El lunes 10 de febrero a las 21:30 horas una locomotora que se desplazaba por la intersección Avenida Andrés Sabella con 21 de Mayo en Antofagasta ardía como una antorcha móvil. Todos los días en esas ciudad —y no solo los viernes— se producen incidentes en el marco de la movilización social.

Saqueos, incendios, atentados contra algún emblema, barricadas y destrozos son constantes. Fuera de la Plaza Baquedano de Santiago, se trata de un lugar único en la perseverancia y la virulencia de los ataques. ¿Qué distingue a Antofagasta de otras ciudades que explique el fenómeno? La pregunta —a modo de aproximación— la planteamos a cuatro actores sociales de esa urbe: el presidente de la Cámara de Comercio local; el rector de la UC del Norte, Jorge Tabilo; el director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, Cristián Rodríguez y la alcaldesa Karen Rojo.

Al mirar de cerca la ciudad quedan en evidencia sus altos niveles de delincuencia. “Durante mucho tiempo la II Región ha encabezado los ranking nacionales de delitos de mayor connotación social. Logró bajar, pero siempre se ha mantenido en los primeros niveles”, dice Antonio Sánchez.

A él lo apoyan las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, según las cuales en 2017 Antofagasta fue la región con la tasa más alta de Chile en “casos policiales” de delitos de alta connotación. En 2019, con 3.468 casos cada 100 habitantes, solo quedó ubicada tras Arica (4.080) y casi empatada con la Región Metropolitana (3.483).

Sánchez sospecha que el actuar de los grupos narcos es especialmente relevante en las protestas. “Una vez que terminan las manifestaciones a sus participantes se les entrega paga y droga gratuita. Como es tan habitual, se ha observado: se termina la protesta y llegan vehículos que también llevan algunos alimentos y los muchachos, que andaban en la manifestaciones. A través de grabaciones en sus celulares les muestran a estas personas dónde estuvieron y con esa comprobación les pagan”.

“Hemos tenido un aumento del narcotráfico porque Carabineros esta dedicado casi en exclusividad a atender estos desmanes. Considere que limitamos con Argentina y Bolivia en una frontera permeable. Ya éramos una ciudad donde se hacían de los decomisos más grandes del país”, acota. En la zona se han producido requisiciones de más de mil kilos, como la de cocaína y marihuana de diciembre de 2012 (1.152 kilos, de los cuales una tonelada era de cocaína base).

Karen Rojo apoya la tesis, pues “aquí hay más de 30 pasos fronterizos ilegales. Se aprovechan de hacer microtráficos en las poblaciones o de pasar los camiones con toneladas de drogas porque los policías están preocupados de otras cosas”. “El vacío de poder juega a favor de sus negocios”, cierra Cristián Rodríguez.

Tras ello Rodríguez se refiere al fin del superciclo del cobre, que llevó al metal a transarse en más de 4 dólares la libra en 2011 y que vivió su último año en 2013. Hoy se mueve en torno a 2,6 dólares la libra. Dice que eso ha provocado una baja en los recursos, que si bien hay altos salarios al ser comparada con otras localidades del país, al compararse “consigo misma genera malestar. Hubo cambios de empleo y disminución salarial que generó resentimiento. Hace 10 años Antofagasta estaba diez (décimas en el coeficiente de Gini) por debajo de la desigualdad del país; hoy día están a una décima de diferencia (Antofagasta 0,48 y el promedio nacional 0,49)”. Y a eso se suma que una “masa inmigrantes hizo crecer las poblaciones vulnerables, enfatizando esa desigualdad. En 2011 teníamos 28 campamentos, hoy 78 con un costo de la vida muy alto”.

Jorge Tabilo dice que los problemas son ampliados por los sentimientos de desconexión con el resto del país. “Ustedes mismos, los periodistas, tienden a centrarse más en Santiago. A medida que uno se aleja, las noticias tienen menos impacto y a lo mejor eso hace que la gente trate de llamar más la atención”. “Es cosa de revisar las cuentas presidenciales —añade Karen Rojo—, no nombran a Antofagasta. No hay buses modernos y tampoco inversiones públicas en áreas verdes”.

Según el académico Cristián Rodríguez, la violencia podría pararse con un actuar “más profesional” de Carabineros. “Los ataques son de turbas que tienen un número limitado de personas. Son entre 50 y 70 personas. Es muy difícil creer que una fuerza policial no puede controlarlos”.