“Ha sido un triste espectáculo ver a las más altas cabezas del Ministerio Público trabadas en una especie de pendencia interior, sin que ninguna de ellas haga una profunda autocrítica respecto de su rol por la imagen de su institución que, a no dudar y por la ignorancia reinante, afecta de algún modo a la del Poder judicial”, dice el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz a “La Segunda”, al ser consultado por el público conflicto entre el fiscal nacional Jorge Abbott y el fiscal regional Emiliano Arias.

“La reforma procesal penal no termina de enquistarse en una sociedad convulsa y demandante, y con toda claridad el Ministerio público, lejos de consolidarse como un actor relevante en la persecución penal, representa unos de sus hitos más cuestionados por el ciudadano común, aunque no paso por alto que algunos pocos magistrados tampoco han ayudado a la imagen de la justicia”, añade Aránguiz, quien es un referente conservador dentro del máximo tribunal, pero con una gran afinidad intelectual con el ministro Sergio Muñoz.

La disputa subió de tono cuando el 6 de mayo de 2019 el fiscal nacional cursó la suspensión de Arias, quien era sumariado por diversas irregularidades administrativas, algunas de ellas denunciadas por parte de quien fuera su subalterno, el ex fiscal jefe de Alta Complejidad, Sergio Moya. Tras ello Abbott pidió su destitución ante la Corte Suprema.

Sin embargo, el 27 de enero de 2020 el máximo tribunal desechó los 12 cargos en un fallo de 11 votos contra 3, con una prevención del ministro Carlos Künsemüller quien anotó que “varios de los casos denunciados como de gravedad extrema son más bien infracciones de menor entidad, de bagatela”. Con la sentencia en mano, Arias volvió a la carga: el 28 de enero en T13 Radio dijo que la “persecución” de Abbott en su contra era “abusiva, ilegal y arbitraria”, el 14 de febrero, añadió en Radio Cooperativa que “esto no es borrón y cuenta nueva”, dejando ver que podría iniciar acciones legales contra el fiscal nacional. Y el sábado 15 de febrero se supo que presentó una querella en contra de los fiscales Sergio Moya y Pablo Gómez (ex subrogante del fiscal nacional) por “tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación”, la que contiene pruebas de mensajes telefónicos que muestran que Abbott daba su anuencia a las acusaciones públicas que realizaría Moya en su contra.

Además el lunes dos funcionarias presentaron una querella por “apremios ilegítimos y abusos contra particulares” en contra del fiscal de la Centro Norte, Eugenio Campos, quien lleva adelante una arista penal en contra Arias.

En el Parlamento hubo reacciones similares. El senador de la Comisión de Seguridad, José Miguel Insulza dice a La Segunda” que “el Ministerio público tiene un problema de organización que está dado sobre todo por el hecho de que no hay ninguna jerarquía, ningún nivel interno en el cual se resuelvan los conflictos, cada fiscal se manda por sí solo, tiene autonomía. El Fiscal Nacional no tiene autoridad sobre los fiscales. Y con la publicidad que tienen se va transformando también en una pugna de egos”.

Por ello propone revisar el funcionamiento institucional y crear “alguna instancia colectiva dentro de la fiscalía que resolviera los problemas”.

Un idea distinta tiene el diputado de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Jorge Alessandri, para quien el conflicto da cuenta de que el Ministerio Público “debe ser fiscalizado, (desde fuera)… que pueda ser llevado ante la Corte Suprema, igual que los supremos pueden ser llevados con acusación constitucional al Congreso”.

“En vez de perseguir delincuentes, los fiscales se persiguen entre ellos. Por eso no sorprende tanta desconfianza ciudadana en las instituciones”, reflexiona el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, mientas que el diputado del PS Marcos Ilabaca añade que “en nada ayudan a la imagen del sistema penal chileno este tipo de diferencias y peleas públicas, yo esperaría de que el fiscal nacional ordenara la casa como corresponde: El diálogo es básico”.

Par el jefe de bancada de RN, Jorge Rathbeg, “esta pugna, que se da dentro de las altas esferas del Ministerio Público, claramente también lo coloca dentro de los organismos cuestionados. No hay una varita mágica para solucionar el tema”.

Y el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), remata: “Es tiempo de menos personalismos”.

Según las pericias forenses al teléfono del fiscal Sergio Moya en la causa Huracán al que accedió “La Segunda”, el conflicto con su entonces superior Emiliano Arias comenzó a tomar mayor fuerza a principios de 2019, lo que se deja ver en un mensaje vía WhatsApp del 11 de febrero de la fiscal de Rancagua Marcia Allendes a Moya, en el que le comenta que “el próximo FR (fiscal regional) es usted”.

El 16 de marzo de 2019 Moya continúa con el tema en un mensaje a ella: “Marcia, desde hoy me pongo a trabajar en un proyecto serio donde yo seré el 1 o el 2 y tú serás la 1 o la 2 (…) caiga quien caiga. Pase lo q pase postulamos los dos”. “Siempre vamos a trabajar juntos, ya sea oficialmente o en las sombras”, le dice ella.

Un mes después, el 19 de abril, según agregan otros mensajes publicados ayer por Radio Biobío, Moya le comenta al fiscal nacional Jorge Abbott que realizará denuncias públicas en contra de Emiliano Arias. “Estimado Sergio creo que siempre es bueno que se sepa toda la verdad y me parece, además, muy bien que tu estés disponible para que ello ocurra”, le responde Abbott. Tras ello Moya cierra: “Entonces le doy no más” y, poco después agrega “Escuche la Biobío ahora don Jorge”.