El 9 de diciembre, a casi dos meses del estallido social, el Presidente Sebastián Piñera anunció su llamada Agenda Antiabusos. Pero hasta ahora el Gobierno no presenta los proyectos de ley que la integran.

La agenda anunciaba cambios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Uno era incorporar la figura del denunciante anónimo o whistleblower. También agregaba la facultad de levantar el secreto bancario y penas de cárcel efectiva para la colusión de bienes de primera necesidad como alimentos y remedios.

Esto, utilizando el lenguaje que alguna vez se usó para el Sernac, le pondría más “dientes” a la FNE en su afán persecutor sumando atribuciones a las que le fueron conferidas en las dos grandes reformas anteriores de 2009 y 2016. Estas modificaciones, según expertos, pusieron a la legislación antimonopolios chilena al nivel de la norteamericana y europea.

Durante la segunda administración de Bachelet, la Ley N° 20.945 permitió que la FNE exija sanciones más severas a conductas anticompetitivas, con multas que pueden llegar al doble del beneficio económico obtenido por el infractor y penas de cárcel para la colusión con prisión efectiva de al menos 1 año; nuevos controles para concentraciones de mercado; facultad para realizar estudios de mercado (como los realizados al mercado de los medicamentos o a los notarios); y sanciones penales para quienes oculten información que les haya sido solicitada.

Sin embargo, el perfeccionamiento institucional no ha ido de la mano de los recursos para realizar su trabajo. Esto tiene especial relevancia cuando ni la dotación ni el presupuesto se incrementaron de forma sustantiva tras la reforma estructural del 2016. En los últimos cuatro años, el personal solo aumentó 19% y el presupuesto pasó de $5.817 millones en 2016 a $7.426 millones en 2020, según datos de la FNE, un alza real de 15%.

Y estos son factores que debería considerar el proyecto antiabusos, según los especialistas.

Esto porque la reforma de 2016 le dio a la FNE suficientes atribuciones, con resultados que han sido adecuados “La reforma ha tenido efectos concretos en materia de fusiones, con el establecimiento del sistema de control preventivo obligatorio. Por otro lado, se han publicado cinco estudios de mercado y la FNE presentó el primer requerimiento por incumplimiento al deber de informar participaciones minoritarias”, dice Carolina Bawlitza, counsel del área de Libre Competencia en DLA Piper Chile.

Por eso advierten que las medidas de la agenda anunciada por Piñera podrían aumentar el trabajo de la FNE.

“Hay que ser muy cuidadoso con su regulación para que no se afecte el trabajo de la FNE”, advierte Jorge Grunberg, de Grunberg Puyol, uno de los arquitectos de la reforma de 2016. Es que la propuesta podría acarrear un doble costo. Primero, esta incluye una recompensa, lo que puede llevar a un aumento importante de las denuncias y, por lo mismo, más carga laboral para el organismo que hoy lidera Ricardo Riesco. “Los recursos que hoy se destinan a investigar carteles tendrán que también emplearse para analizar las denuncias”, advierte. El segundo costo sería de reputación. “Como es altamente probable que se presenten denuncias que no prosperen, se podrían generar falsas expectativas acerca de la política de recompensas”, añade.

Aunque no todos coinciden. Jaime Barahona, abogado de Guerrero Olivos, cree que antes que tener más facultades, la fiscalía debería mejorar la eficiencia en los procesos que ya tiene. Para esto, hay elementos de gestión interna que podrían ayudar como interactuar más con las empresas para aclarar los requerimientos de información o usar datos ya recolectados en casos anteriores.

Un aumento de la morosidad y el retraso en la entrega de las órdenes de compra son algunos de los problemas que han aumentado para las pymes del país tras lo acontecido desde octubre de 2019. Lo anterior forma parte de la percepción entregada por un estudios de las 24 firmas que integran la Asociación de Empresas de Factoring de Chile (EFA), en la que además se da cuenta de cuáles están siendo las principales adversidades que están enfrentando por estos días las pequeñas y medianas empresas.

Andrés Hortal, vicepresidente de EFA, destacó que mientras en el último mes de 2019 el 41,7% de los socios señaló que percibía un incremento en el nivel de mora entre la pyme, en enero dicho porcentaje pasó a 56,3%. “Ello da cuenta del impacto directo que ha tenido el estallido social entre las empresas de menor tamaño, que en un número importante no han podido realizar sus ventas de manera normal o no han estado en condiciones de hacerlo”, explicó.

En cuanto a los principales problemas que declaran tener los clientes de los factoring, Hortal añade que “dado que la baja actividad ha afectado las ventas, los mandantes están demorando la emisión de las órdenes de compra lo que les impide facturar”.

La baja de la actividad en el país también se ha evidenciado en las empresas que ofrecen servicios de factoring. Un número mayoritario de empresas socias de EFA (76.5%) ha evidenciado una importante baja en los flujos de actividad y en sus operaciones diarias reflejado en la cantidad de facturas que reciben para otorgar financiamiento a las pymes.