay una deficiencia en la capacidad policial”.

Dammert cree que la solución no pasa por la sola transformación institucional; “también una transformación política, porque las policías responden a los requerimientos y formas que la política les solicita. Si la policía es como es, es responsabilidad del mundo político, que permitió altos niveles de autonomía, fortaleció respuestas más bien represivas y nunca puso hincapié ante los bajos resultados en la investigación criminal”.

“Ver a carabineros actuando al revés, en vez de controlar el orden, arrancar del desorden, es el resultado de políticas equivocadas”, sostiene Pedro Valdivia, coronel (r) de Carabineros y experto en seguridad, quien afirma que “volver a legitimar a Carabineros pasa por las autoridades políticas, acotando que las responsabilidades están bastante focalizadas al interior de Carabineros en las fallas e incluso en la violación a los DD.HH.” (…) “La PDI no afronta juicios ni cuestionamientos, porque su director general puso las cosas claras en su momento y nadie se atrevió a cuestionarlos; lo mismo con las declaraciones del comandante en jefe de la Armada (por el atentado al monumento a Prat). El general director de Carabineros no está en esa condición, porque desde el comienzo el cuestionamiento partió desde el propio Gobierno”, alega. A su juicio, debería declararse “estado de emergencia” pues cree que en Chile hay “insurrección”.

En tanto, Claudio Arias, general en retiro que se desempeñó como subprefecto y prefecto de Fuerzas Especiales (1998-2004), sostiene que en el periodo de antesala a la «Revolución Pingüina» (de 2006) “sobrevivimos porque hicimos lo que había que hacer y porque teníamos los respaldos; nadie nos amarró las manos, ni nos dijo ‘no hagan esto'”. Así, pide “que los legisladores hagan su trabajo y que Interior respalde las buenas acciones de Carabineros”.

En una línea similar, Sydney Houston, consultor en seguridad y coautor del Plan Cuadrante, advierte que “el control del orden público siempre traerá consecuencias políticas, en todos los países. Los políticos tiene que tener los pantalones para dar una orden y soportar la crítica”.